El pacto PSOE-Podemos abre la puerta a imponer peajes en las autovías

Eso sí, el Gobierno pretende que esta decisión sea apoyada por otros partidos políticos, lo que permitiría amortiguar su coste político. «Para la definición de un nuevo modelo a largo plazo, el Gobierno, como ya ha dicho, buscará articular el mayor consenso entre partidos y administraciones: un Pacto de Estado. Pues ese modelo debe tener un horizonte temporal superior al de un gobierno y aplicarse de forma coherente en todas las redes de carreteras de España: las estatales y las de otras administraciones. Además debe ser coherente con los principios establecidos a nivel europeo», explican desde el Ministerio de Fomento .

No se trata de una iniciativa nueva. Durante la pasada legislatura, el Ejecutivo ya trató de crear una subcomisión en el Congreso de los Diputados que permitiera abordar el desafío de la sostenibilidad de la red de alta capacidad. Los planes del Gobierno ya pasaban entonces por plantear un pacto de Estado en esta materia que fuera suscrito por varios grupos. Finalmente, esta iniciativa quedó en barbecho por la convocatoria de las elecciones generales.

El pasado mes de agosto, el asunto volvió a la palestra. El ministro de Fomento , José Luis Ábalos, dejó caer que el Ejecutivo estudiaba la implantación de un peaje «blando» en las autovías. El anuncio generó un gran rechazo entre los conductores y transportistas, por lo que el propio Ábalos moderó días más tarde sus palabras, destacando que simplemente se había «planteado un debate» sobre la financiación de estas carreteras y que todavía no había ninguna decisión al respecto.

Ahora, el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos abunda en esta posibilidad. De hecho, la «revisión» de los peajes de la red de alta capacidad es una de las pocas novedades que incluye este documento respecto al acuerdo presupuestario al que llegaron ambas formaciones en octubre de 2018. La imposición de nuevos peajes es por tanto una de las soluciones que están sobre la mesa para aliviar el déficit de mantenimiento de la red de alta capacidad, que según advirtió el propio secretario de Estado de Infraestructuras, Julián López Milla, en el XI Encuentro del Sector de las Infraestructuras, organizado por ABC en abril, alcanza los 2.000 millones de euros.

La patronal de las grandes concesionarias y constructoras (Seopan) lleva años reclamando que España armonice su sistema con el del resto de Europa. La organización considera que el sistema actual representa un lastre para España, porque mientras los camiones nacionales tienen que pagar una tasa en la mayoría de países europeos por circular, los extranjeros pueden utilizar la red de alta capacidad española sin coste alguno.

Según sus cálculos, un total de 23 países del Viejo Continente tienen el 100% de su red tarificada y otros cuatro lo tienen parcialmente. España, por contra, contaría con el menor porcentaje de vías tarificadas de toda Europa, el 18%. Lo cierto es que cada Estado comunitario ha optado por un sistema distinto para garantizar el mantenimiento de sus autovías. Uno de los más extendidos es el sistema de la euroviñeta, que supone el pago anual por los vehículos pesados de un canon a cambio de circular por toda la red de alta capacidad. También se ha fomentado, en países como Portugal, el pago de peajes según el uso.

En España se han planteado varias fórmulas. Seopan ha abogado por imponer peajes dinámicos en los accesos a Madrid y Barcelona. Una medida en la que se combinarían los carriles gratuitos con los de pago y con la que el Estado podría recaudar hasta 113.000 millones de euros en un periodo de 25 años. Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos planteó a finales de octubre la opción de imponer el pago por uso en todas las autovías (que también apoya Seopan) para garantizar el mantenimiento de estas infraestructuras.

En el lado de la Administración, ha sido Cataluña la que ha planteado la opción de aplicar la euroviñeta. Ayer mismo, el consejero de Territorio de la Generalitat, Damià Calvet, consideró en una entrevista con Catalunya Ràdio que el fin del peaje en la AP-7 entre Tarragona y Alicante y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz puede suponer una oportunidad para aplicar este sistema.

Pero esta propuesta también encuenta con importantes detractores. Al rechazo de los usuarios -especialmente los que proceden de de territorios en los que ya se aplican fuertes peajes - se ha sumado el de los transportistas, que consideran que este sistema representa en la práctica un impuesto encubierto al sector.

Curiosamente, la búsqueda de alternativas para financiar el mantenimiento de la red de alta capacidad se produce mientras el Gobierno levanta barreras en autopistas de peaje. El Ministerio de Fomento ha decidido no renovar las concesiones de las autopistas de peaje que venzan próximamente, lo que ha provocado que la AP-4 y la AP-7 pasen a ser gratuitas desde el pasado 1 de enero.

Respecto a este asunto, desde el Ministerio de Fomento reconocen que a corto plazo seguirán «eliminando los peajes de las concesiones que van venciendo, reduciendo de esta manera los desequilibrios territoriales e injusticias del sistema ». La primera afectada por esta medida fue la AP-1, ahora se han liberalizado la AP-4 y a la AP-7 entre Tarragona y Alicante y en 2021 vencerá la concesión de la AP-2 y otros dos tramos de la AP-7.