El nuevo salario mínimo conllevará «más riesgos para los que menos ganan»

El propio secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, afirmó a principios de diciembre que con la subida del 22% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pueden existir empresarios que tengan «la tentación de contratar en vez de a 20 trabajadores a 18», sobre todo en el sector agrario. « Esto puede existir y no tiene sentido que lo neguemos », señaló el secretario de Estado.

Preguntados sobre el impacto de esta medida sobre la económica, la mayoría de los expertos consultados por ABC consideran que tendrá poco impacto sobre la pobreza y que conllevará más riesgos para los que menos ganan. Tanto Marcel Jansenn, profesor de Análisis Económico de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), como Florentino Felgueroso, investigador asociado de Fedea, han coincidido en que la medida acordada por el Gobierno y Podemos ofrece muchos interrogantes y no es el mejor instrumento para combatir la pobreza laboral. En este sentido, ambos han apuntado al combate contra la precariedad laboral y a medidas como el complemento salarial o un impuesto negativo, como iniciativas de mayor efectividad que el incremento acordado para el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En concreto, Jansenn se ha referido a la posibilidad de que haya «algún efecto negativo» sobre la creación de empleo ya que se trata de una subida muy sustancial del SMI- del 22,3%- «sobre todo en jóvenes poco cualificados, ya que esta subida puede dificultarles la entrada en el mercado laboral». En este sentido, ha recordado las altas tasas de desempleo juvenil en España. Por ejemplo, entre los menores de 25 años, el paro alcanzaba en agosto el 33,6% según el Ministerio de Trabajo. «Cuando la pobreza laboral se debe a la precariedad, la subida del salario mínimo tiene un impacto muy limitado en la reducción de la pobreza», ha añadido este experto.

Como ha recordado Felgueroso, de Fedea, entre 5 y 6 millones de personas no llegan a cobrar el salario mínimo interprofesional debido precisamente a la precariedad de sus condiciones laborales (una jornada laboral menor, por ejemplo), y ha advertido contra «un efecto contagio o de deslizamiento sobre todas las escalas salariales, teniendo un impacto mayor sobre los salarios medios y los precios».

En esta línea, ha añadido que, en principio, el SMI va dirigido a los menos cualificados, «aunque hay una pequeña parte cubierta por convenios, los demás se van a ver afectados: lo más directo es el ajueste en horas. Es decir, trabajar más horas irregularmente aunque en la nómina ponga que se cobra el salario mínimo». Felgueroso ha constatado que resulta difícil para la inspección controlar el horario laboral y ha apuntado que «el ahorro en costos - para las empresas- no solo se tiene que producir en el salario». A lo que, ha señalado el especialista de Fedea, que dos tercios de los contratos temporales sectoriales son recontrataciones de personas que ya se habían desempeñado anteriormente en la misma empresa. «Lo más fácil es regular el SMI por decreto, que luchar contra la precariedad que es más difícil que una simple regulación», ha concluido.

Una línea defendida también en un estudio reciente, del presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) José Luis Feito, en el que se concluye que la subida del SMI junto con la de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social es «dañina para parte de los trabajadores más vulnerables». «El aumento del coste salarial mínimo puede afectar también a la composición del empleo aumentando la proporción de contratos temporales, reduciendo la duración de la jornada o pasando empleo a la economía sumergida», indica Feito en este informe.

Asimismo, Feito añade que para evaluar el coste de este alza no basta «con analizar el porcentaje de la población asalariada con salarios cercanos al mismo» y considera necesario «estudiar las características de la población activa en el paro». «El nivel del SMI podría ser una barrera al empleo de una parte significativa de los parados», sentencia Feito.

Si miramos al resto de la UE, encontramos que Luxemburgo es el país europeo con el salario mínimo más alto (1.999 euros mensuales), según datos de Eurostat. Le siguen Irlanda (1.614), Holanda (1.578), Bélgica (1.563), Alemania y Francia (1.498) y Reino Unido (1.401). En el lado más bajo de la tabla encontramos a Bulgaria (261 euros al mes), Lituania (400), Rumanía (408), Letonia (430), Hungría (445), Croacia (462), República Checa (478), Eslovaquia (480), Estonia (500) y Polonia (503).