La ofensiva de Montero para subir los impuestos a las grandes empresas siembra el pánico en las pyme

La sensación de riesgo del tejido empresarial doméstico a cuenta de la amenaza de nuevas medidas fiscales se incrementó de manera generalizada en 2021 respecto a 2020. El porcentaje de empresas que entienden que un incremento adicional de la presión fiscal tendría efectos negativos o muy negativos sobre el empleo se incrementó hasta el 85%, las que auguran que se traduciría en una caída de sus márgenes ya llegan al 87,5% y hay un 81% que advierten de que tendría efectos negativos o muy negativos tanto sobre su facturación como sobre la inversión empresarial, uno de los elementos clave para alimentar la recuperación económica.

Pese a no estar en el punto de mira de la ofensiva fiscal gubernamental esa sensación es mucho más acusada cuanto menor es el tamaño de las sociedades . Entre las mayores empresas del país –entendidas como las que tienen más de 250 empleados–, apenas el 40% augura efectos negativos sobre el empleo o sobre sus beneficios por mucho que el Gobierno les suba los impuestos. Entre las que tienen menos de 10 empleados, sin embargo, esa percepción alcanza a dos de cada tres.

La causa de los desvelos de las empresas españolas no es el tan traído Impuesto sobre Sociedades, que se ha convertido en el principal campo de acción del Gobierno en su cruzada por conseguir que las grandes empresas paguen más impuestos. Al tejido empresarial lo que le preocupa es que el Gobierno suba las cotizaciones que pagan las empresas.

Ese 'impuesto silencioso' sobre el empleo es visto como la figura tributaria que más sobrecarga los costes empresariales por el 83% de las empresas, seguido ya de lejos por el IVA (59%) y ya sí el Impuesto sobre Sociedades (42%). De hecho, cuando la Cámara de España pregunta a las empresas cuál es el medida fiscal que sería más necesario abordar tres de cada cuatro apuntan a una reducción de los costes de contratación (es decir, de las cotizaciones sociales).

«Es normal que las cotizaciones a la Seguridad Social y el IVA sean las figuras que más preocupan al tejido empresarial si se tiene en cuenta que España tiene un tejido empresarial compuesto en su mayoría por microempresas sin grandes beneficios que puedan ser gravados en Sociedades y intensivas en personal», explica Raúl Mínguez , director del Servicio de Estudios de la Cámara de España. «En ese segmento empresarial, una subida de las cotizaciones sociales tiene efectos inmediatos sobre las empresas y también sobre el empleo».

Los anuncios realizados por el Gobierno en los últimos meses justifican en este sentido la marcada inquietud que el tejido empresarial muestra en sus respuestas al Observatorio de Competitividad Empresarial . Ya no es solo que el Gobierno haya incluido una subida de las cotizaciones que pagan las empresas de medio punto para el periodo 2023-2032 en su reforma de las pensiones, sino que ya ha adelantado su intención de elevar las bases máximas de cotización a corto plazo para generar más recursos para el sistema de Seguridad Social, a costa lógicamente de detraerlos de los balances de las empresas.

El informe de la Cámara de España constituye desde este punto de vista un aviso de lo que el tejido empresarial vislumbra que puede ocurrir si esto finalmente se concreta: un aumento de la presión fiscal adelgazaría los beneficios de las empresas , sí, pero por el camino se traduciría también en menor creación de empleo y menos inversión.