El Parlamento balear valida el decreto ley que protege el 15% del suelo rústico de Mallorca

En el pleno celebrado esta mañana se han posicionado a favor de la validación del citado decreto ley el PSOE, Unidas Podemos, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca y Gent per Formentera , sumando 32 votos afirmativos en total, mientras que se han mostrado en contra el PP, Cs, Vox y el partido nacionalista de centro Proposta per les Illes (PI) , que han sumado 26 votos negativos. A continuación, las formaciones progresistas de la Cámara han concertado de nuevo sus votos para evitar que ese decreto pudiera ser tramitado como un proyecto de ley. De ese modo, el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol no ha visto alterada en esta ocasión su hoja de ruta legislativa , a diferencia de lo que ocurrió hace apenas dos semanas, cuando sufrió un revés parlamentario con otro decreto ley de carácter económico.

Cabe recordar que en el pleno celebrado el pasado 2 de junio el Govern perdió una de las dos votaciones que se hicieron vinculadas al decreto ley 8/2020, de 13 de mayo, de medidas urgentes y extraordinarias para paliar los efectos de la crisis ocasionada por el Covid-19. Así, si bien Armengol ganó la votación que suponía la validación de ese primer decreto ley, a continuación no consiguió los votos necesarios para impedir que se tramitase como proyecto de ley, lo que abrió la puerta a la posible presentación de enmiendas. Armengol perdió esa segunda votación porque los dos diputados de MÉS per Menorca y el diputado de IU vinculado a Unidas Podemos se desmarcaron del Govern y votaron junto con la oposición, al considerar que ese decreto ley para la recuperación económica contenía aspectos perjudiciales para la conservación del medio ambiente.

Por lo que respecta al decreto ley validado este martes, la preservación de suelo rústico que contempla en Mallorca será posible porque esta nueva norma prohíbe la construcción de nuevas viviendas unifamiliares en terrenos incluidos en Áreas de Prevención de Riesgos , es decir, en zonas de riesgo de inundación, incendio, erosión o desprendimiento. Esa medida se justifica, según el Govern, en «la necesidad de adaptar el territorio a la emergencia climática actual y más teniendo en cuenta los últimos episodios extremos que ha sufrido la Comunidad y que, según el amplio consenso de la comunidad científica, se van a convertir en cada vez más habituales».

Cabe recordar, en ese sentido, las inundaciones sufridas por el municipio mallorquín de Sant Llorenç des Cardassar y varias localidades cercanas el 9 de octubre de 2018, que dejaron un trágico balance de 13 víctimas mortales. El suceso ocurrió poco después de que se desbordase a última hora de la tarde de aquel día el torrente que atraviesa Sant Llorenç, debido a las fortísimas lluvias caídas sin parar durante varias horas en el pueblo.

A un nivel más global, el principal objetivo de este nuevo decreto ley es «establecer medidas de protección y conservación de los valores ambientales, paisajísticos y urbanos del territorio de las Islas Baleares, dirigidas a contener el crecimiento de la nueva urbanización y reforzar la protección del suelo rústico , con la finalidad de asegurar la rehabilitación y recuperación de este patrimonio». El texto también contempla medidas específicas de ahorro de agua. Así, en el artículo séptimo se indica que «el uso de vivienda unifamiliar en suelo rústico no puede dar lugar a la construcción de más de una piscina por finca» . Además, la lámina de espejo de agua de esa piscina no podrá ser de más de 35 metros cuadrados, mientras que su volumen no podrá sobrepasar los 60 metros cúbicos.

El decreto ley recién validado establece una moratoria de autorizaciones y licencias de urbanización sólo para los suelos clasificados como urbanos o urbanizables en los que no se haya actuado en las últimas décadas. Se estima que hoy se encontrarían en esa situación, en el conjunto de Baleares, unas 600 hectáreas en total. La citada moratoria limitada empezará este mes de junio y se prolongará hasta el 31 de diciembre de 2021. En ese periodo de tiempo, los consells insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, así como el Ayuntamiento de Palma, deberán revisar sus planteamientos urbanísticos actualmente en vigor para estudiar la posible reclasificación de esos terrenos urbanos o urbanizables concretos, ya sea para pasarlos a rústicos o para mantener su condición actual.

En caso de que, una vez superada la fecha del 31 de diciembre de 2021, los consells insulares o el Ayuntamiento de Palma no hayan aprobado la actualización de sus respectivas ordenaciones urbanísticas, será el Govern el que asuma esa tarea por subrogación. A partir de entonces, el Ejecutivo balear dispondrá de un año para llevar a cabo esa labor, hasta el 31 de diciembre de 2022, periodo de tiempo en el que se mantendrá la moratoria en la concesión de autorizaciones y licencias de urbanización.

Desde la oposición parlamentaria, el nuevo decreto ley ha sido criticado por el PP, Cs, Vox y el PI , que esencialmente coinciden en denunciar que generará inseguridad jurídica, perjudicará a los pequeños propietarios y a los payeses, y afectará negativamente a la economía.