La oposición pide la dimisión de Montero y la apertura de una investigación al Gobierno por el 'caso Plus Ultra'

Por su parte, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado , también celebró la noticia en Twitter donde consideró el auto de la juez, Esperanza Collantes , como un «nuevo varapalo judicial a Sánchez». «Hoy, gracias al recurso del PP , el juzgado ha paralizado el rescate a Plus Ultra», aseguró el líder de la oposición.

En la misma red social, la líder de Ciudadanos , Inés Arrimadas , dejó su impronta apostillando que «el rescate a Plus Ultra con 53 millones de dinero público no tenía ningún sentido y por eso lo denunciamos en Europa y en el Tribunal de Cuentas. Ahora, la Justicia ordena suspenderlo. El Gobierno Sánchez debe asumir responsabilidades por este escándalo».

Más allá fue el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal , que pide la dimisión de la ministra de Hacienda (ministerio al que pertenece la SEPI) , María Jesús Montero , tras la suspensión cautelar del rescate. «Tiene que dimitir y, si no, ser cesada por Pedro Sánchez », abundó Bal.

El otro grupo que denunció el rescate en los Tribunales, Vox , también ha reaccionado al auto a través de su vicesecretaria jurídica, Marta Castro , que asegura que pedirá la comparecencia de la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez , como ya hizo con Ábalos. Asimismo señaló que «Plus Ultra ya con anterioridad podía estar en causa de concurso y hay que aclarar las vinculaciones societarias de los miembros del capital social de Plus Ultra con el régimen venezolano de Maduro. Seguiremos actuando en los juzgados».

Pero el Gobierno sigue defendiendo la condición de empresa estratégica para la economía española de la compañía. En este sentido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño aseguraba hoy que el Gobierno ha actuado, tanto en este caso como en el resto de rescates «con prudencia y responsabilidad». Asimismo ha querido calmar las aguas asegurando que lo que ha hecho el Juzgado es «dar cinco días a la empresa para que explique por qué sería preciso o imprescindible abordar este pago».

Sobre la misma cautelar, el juez de profesión y actual ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska ha estimado que «en un Estado de Derecho las resoluciones judiciales se conocen y se acatan y no hay ningún pronunciamiento que hacer al respecto».