El permiso por lactancia pasará de 15 a 17 días y lo pagarán las mutuas

La situación va a cambiar, a mejor. El Congreso debate una proposición de ley a propuesta del PSOE para garantizar la igualdad de trabajo y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación que modificará la legislación laboral. Hay consenso de los grupos en aumentar el periodo de disfrute del cuidado del lactante en tres meses , desde los 9 meses actuales hasta el año. En este caso no se permitiría a los padres ausentarse una hora del puesto de trabajo, solo media, el equivalente a 2,5 días laborales y la condición para el disfrute de esta ampliación de la baja sería que ambos progenitores estuvieran trabajando. Así, la madre o el padre que opte por acumular las horas en días enteros tendrá derecho a 17 días frente los 15 actuales.

La factura de elevar el periodo de lactancia en tres meses tendrá un coste cercano a los 65 millones de euros que, según Amat, la patronal de las mutuas de accidentes que tendrá que correr con el grueso de los gastos. La excepción será el porcentaje de cotización de la prestación que tendrá que sufragar la empresa.

Así, de los casi 65 millones, 42,2 será el coste de la prestación y 8,9 el de gestión y ambas partidas correrán a cargo de las mutuas. Los restantes 13,5 millones serán la factura para la empresa en concepto de cotizaciones sociales (ver gráfico adjunto). Para determinar el número de casos de la nueva prestación por lactancia las mutuas han tenido en cuenta el número de procesos por maternidad contributiva que se produjeron durante 2017. Y para el cálculo del coste empresarial las cotizaciones por contingencias comunes equivalentes al 29,90% más la cotización media por contingencias profesionales equivalente al 2,24%. El coste de gestión se ha estimado incorporando la gestión por expediente, que es de aproximadamente dos horas con un coste estimado de 16,72 euros por hora.

El nuevo esfuerzo económico para la lactancia no ha sentado muy bien a las mutuas, unas entidades que gestionan en torno a 12.000 millones de fondos públicos, más del 1% del PIB . En los últimos años, estas cantidades han superado en cada ejercicio el coste de las prestaciones gracias a la buena gestión que realizan estas agrupaciones de empresarios sin ánimo de lucro. Y los excedentes, una vez cubiertas las reservas, han sido devueltos cada ejercicio al sistema de pensiones. Así, la gestión realizada por estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social ha permitido ingresar en la caja del sistema casi 13.000 millones desde 1997.

La delicada situación por la que atraviesan las cuentas de la Seguridad Social desde que estalló la crisis llevó al Gobierno del PP a ingeniar fórmulas para inyectar recursos extra al sistema. Aprovechó la ley de mutuas de 2014 para recortar las reservas que estas asociaciones de empresarios acumulaban sin límite gracias a los excedentes de cotizaciones que logran con la gestión de la bajas laborales y accidentes de trabajo. La ley de mutuas que rige estas aportaciones volvió a la situación anterior a 2011, año en el que el equipo socialista de Octavio Granado, que entonces también gestionaba la Seguridad Social, eliminó los topes de reservas que podían acumular las mutuas, lo que permitió a estas entidades sumar reservas de hasta 3.000 millones. Desde que se aprobó la ley las cotizaciones sobrantes no están paradas y vuelven a la caja común en un momento en el que el sistema necesita liquidez.

En definitiva será la Seguridad Social la que corra con el aumento del permiso por lactancia en un momento en el que el sistema no es capaz de pagar la factura de las pensiones. Como ya informó ABC el sistema cerrará este año con un déficit superior a 19.000 millones , casi 4.000 millones más que en 2017 e incumplir la rebaja del desequilibrio prevista. La previsión inicial era que, subiendo un 0,25% las pensiones, el déficit del sistema se redujera del 1,6% al 1,4% este año (de 18.800 millones a 17.300 millones), lo que permitiría rebajar el desvío desde los 18.800 millones de 2017 a algo más de 17.300 millones. La presión del gasto elevará el déficit a final de año en dos o tres décimas, hasta el 1,8% o el 1,9% del PIB.