Los planes de pensiones se podrán rescatar sin límite a los diez años

Este supuesto de liquidez ilimitada para aquellos planes con al menos diez años de antigüedad ya se contemplaba en la reforma fiscal de 2015, pero faltaba por desarrollarlo reglamentariamente. En 2025 se podrán hacer las primeras recuperaciones bajo este supuesto, en concreto de las aportaciones a los planes de pensiones hechas hasta el 31 de diciembre de 2015.

Ahora mismo, los planes de pensiones más allá de la jubilación o el fallecimiento, solo se pueden rescatar por situaciones de desempleo de larga duración o enfermedad, así como en caso de desahucio de la vivienda habitual.

Junto a ello, Economía reducirá el límite máximo de las comisiones medias de gestión de los planes del 1,5% actual al 1,25%. Si antes todos los fondos tenían un tope de coste de gestión del 1,5%, ahora pasan a tener tres umbrales máximos para las comisiones en función de la composición del plan.

Los fondos de pensiones de renta fija tendrán un tope del 0,85% anual, lo que afectará a los 20.000 millones de euros en ahorros que hay en este colectivo, en lo que supondría un ahorro estimado por el Ministerio de 67 millones. Los 49.000 millones de euros en fondos de renta fija mixta tendrán una comisión máxima del 1,3% mientras que los 37.000 millones que hay en fondos de pensiones de renta variable mixta –lo que incluye fondos garantizados– no enfrentarán cambio alguno y seguirán con un tope del 1,5%.

Desde el Ministerio de Economía señalan que el objetivo es hacer más atractivos los planes de pensiones para el público joven, además de fomentar la competitividad entre aseguradoras. Ya en 2014 el Ejecutivo rebajó la comisión media del 2% al 1,5%, sin que se observara un gran incremento en lo aportado a planes de pensiones.

El Gobierno anuncia esta reforma en plena campaña de Navidad de las aseguradoras y gestoras de fondos para captar traspasos y aportaciones y en un momento en el que la viabilidad del sistema de pensiones público está a debate, si bien fuentes de Economía desligan estos factores a la reforma de los planes. A cierre del pasado septiembre había 72.530 millones de euros en planes de pensiones individuales y 7,6 millones de partícipes. Si se suman los planes de pensiones de empleo, la cifra llegaba a final del tercer trimestre a los 109.244 millones y a los 9,6 millones de ahorradores.

Lo que no cambiará será el tratamiento fiscal por IRPF que tendrá el rescate de lo aportado en estos instrumentos de ahorro vitalicio. Donde sí se incluye otra reforma es en la comisión máxima de depósito de los planes, que pasa del 0,25% al 0,2%.

El Gobierno publica el proyecto de decreto para abrirlo a audiencia pública y recoger propuestas de enmienda , y posteriormente pedirá dictamen al Consejo de Estado. Fuentes de Economía creen que, siguiendo el calendario legislativo, el decreto se aprobará definitivamente en seis meses.

El sector privado, a través de las compañías de seguros y las gestoras, llevaba tiempo reclamando al Ejecutivo que definiese cuanto antes la letra pequeña de ese rescate de los planes con al menos diez años de antigüedad anunciada en 2015 para dar certidumbre, entre otras cosas, a sus políticas comerciales.

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfp) había previsto establecer un límite de 10.000 euros a esa recuperación de las aportaciones, aunque finalmente Economía ha optado por no poner topes. Aseguradoras y gestoras, consideraban razonable ese límite de 10.000 euros y piden en todo caso limitar los rescates, pues temen que se produzca una retirada masiva del dinero de los planes, lo que mermaría su negocio.

Ayer mismo, en una jornada sobre el futuro de las pensiones organizada por la Fundación Axa y "El Nuevo Lunes", el presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), Ángel Martínez-Aldama, advirtió de que la ausencia de límites puede poner en riesgo este modelo de ahorro finalista y recordó que una medida similar provocó en Reino Unido en su día una salida del 71 % de los depositantes y que seis de cada diez lo destinaran a amortizar su hipoteca o hacer reformas en la vivienda, en lugar de mantenerlo para la jubilación.

El sector privado insiste en dar un impulso al ahorro privado para la jubilación en el marco del Pacto de Toledo con medidas que lo fomenten. "Tenemos que volver a colocar las pensiones en la agenda política, porque ha desaparecido de ella", dijo ayer el consejero delegado de AXA España y presidente de la Fundación AXA, Jean-Paul Rignault.

Lo que reclama la industria financiera es, en primer lugar, informar a los ciudadanos por carta de cuál será su pensión futura , tal y como se comprometió el Gobierno en 2011, medida que todavía no ha cumplido. En su lugar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social lanzó un simulador web para calcularla. "No se adecúa a la realidad, con lo que tenemos una ilusión monetaria de las prestaciones futuras", criticó ayer Martínez-Aldama.

Además, aseguradoras y gestoras insisten en la necesidad de incentivar fiscalmente el ahorro privado finalista, y en este sentido piden revertir algunas de las últimas reformas, como la que obliga a integrar en la base de cotización las aportaciones a los planes de pensiones en las empresas.

De hecho, el gran objetivo que se ha fijado ahora el sector privado es que el Ejecutivo dé un impulso a los planes privados en el ámbito de la empresa estableciendo un sistema de adscripción por defecto o cuasi obligatoria para los trabajadores, como existe en países como Reino Unido, con aportaciones mixtas de empresas y empleados e incentivos tributarios.

Aseguradoras y gestoras privadas insisten en desvincular esta petición de su interés comercial y dibujan un futuro poco halagüeño para el sistema público de pensiones en cuanto a su generosidad, en gran parte por el envejecimiento de la población.

Las proyecciones de la Comisión Europea para España, elaboradas junto al Gobierno, auguran que la tasa de sustitución del sistema –porcentaje de la pensión pública respecto del último salario– bajará en 2030 del 80% actual al 58,2%, y en 2060 al 49,7% del último sueldo bruto. Es decir, los españoles recibirán del Estado al jubilarse menos de la mitad de su salario.