Un trabajador germano en una acerería
Un trabajador germano en una acerería - REUTERS

«Pacto del acero» en la industria automotriz alemana

Seis fabricantes germanos de coches y componentes, investigados por posible fijación de precios

BERLÍNActualizado:

Las autoridades alemanas de competencia –la agencia federal conocida como Bundeskartellamt– sospecha que los principales fabricantes de coches y de componentes alemanes han pactado los precios máximos a pagar por el acero usado en sus fabricas. Lo ha informado el diario «Schwäbische Zeitung» indicando que el pasado 23 de junio agentes de la policía y de la brigada de investigación criminal registraron los despachos de seis compañías, entre ellas Daimler, Volkswagen, BMW, Robert Bosch y ZF Friedrichshafen. Daimler, Volkswagen y ZF Friedrichshafen han confirmado la información del rotativo, mientras que General Motors ha negado que Opel esté siendo investigada.

Un coche utiliza una media de casi mil kilos de acero, por lo que ambos sectores trabajan estrechamente: los fabricantes de coches realizan gigantescas compras a la industria siderúrgica con años de antelación, por lo que un pacto de precios tendría un impacto económico considerable.

Según la federación alemana del acero, la industria automovilística de este país compró en 2015 la cuarta parte de su producción, unos 37.800 millones de euros. Lo anterior, a pesar del aumento en el uso de fibra de carbono que disminuye el peso del coche, el consumo y la emisión de gases contaminantes.

El cartel estaría conformado por seis empresas de las que faltaría conocer una, los despachos de estas seis fueron registrados el 23 de junio. El resto de fabricantes pagaría más del máximo acordado por estas empresas por el acero comprado en Alemania.

Siguiendo las líneas de la Unión Europea, las autoridades alemanas podrían imponer una multa equivalente al 10% de la facturación de los fabricantes involucrados en este «Pacto del acero», proceso que podría tardar años. De momento el récord de sanción se lo llevaron empresas cementeras, que fueron condenadas a pagar 700 millones de euros, si bien la cantidad se acabó reduciendo a 400 millones