La UE da carpetazo definitivo al español en la patente comunitaria

Esta aprobación, la segunda tal y como manda el procedimiento comunitario tras el paso del texto por el Parlamento Europeo, se produce pese a la batalla dada por España e Italia en defensa de sus lenguas respectivas. Ahora es de nuevo la Comisión Europea quien tendrá que presentar dos propuestas, una sobre el régimen lingüístico y otra sobre la patente única.

Europa ha intentado crear un sistema de patente única durante años, de lo que da prueba que el Ejecutivo comunitario ha presentado propuestas en 2000, 2009 y 2010, y siempre se ha encontrado con el obstáculo del régimen lingüístico, cuestión especialmente sensible para algunos países, como es el caso de España. En la actualidad las patentes nacionales coexisten con un sistema de patente europea y, de hecho, obliga a los inversores a escoger los países en los que desean proteger sus productos.

Según datos de la Comisión Europea una patente europea validada en 13 países cuesta en torno a 18.000 euros, de los que casi 10.000 son costes de traducción, frente a los 1.850 euros que cuesta en Estados Unidos. El nuevo sistema pretende facilitar los procedimientos y reducir los costes necesarios para obtener una patente en Europa ya que, según Bruselas, garantizará el mismo acceso a todos los inventores de la Unión Europea, facilitará la resolución de litigios y mejorará las condiciones para las empresas innovadoras con la supresión de las fronteras nacionales.

Una de las bazas con las que cuentan España e Italia en esta batalla, que aún no ha acabado, es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de hace unos días en las que declaraba incompatible con el derecho comunitario el sistema judicial incluido en el esquema de la futura patente que prevé la creación de un tribunal específico para los litigios sobre patentes. La Comisión Europea aseguró que este fallo es independiente de la creación de la patente misma, ya que sólo se refiere a la cuestión del tribunal especial.

En cualquier caso España, a través del Secretario de Estado para la Unión Europea, Diego López Garrido, ha anunciado esta mañana que el Gobierno recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el acuerdo de hoy de avanzar sin España ni Italia mediante el procedimiento comunitario de “cooperación reforzada”. El argumento del Gobierno es que la nueva patente es contraria al mercado interior, a los derechos de los ciudadanos europeos y al principio de no discriminación.