Naturgy y el futuro del sector energético

El Gobierno justificó su plácet a la OPA del fondo de inversión australiano con un argumento fundamental: España no puede poner obstáculos a la entrada de flujos de inversión exterior y, menos, en un escenario como el actual. Esa afirmación se ve contradicha de manera evidente por la decisión, también gubernamental, de incautarse de una parte de los “beneficios extraordinarios” obtenidos por las compañías eléctricas con la finalidad de reducir la factura de la luz. Resulta evidente que esa medida no contribuye a incentivar la entrada de capitales en nuestro país ante la perdida de seguridad jurídica que origina.

Por otro lado, la actuación gubernamental se ha traducido en una caída de la cotización bursátil de las empresas energéticas. Los inversores descuentan menores tasas de retorno futuras y, por tanto, optan por vender. Esto tiene una consecuencia: una decisión política no sólo genera pérdidas para miles de pequeños ahorradores sino abarata de manera artificial en valor de los activos. Estos se convierten en una pieza codiciada, esta vez sí, para los denominados “fondos buitres ” cuyo compromiso con el crecimiento y el desarrollo de las compañías y de la economía nacional es inexistente.

En el caso de Naturgy, la actuación del Gobierno facilita la compra por parte de IFM ante la incertidumbre de los accionistas minoritarios de la energética sobre el futuro de la compañía. En esas circunstancias, la oferta australiana resulta atractiva. Lo dramático es que esta situación no es el resultado de una lógica de mercado sino de una decisión gubernamental que ha distorsionado su correcto funcionamiento. Sin la confiscación de beneficios a las eléctricas decretada por el Gabinete, las posibilidades de éxito de la OPA de IFM hubiesen sido muy bajas.

En este contexto se enmarca la postura adoptada por el Consejo de Administración de Naturgy; esto es, su recomendación a los accionistas minoritarios sobre la OPA de IFM. Por un lado, se considera “razonable” la oferta del fondo australiano a la vista del impacto causado por el ukase gubernamental de expropiación de beneficios; por otro, sus grandes accionistas (Caixa, Sonatrach y los fondos GIP y CVC) anuncian que no tienen intención de vender . Esto significa, obviamente, que estiman que la OPA del fondo australiano no refleja el valor real de Naturgy a medio y largo plazo. ¿Qué va a suceder?

Las opciones de que IFM adquiera todo o una parte del capital al que aspira han crecido de manera significativa . La decisión no vendedora de los fondos CVC y GIP es lógica porque con la entrada de los australianos en el capital tomarían el control de Naturgy. En ese caso, podría ponerse en marcha un plan para trocear la empresa española de energía que vale más por partes que en su totalidad. Además, esta hipótesis cobra fuerza si se tiene en cuenta que GIP debe estar a punto de cumplir el plazo para mantener su inversión en Naturgy y CVC se acerca a ese momento a la vista de cuando entraron uno y otro en el accionariado de aquella.

Es cierto que el Gobierno condicionó la OPA de IFM a que ésta no vendiese activos estratégicos en cinco años, pero esa restricción es débil. Bastaría la abstención del fondo australiano ante una decisión de troceamiento-venta de Naturgy para que los dos fondos restantes tuviesen mayoría. Ni la Caixa sola ni con Sonatrach podría frenar esa decisión. Esto implica que España se quedaría de facto sin una compañía que es líder en el mercado de gas y el tercer operador eléctrico. Defender esta operación en nombre del libre mercado es una burla porque es la consecuencia, deseada o no, de una decisión política.

En estos momentos y en los venideros, la energía se ha convertido en un vector estratégico fundamental . Siempre lo ha sido, pero ahora más y basta contemplar lo que está sucediendo en el mundo para ser consciente de ello. Por tanto, guste o no, poner a una empresa básica para garantizar la seguridad del suministro de energía en manos de fondos de inversión es suicida y esta es una de las consecuencias de las medidas adoptadas por el Gobierno.

María Gómez Agustín es directora general de Freemarket