Montero rechaza que vaya a haber ajuste este año, pero no publica las cifras de 2021

Se trata del mayor pasivo desde 1902, cuando España aún digería las consecuencias de las guerras de Cuba y Filipinas. La propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, admitió ayer en rueda de prensa «emisiones de deuda adicionales a las proyectadas a principios de año». Entonces se previeron unas emisiones netas de 32.500 millones . Posteriormente, como informó ABC, el Gobierno auguró a finales de marzo que la deuda aumentaría en casi 40.000 millones en la notificación de déficit y deuda. Con la ratio comunicada ayer a Bruselas, el aumento de deuda pública será de algo más de 100.000 millones de euros.

Pese a ello, Montero negó recortes este año. «No está previsto hacer ningún tipo de ajuste en el gasto del sector público», insistió a la pregunta de si preveía un recorte en el sueldo de los empleados públicos. Y añadió que «el Gobierno no se plantea ni una subida masiva de impuestos ni una bajada».

En su lugar, además de crear las tasas Google y Tobin, ha apostado por acelerar la aprobación de la nueva ley de Lucha contra el Fraude, y la fiscalidad verde -donde había dos proyectos en audiencia pública a los billetes de avión y los envases desechables, además de la subida fiscal al diésel- y rechazó un impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, para 2021 Montero evitó dar los datos de déficit y deuda y señaló que lo harán en octubre, cuando se contase con más datos. En el Programa de Estabilidad solo se recoge de forma escueta que la deuda pública sobre el PIB bajará en 2021 por el crecimiento económico, una falta de información que el Ejecutivo señala que ha sido permitido por la Comisión Europea a todos los países por la situación de incertidumbre ante la crisis.

Una situación que provocó que la Autoridad Fiscal se quejara ayer de la falta de datos y advirtiera de que en el escenario aprobado puede haber «riesgos a la baja», por lo que la institución hará sus propias estimaciones, aunque haya avalado como «factible» la previsión de crecimiento. Solo el gasto ya aprobado supone 28.403 millones de euros, llevándose el grueso las prestaciones relacionadas con los ERTE, que suponen 17.894 millones de euros.

El coste para el sector público no se borrará con facilidad en el tiempo. Montero confió en aprobar cuanto antes las tasas Google y Tobin a los servicios digitales y las transacciones financieras, pero ambos impuestos recaudaban de forma conjunta, en la optimista estimación del Gobierno, 2.050 millones al año. Y no entrarán en vigor «hasta el último cuatrimestre», según Montero.

La recaudación conjunta se reducirá en el «entorno del 5%», puntualizó Montero , de 25.700 millones en dinero contante y sonante. Lo cierto es que esta estimación es bastante optimista, ya que la caída de ingresos en la crisis de 2008 frente a 2007 fue de 27.223 millones, con una recesión más profunda, mientras que la de 2009 acumulada en dos años llegó a los 56.653 millones. El Consejo General de Economistas calculaba una caída de 40.000 millones.

Por impuestos, la gran caída en la recaudación se produce sobre la actividad empresarial y las operaciones, lo que arroja luz sobre cuál será el impacto económico por sectores. El impuesto de Sociedades reducirá sus ingresos un 8,7% y Transmisiones Patrimoniales, un 37,9%.

El IRPF será el que menos caiga en las previsiones de Hacienda, con un 2,4% menos y las cotizaciones bajando sus ingresos un 5,75%. En cuanto al IVA , pese al desplome del consumo, se reducirá «solo» un 5,2%, mientras que los impuestos especiales bajarán su aportación un 6,7%. Pero, en el desembolso o en los ingresos, tarde o temprano, harán falta ajustes de mayor calado.