El FMI exige a España nuevos ajustes y una reforma laboral «más radical»

A juicio del organismo internacional, «el saneamiento de la economía española está incompleto y los riesgos son considerables» por lo que lejos de relajar el impulso reformista, España debe «seguir reforzando la consolidación fiscal, completar la reestructuración del sector financiero, fortalecer con ambición las reformas del mercado laboral, y continuar con la agenda de reformas estructurales».

Pero junto a estas recomendaciones genéricas, el Fondo Monetario da unas recetas muy concretas.

En el ámbito laboral, pide una reforma «más ambiciosa» y «más radical» para introducir flexibilidad en la empresa. Advierte que el coste del despido, pese a la reforma del año pasado, sigue siendo muy alto en España y debería continuar rebajándose al menos hasta llegar a los niveles medios de la UE. A su juicio, el coste actual supone un factor disuasorio para la contratación indefinida.

Pide, además, que los salarios dejen de ligarse a la inflación y se ajusten a las condiciones específicas de cada empresa.

En el ámbito de las finanzas públicas, reconoce que está en marcha un ambicioso programa de consolidación fiscal. Advierte, no obstante, que pueden ser necesarias medidas de ajuste adicionales ya este año para reducir el déficit público al 6% del PIB, si se materializan los riesgos a corto plazo. Y el principal riesgo es, a su juicio, que «algunos gobiernos regionales pueden volver a incumplir sus objetivos» como ya hicieron en 2010. «Esto deber ser evitado», alertan los expertos del FMI.

Pero si las medidas de ajustes adicionales son una posibilidad en este ejercicio, para el próximo trienio son una necesidad. «Los objetivos de déficit fiscal a medio plazo del Gobierno son apropiados, pero requieren una implementación fuerte», avisa. En concreto, cifra estas medidas de ajuste adicional de aquí a 2014 en dos puntos del PIB, o lo que es lo mismo, unos 20.000 millones de euros. Y las medidas deberán empezar a incluirse ya en los Presupuestos de 2012.

Junto a estas iniciativas de ajuste que inciden directamente en el déficit, el Fondo apuesta por las privatizaciones para asegurar la reducción del montante de deuda pública.

El organismo considera adecuada la reforma de las pensiones que se está tramitando en el Congreso, pero afirma que el proyecto debe ser rápidamente aprobado y aplicado y que sería ideal reforzarlo en algunas áreas. En concreto propone hacer más automática la cláusula de sostenibilidad, que permite adaptar el sistema a las condiciones de empleo y a la pirámide poblacional de cada momento.

Y como ya viene siendo habitual en todo informe económico que se precie, las comunidades autónomas merecen un capítulo especial. Alerta el FMI que si bien los estándares de transparencia del Gobierno central son fuertes y la información que da el Banco de España sobre la deuda de todas las administraciones es exhaustiva, la transparencia de «las cuentas subnacionales» (autonomías y entidades locales) tiene amplio margen de maniobra. En concreto, y al igual que ha pedido el Banco de España, el Fondo considera que las autonomías deberían hacer públicas sus cuentas con la misma asiduidad que el gobierno central (una vez al mes). Y un objetivo inmediato debería ser publicar trimestralmente informes con las cuentas autonómicas siguiendo criterios de caja y de contabilidad nacional. Desde finales del pasado año, el Gobierno central ha empezado a hacer públicas los datos trimestrales de las autonomías, pero solo utilizando criterios de caja.

Por último, apunta que los planes de reequilibrio, que las comunidades deben presentar cuando incumplen sus objetivos de déficit, deberían ser finalizados más rápidamente y ser publicados. Pide además, al Ejecutivo, que aplique estrictamente las prohibiciones de endeudamiento cuando se incumplen los objetivos y que implante reglas de control del gasto en todas las administraciones.

Respecto al sector financiero, el Fondo considera que hay dudas en el mercado sobre si el sistema bancario español ha reconocido plenamente las pérdidas relacionadas con el sector inmobiliario. Ante esta situación urge a una reestructuración rápida del sector y advierte que los bancos débiles que no sean claramente viables deben ser «resueltos rápidamente». Y el FROB debe quedar como último recurso y suministrar fondos en condiciones de mercado. Pide también más transparencia y reducir el número de miembros independientes en la junta directiva de las cajas.

En este escenario, el bajo crecimiento económico y las dificultades de financiación son los principales riesgos para la economía española, a juicio del Fondo.

Para la vicepresidenta Salgado el informe hace una valoración muy positiva de la actuación del Gobierno.