El posible efecto dominó del arbitraje de las renovables

Desde la primera demanda presentada en 2011 contra la reforma del sector llevada a cabo por el Gobierno de Zapatero hasta hoy, solo se han resuelto tres arbitrajes. Dos en Estocolmo, favorables a nuestro país, y uno en el Ciadi, el más reciente y favorable a los demandantes. Este tribunal condenó a España en mayo pasado a una multa de 128 millones de euros, más intereses, por los perjuicios que el recorte de primas provocó a tres plantas termosolares del fondo británico Eiser Infrastructure.

Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier (Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica), afirma que hay dos importantes matices que diferencia los dos laudos de la Corte de Estocolmo con el del Ciadi. «Por un lado, los casos de Estocolmo se referían a la reforma del sector aprobada por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero y el del Ciadi a la última reforma del PP. Por otro, y es lo más importante, el Gobierno de Zapatero compensó los tres años de recortes con otros cinco años manteniendo la retribución, es decir, que la compensación fue superior a los recortes. Sin embargo, el Gobierno de Rajoy no ha fijado ninguna compensación a sus elevadísimos recortes».

El conflicto de las renovables ha situado a España como uno de los tres países del mundo con más demandas presentadas en su contra. Y lo que es más importante, el Estado podría tener que hacer frente a unas indemnizaciones que sumarían 7.000 millones si el resto de arbitrajes dan la razón a los inversores. «Esto dejaría a nuestro país con una imagen lamentable», subraya Martínez-Aroca. Por su parte, el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha dicho públicamente que estas indemnizaciones no le preocupan ya que serán siempre inferiores al ahorro generado por la reforma del sector eléctrico, y por tanto, a los consumidores. También ha subrayado que «la reforma no fue a traición ni por sorpresa. Nadie puede decir que desconocía que el déficit del sistema se disparaba» hasta los 30.000 millones. El ministro suele repetir que los sobrecostes del sistema eléctrico por «decisiones políticas», como las elevada primas que se pagaban a las renovables, alcanzan los 10.500 millones.

Después del arbitraje del Ciadi que condena al Reino de España a una multa de 128 millones, el Gobierno ha aprobado una ley por la que el superávit del sistema eléctrico se utilizará para pagar tanto esa multa como otras futuras «aliviándose de esta forma la carga que supondría hacer frente a los mismos con cargo a los Presupuestos del Estado», según explicaba la enmienda presentada por el PP. Esta decisión no gustó en el sector ya que, tras doce años de déficit, el sistema había acumulado desde 2014 un superávit de unos 1.130 millones hasta 2016. «Utilizar el superávit del sector para pagar las indemnizaciones de los arbitrajes internacionales es lamentable. Emplean el ahorro del recorte a las renovables y la renta de los ciudadanos españoles para indemnizar a los inversores extranjeros», afirma el presidente de Anpier.

Por otra parte, en este conflicto se da la grave paradoja de que los inversores españoles no pueden de momento recuperar las inversiones realizadas en las plantas de renovables porque tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo han dado la razón al Gobierno, mientras que los inversores extranjeros en esas mismas plantas sí pueden recibir indemnizaciones gracias a los arbitrajes internacionales (a los que solo pueden acudir las entidades foráneas).

Esta situación fue denunciada por un grupo de afectados ante el Defensor del Pueblo, quien recomendó al Gobierno «adoptar las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía. Además, debe de establecer los mecanismos que se estime convenientes para compensar el sacrificio singular que el cambio retributivo implica para los inversores españoles».

Sobre los arbitrajes internacionales cabe destacar que son procesos lentísimos y que sus resoluciones son definitivas. En el caso del Ciadi, 27 de los 28 casos ya tienen designado el correspondiente tribunal, formado por un presidente y dos árbitros, uno elegido por cada parte. Los tres son de países distintos y dispares. Los costes del último arbitraje del Ciadi, el que dio la razón a la británica Eiser, ascendieron a casi 900.000 euros, de los que 255.000 correspondieron al presidente del tribunal, el norteamericano John Crook, 163.000 euros al árbitro búlgaro Alexandrov, que defendía al demandante, y 114.000 al neozelandés McLachlan, que defendía los intereses del Reino de España. La mayoría de las demandas presentadas ante el Ciadi están firmadas por empresas e inversores alemanes, seguidos a distancia por luxemburgueses y británicos. También hay inversores japoneses, portugueses, suecos, suizos, franceses y malteses.

Sus intereses son defendidos tanto por bufetes internacionales como españoles. El despacho Allen & Overy es el que se ocupa de más casos, como sucede con el de Gómez-Acebo & Pombo. También repiten Clifford Chance y King & Spalding, por parte extranjera, y Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y Pérez Llorca por parte nacional. El Reino de España recurre a la Abogacía del Estado para acudir a estos arbitrajes, aunque también contrata bufetes especializados en energía y derecho internacional.