La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta semana en el Congreso - JAIME GARCÍA

El PP califica como «chantaje impropio de una democracia» el anuncio de Montero

Hacienda filtró anoche que repartirá 4.700 millones entre las comunidades autónomas antes de las elecciones del 10-N

Madrid Actualizado: Guardar
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La filtración del Ministerio de Hacienda al diario «El País» realizada anoche sobre que en los próximos días repartirá entre las comunidades autónomas los 4.700 millones de euros pendientes de las entregas a cuenta correspondientes a 2019 ha provocado numerosas reacciones entre la clase política. También ha causado indignación, ya que esta decisión se produce nada más convocarse las elecciones generales del 10-N y cuando hasta ahora la Abogacía del Estado afirmaba que un gobierno en funciones no podía realizar esos pagos.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado hoy al Gobierno de instrumentalizar las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña, tras la publicación de informaciones sobre los pasos que está dando el Gobierno para abonar partidas a las comunidades.

En una visita a Logroño a con motivo de las fiestas de la vendimia, Casado ha dicho que parece que «ahora» el Ejecutivo en funciones «sí que quiere desbloquear la entrega a cuenta a las comunidades autónomas de miles de millones de euros. No es serio. A favor sí, pero hasta hace cuatro días era imposible por un informe de la Abogacía del Estado que lo hacía imposible», ha subrayado.

Para Casado, ahora parece que se puede «porque hay elecciones», lo que ha calificado de «un paso más en la instrumentalización muy negativa de las instituciones y los recursos públicos para hacer campaña, que no es admisible».

Igual que el CIS y TVE

Según el presidente del PP, el Ejecutivo «se ha hecho con el CIS, se ha hecho con la televisión publica y se ha hecho con los reales decretos y se amenaza con hacerlo con las pensiones, y ahora se hace con la entrega a cuenta para pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Se están cruzando líneas que nunca se había cruzado», ha asegurado.

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha reaccionado desde Argentina a la información que asegura que Hacienda desbloqueará próximamente el pago de las entregas a cuenta, 330 millones de euros en el caso de Galicia, tras haber hallado un resquicio legal tras confirmarse el escenario de nuevas elecciones. «Lamentablemente nos están tomando el pelo. Llevan tomándonos el pelo bastante tiempo y ahora nos van a seguir tomando el pelo pero un poco menos», ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico.

«Si no fuese porque es un tema serio, sería como para tomarse a broma esta broma de mal gusto que esta llevando el Gobierno de Pedro Sánchez», ha censurado. «Al principio, cuando empezamos a aflorar esta deuda, se decía que era un invento de la Xunta. Posteriormente, se acepta la deuda pero se decía que no se podía pagar. Posteriormente, se nos dice que había un informe de la Abogacía del Estado, que realmente no existía, que se hizo posteriormente», ha rememorado. «Después, se nos dijo que esto se resolvería en el mes de diciembre y, ahora, a las pocas horas de conocerse la nueva convocatoria electoral, dicen que van a pagar una parte y a dejar a deber otra parte», informa Pablo Pazos.

Y escribió en Twitter: «¡Qué vergüenza! Repitieron hasta la saciedad que pagar la deuda a las CC.AA. era totalmente imposible para el Gobierno... pero ahora con elecciones sí, claro. Mientras se ríen de todos, solo espero que busquen otro resquicio para pagarnos toda la deuda de 700 M€. No solo una parte».

Además, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tachado de «pitorreo» y «frívolo» este anuncio de Hacienda.

«Extorsión a los ciudadanos»

Desde el PP subrayan que España «no se merece el uso partidista del Gobierno de las instituciones del Estado». Afirman que el Gobierno de Sánchez ha sometido a las comunidades autónomas y a las entidades locales a «una presión y a un chantaje impropio de una democracia moderna. Bloquearon las transferencias que les debían a cambio de forzar un acuerdo de gobernabilidad que la decencia y la dignidad impedía. Buena prueba de que no había problemas para transferir los fondos (actualización de entregas a cuenta y liquidación IVA pendiente) es que ahora reconocen que se puede hacer aún siendo un Gobierno en funciones».

Pablo Casado, esta mañana en Logroño
Pablo Casado, esta mañana en Logroño - EFE

Añaden que «nunca un Gobierno había extorsionado de esta forma a los ciudadanos a través de las administraciones territoriales. Ahora, cuando las elecciones son inminentes, aceptan que no existe problema para pagar sus deudas. España no se merece este uso de las instituciones y de manipulación de la Hacienda del Estado. ¿En qué queda entonces el informe de la Abogacía del Estado que impedía hallar una respuesta? En suma, un aprovechamiento de la Administración para uso partidista del Gobierno».

Por último, añaden que «ahora pretenden resolver el asunto, lo que demuestra que han reaccionado tarde y mal, y que las excusas que utilizaban eran falsas. Había solución y se ha demostrado. Han mentido reiteradamente, y lo han hecho abusando de las instituciones y de los españoles. Toda vez que ahora aceptan qué hay solución, analizaremos las responsabilidades en que puedan haber incurrido por negar previamente esa solución».

Es «vergonzoso», según Díaz Ayuso

Para la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, «es vergonzoso ver cómo la izquierda está jugando con España utilizándola de moneda de cambio para los intereses particulares de Pedro Sánchez y su colchón en La Moncloa».

Desde la consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía afirman que la ministra de Hacienda «podría haber adoptado esta medida antes de la última convocatoria de elecciones. Una vez que no lo hizo, lo más adecuado habría sido convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera para clarificar que soluciones podrían plantearse y evitar generar incertidumbres y problemas de tesorería en el conjunto del sistema autonómico».

«Se demuestra que el sistema de financiación autonómica ha sido instrumentalizado según los intereses del Gobierno, y que la Abogacía del Estado ha sido utilizada como parapeto dentro de esta estrategia», subrayan las mismas fuentes. «Esperemos que los planes del Gobierno sean comunicados a los responsables autonómicos de Hacienda, que en el caso de Andalucía ha recibido la mayoría de la información a través de los medios de comunicación».

Y recuerdan que «esta actitud ha sido especialmente denunciable al provenir de una ministra que ha ejercido como consejera de Hacienda autonómica, con lo cual tiene la experiencia necesaria para conocer el daño que está provocando su errática gestión en el ámbito de la financiación autonómica». Por último apuntan que «aún queda pendiente conocer cuáles son los planes del Gobierno en cuanto al denomimado mes 13 de IVA, 513 millones de euros que per pertenecen a la comunidad», informa Romualdo Maestre.

«Maniobra electoralista»

El presidente del PP en Baleares y portavoz del grupo parlamentario, Biel Company, también habla en su cuenta de Twitter de «chantaje» por parte de Sánchez y Montero. «Dijeron que no podían pagar para forzar la investidura y ahora, que habrá elecciones, pagarán una parte», ha criticado al respecto Company, que reclama que a su comunidad se le abonen los 177 millones que le corresponden y no sólo una parte de ellos.

El presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, también del PP, habla de «otra maniobra electoralista de Sánchez» y se pregunta «qué ha cambiado» para que antes no se pudieran realizar los pagos y ahora sí. «Simplemente, que habrá elecciones y el PSOE pretende sacar rédito electoral de la asfixia a la que nos ha sometido».

El presidente de los populares en Aragón, Luis María Beamonte, acusa al Ejecutivo en funciones de haber «ahogado sin sentido a comunidades y ayuntamientos» y defiende que «no se puede ser tan irresponsable».

Su homóloga en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, considera una «vergüenza» que Sánchez vea ahora factible pagar una deuda que antes era «imposible» de pagar y reclama que se le abone la cantidad completa que se debe a esa comunidad, que cifra en 1.500 millones, informa José Luis Fernández.

Por su parte, el secretario de organización y diputado del PSPV-PSOE en Las Cortes valencianas, José Muñoz, ha afirmado que «la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha cumplido con los compromisos adquiridos con el president Ximo Puig». Mediante un comunicado, Muñoz ha explicado que esta decisión «permitirá que la tesorería de la Generalitat tenga un balón de oxígeno importante».