Ofensiva de los consumidores para que Calviño intervenga las comisiones bancarias

Facua se ha dirigido tanto al ministro de Consumo, Alberto Garzón , como a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño , para exigirles que veten el cobro de comisiones a los usuarios vulnerables por retirar efectivo en la ventanilla de las sucursales cuando la utilización de los cajeros automáticos no sea una opción factible. Facua subraya que esta política de las entidades bancarias perjudica especialmente a los usuarios que, ya sea por sus características personales o por tener dificultades para utilizar las nuevas tecnologías, al final se ven «obligados a soportar gastos extra y comisiones que pueden llevarles a una situación de exclusión financiera».

Desde la OCU consideran que el cobro de cuantías adicionales por retirar dinero en ventanilla no procede por ser un servicio básico ya incluido en el mantenimiento de la cuenta. «No se debe cobrar a ningún consumidor por la retirada de efectivo porque lo que hace, en la práctica, es agrandar la exclusión financiera», explica el portavoz de la OCU , Enrique García, aunque admite que es difícil limitar las comisiones porque se trata de un «mercado libre» y, al mismo tiempo, ya existe una cierta regulación; el portavoz de la OCU ahonda en que el problema es la subida actual de muchas de ellas . «No se puede limitar el cobro a determinados servicios, pero las comisiones deben estar sujetas a transparencia y hay que recordar que los consumidores pueden optar por entidades que no cobran recargos», explica. «Sería bienvenido que se planificara una regulación específica con el objetivo de eliminar los problemas derivados de comisiones que lleven a la exclusión financiera» , añade.

La posición entre las asociaciones de usuarios financieros va en la misma línea. Asufin considera que sí que debería regularse que a los mayores, quienes sufren más la brecha digital, no se les pueda cobrar por sacar dinero en caja . «La transición digital tiene que ser justa para los mayores», indican desde la organización.

Adicae, por su parte, estima que la regulación de las comisiones bancarias es hoy más necesaria que nunca. «Es urgente abordar una regulación integral, completa y coherente de las comisiones bancarias en España, cuya práctica oscila entre el ‘dejar hacer’, la libertad absoluta que propugna el Banco de España y una serie de limitaciones morales, éticas, que el supervisor fija en sus criterios de buenas prácticas, poco más que un documento de buenas intenciones», critica, por su parte, el presidente de Adicae Manuel Pardos. «Debe abordarse desde la protección a los consumidores, que han sufrido un encarecimiento de entre un 80% y un 150% del precio que pagan por sus servicios bancarios», apostilla Pardos.

Es por todo ello, también, que el Banco de España se ha pronunciado sobre esta comisión concreta. « Si se generalizara su cobro podría ser una traba para algunos sectores de la población , como, por ejemplo, las personas mayores o poco familiarizadas con las tecnologías», dijo hace algunos días, para añadir que «las entidades deben poner a disposición de sus clientes al menos un medio gratuito, accesible y seguro, teniendo en cuenta las circunstancias particulares de cada colectivo, para que puedan disponer de efectivo de su cuenta». El debate, asimismo, está llegando también de lleno al Gobierno.

Por lo pronto, fuentes financieras señalan que «los precios de los servicios financieros responden al trabajo y al coste de desarrollarlos y gestionarlos». Las mismas fuentes recuerdan que «si no se cobran, alguien no está cobrando por su trabajo. Y si no se cobra por un trabajo, difícilmente se pueden mantener y seguir mejorando los servicios como piden los clientes» . En otras palabras, que el sector bancario no se muestra nada proclive a que el Ejecutivo intervenga.

A preguntas de este periódico, en el Ministerio de Asuntos Económicos de Nadia Calviño aseguran que llevan desde el principio trabajando con la banca «para facilitar la integración financiera de los colectivos vulnerables», y citan pasos como la aprobación de la orden sobre Cuentas de Pago Básicas que regula el acceso gratuito a las cuentas de pago básicas a personas en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. Al mismo tiempo, añaden que «se sigue trabajando para facilitar el acceso a los servicios financieros a los colectivos vulnerables». No niega, por tanto, la posibilidad de intervenir.

La vía judicial también es una alternativa a la que recurren algunas asociaciones para tumbar determinados recargos. Una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº1 de Vitoria del pasado septiembre, a la que ha tenido acceso ABC, tilda como «abusiva» y «contraria a la normativa de protección de los consumidores» la comisión por retirada de dinero en efectivo en ventanilla aplicada por BBVA.

La demanda en cuestión fue interpuesta por la asociación vasca de consumidores EKA/ACUV y el fallo se puede recurrir ahora ante la Audiencia Provincial de Álava. El juez condenó a la entidad a anular la comisión y le impuso una multa de 1.000 euros diarios si no eliminaba el recargo en un plazo de 20 días.