Los Presupuestos de 2021 no tendrán la prometida bajada fiscal a las pymes

Esta medida hubiera beneficiado a 349.000 compañías, según los cálculos previos a la pandemia, con una merma de ingresos de 260 millones de euros. Sin embargo, ante el impacto de la crisis sobre los balances de las pymes, Hacienda estima que bastantes menos compañías tendrán beneficios en un 2020 demoledor para la actividad económica, por lo que su efecto sería menor.

Esta medida era una exigencia de Podemos, que la tenía en su programa electoral y ya consiguió incluirla en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 que negoció entonces también con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, entonces el Congreso de los Diputados rechazó el proyecto de cuentas, precipitando el primero de los adelantos electorales . Y finalmente esta rebaja fiscal no vendrá en este nuevo proyecto de cuentas.

Como fuere, la negociación aún no ha terminado, aunque está avanzada y próxima al apretón de manos. El Consejo de Ministros aprobará ya este martes el techo de gasto con la intención de tener listo el borrador de cuentas para la semana siguiente. En este sentido, como señalan fuentes de la negociación, Podemos ha renunciado a algunas de sus ambiciones en terreno fiscal para contar con un programa de gasto e inversión más expansivo, a cargo de los fondos europeos que España recibirá el próximo año.

Sin embargo, eso no quita para que las cuentas no incluyan algunos «ajustes», como los llamó María Jesús Montero. El gran aumento recaudatorio que contendrán las cuentas no vendrá tanto por la subida en el Impuesto de Sociedades a las grandes empresas –que pese a que pueda contener algún incrementos, irá más diluida y sin las medidas que mayor impacto suponen– sino por la supresion de bonificaciones, que en España suponen una pérdida de ingresos de 60.000 millones.

En este sentido, el informe de evaluación de bonificaciones de la Autoridad Fiscal es la referencia que manejan PSOE y Podemos. El Ejecutivo estudia eliminar el beneficio en el IRPF a la aportación de los planes de pensiones privados , como defiende el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. También está sobre la mesa eliminar la exención en el IVA a la Sanidad y la Educación privadas, aunque no está ni mucho menos decidido y podría no salir, ya que se recela del impacto que puede tener esta medida en plena crisis sanitaria. La propia Airef alertaba que «de levantarse la exención el mayor ingreso obtenido por el Estado en concepto de IVA, podría ser compensado por un mayor coste de la provisión del servicio por el sistema público».

Lo que sí defiende Podemos y se está negociando su inclusión es la subida del IRPF a los tramos más altos de renta, aunque aquí sí hay diferencias con Hacienda, partidaria de no llevarla o suavizarla afectando a los tramos a los que afecta por encima de los 130.000 euros de umbral negociado en 2019. Posturas que aún no coinciden, al igual que en el impuesto a las grandes fortunas, donde el Ministerio prefiere elevar la fiscalidad patrimonial en la reforma de la financiación autonómica y no con un nuevo tributo, si bien el pulso no está cerrado.

También se estudia elevar el gravamen de las bebidas azucaradas, como pretende el Ministerio de Consumo que comanda Alberto Garzón . La Airef recordaba que estos productos cuentan con un tipo reducido del 10%, frente al tipo general que se aplica «en la mayoría de los países», que en el caso de España, sería del 21%. Pero hay otra opción sobre la mesa. En su momento, el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, propuso en 2016 un impuesto nuevo que recaudara 200 millones de euros, si bien la idea no pasó del papel. La Generalitat de Cataluña aplica dicho impuesto desde 2017. También está en estudio una subida de IVA a la «comida basura», aunque no hay nada decidido al respecto aún.

Lo que parece que no incluirán los Presupuestos será la equiparación fiscal al diésel, un punto que el PSOEquiere incorporar pero no así Podemos. Eso sí, no se descarta que pueda ir mediante otra norma. En un momento en el que el parón de la actividad ha provocado un abaratamiento de los carburantes, el aumento de la presión fiscal a los combustibles fósiles tendrá menor percepción sobre el bolsillo del contribuyente. Pese a ello, las cuentas revisarán la fiscalidad medioambiental.