El parlamento más fragmentado lleva al Pacto de Toledo a una situación límite

El partido que lidera Santiago Abascal propone la creación de un sistema de capitalización —opuesto al actual de reparto— y durante la pasada campaña fueron varios los mensajes que lanzó el grupo cuestionando la utilidad del Pacto. El portavoz de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxade , se resiste ahora a dar por muerta una comisión que en 2020 cumplirá 25 años, pero sí pone condiciones que dan practicamente por imposible el consenso. «Vivimos una situación de emergencia en materia de pensiones y el marco adecuado para abordarla es el Congreso», asevera, aunque apuntuntilla: «Decir que se va a mantener el sistema de pensiones y que además que se va a reforzar el Estado de las autonomías es mentir a los españoles».

«Nosotros participaremos en el Pacto de Toledo siempre que no se propongan medidas de maquillaje o se busque con ello conseguir votos. Pero no vamos a aceptar falsos consensos, ni tampoco una bajada de las pensiones a las que tienen derecho los españoles. Vox va a decir siempre que no a que se recorten las pensiones», advierte el europarlamentario Buxade.

Lo cierto es que la inestabilidad política que vive España ha hecho que durante los últimos años los grupos políticos hayan estado pasándose la patata caliente del envejecimiento de la población sin llegar a ningún acuerdo, a excepción de la revalorización del IPC aprobada en 2018 . También el pasado mes de febrero el acuerdo en el Pacto de Toledo llegó a ser calificado de inminente, pero saltó finalmente por los aires por la convocatoria electoral que supuso el fracaso parlamentario de los Presupuestos presentados por Pedro Sánchez. La crispación había calado ya en los trabajos, pero ante la llamada a las urnas fue Podemos quien rompió definitivamente la baraja.

La congelación de las pensiones por parte del Gobierno de Sánchez el pasado Consejo de Ministros y el aplazamiento de la revalorización hasta después de la investidura (ver información adjunta) no ha hecho sino añadir más leña al fuego. «Sánchez ha condicionado caprichosamente la subida de las pensiones a la formación de Gobierno con la intención de presionar a sus socios para que le hagan presidente. Es muy grave la utilización política de todas las instituciones», asevera José Ignacio Echániz , portavoz adjunto de los populares en el Congreso, y llama a restaurar el espíritu con el que se creó el Pacto de Toledo.

«Para el Partido Popular es una comisión importantísima porque aborda un problema nuclear para España y los españoles», continúa Echániz, al tiempo que recuerda que ya el pasado mes de agosto, tras más de cien días de gobierno en funciones y con la comisión aún paralizada, el PP registró ante la Mesa del Congreso un escrito en el que reclamó su constitución para poder retomar la reforma del sistema, aunque no llegó a ponerse en marcha.

«El problema es que la comisión se ha polarizado por los populismos. Y hay que tener claro que solo existen dos vías para solucionar el problema, la parlamentaria o la gubernamental. La vía gubernamental es la que puede desarrollar el Ejecutivo tomando decisiones en virtud de su capacidad política. Y la parlamentaria, la clásica desde el año 95, que es la comisión Pacto de Toledo. La primera es unilateral y la segunda consensuada y de mayor alcance, al ser una política de luces largas que debe permanecer a lo largo de las legislaturas y los gobiernos», explica Echániz. «El PP, tanto en gobierno como en la oposición, ha sido leal con esta comisión, ha participado activamente y responsablemente en la redacción de las recomendaciones y cuando ha sido gobierno las ha puesto en marcha», concluye.

La debilidad política del Gobierno que pueda formar Pedro Sánchez es otro de los escollos a los que se enfrenta la comisión. «El PSOE ha adoptado también una posición muy populista al basar sus propuestas en la financiación del déficit del sistema vía impuestos o Presupuestos Generales del Estado», asegura Sergio del Campo , exdiputado de Ciudadanos y portavoz adjunto del grupo en la comisión que rozó con la yema de sus dedos el acuerdo. «La propuesta del PSOE no tiene en cuenta muchos factores externos y deja a un lado la sostenibilidad del sistema. Veo muy complicado un futuro acuerdo por una cuestión de extremos y populismos y por la politización de la comisión. Para llegar a un acuerdo justo, que reparta el peso de los costes, se debe hacer un trabajo de cirujano y tener claro que cuando nos sentamos en esa mesa nos quitamos la camiseta de nuestros partidos para buscar el bien común», reflexiona Del Campo.

La clave ahora está en si los trabajos prosiguen a partir del último documento que se redactó y para el que todos los grupos tuvieron que hacer sus concesiones y alejarse de sus programas. Porque ese es el objetivo con el que nació en 1995 la comisión del Pacto de Toledo, separar de la política un trabajo espinoso y repartir, gracias al consenso, el coste electoral de unas decisiones que pueden no gustar a los ciudadanos, pero que son necesarias para el futuro del país.

Las propuestas de Vox, sin embargo, suponen una enmienda a la totalidad al documento de 21 recomendaciones que dejó el anterior grupo de trabajo y que incluían la ampliación del periodo de cómputo a toda la vida laboral, el objetivo de cerrar el déficit de la Seguridad Social en el 2025, acercar la edad real de jubilación a la legal y fomentar los planes de pensiones de empresa. Buxade, sin embargo, asegura que las vías de trabajo deben ser otras: «Hay que abordar con urgencia dos asuntos. Por un lado, la baja natalidad, ya que es el eje del problema y ningún partido está proponiendo medidas para impulsarla. Y por el otro, la inmigración ilegal. Los inmigrantes que lleguen a España deben hacerlo con un contrato de trabajo. Es la única manera de favorecer al equilibrio entre los ingresos y los pagos que soporta del sistema».

Lo cierto es que la cuentra atrás para poner sobre la mesa alternativas que aseguren la financiación y sostenibilidad del sistema público de pensiones —para el que este año había presupuestados 153.864 millones, un 6,2% más—, hace tiempo que comenzó a correr. El desfase entre los ingresos y gastos de la Seguridad Social, lejos de reducirse, sigue aumentando año a año. La subida general del 1,6% y del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas aplicadas en 2018 y este año han elevado la factura de las jubilaciones a cifras desconocidas, y el déficit del sistema público amenaza con escalar, de nuevo, hasta cantidades históricas .