El Gobierno prevé un hundimiento del PIB del 9,2% este año y una deuda pública por encima del 115%

El escenario es demoledor: la mayor caída desde la Guerra Civil , cuando en 1936 el PIB se hundió un 23,6% según el profesor Leandro Prados de la Escosura. En algunos aspectos, el boceto del Ejecutivo es más negativo que el pronosticado por el FMI (-8% en 2020 y un 4,3% en 2021) y más similar al escenario central del Banco de España (con un batacazo del -8,7% en 2020). El confinamiento ante la extensión del coronavirus, que ha dejado en barbecho a buena parte del sector productivo, tendrá sobre todo impacto en el consumo y la inversión, como se vio en el desplome del PIB del primer trimestre .

En otros aspectos, el escenario es más positivo. La tasa de paro escalará desde el 14,1% de 2019 al 19% en 2020, un incremento suavizado por los tres millones de empleados afectados por ERTE que no contabilizan como desempleados, que apenas bajará al 17,2% en 2021. El FMI pronosticaba un 20,8% y un 17,5% en 2020 y 2021.

«Se ha recuperado parte de la actividad perdida en la segunda quincena de abril», ha señalado Calviño, citando la demanda de electricidad. Pero en el plan del Gobierno el consumo privado pasa de crecer un 1,1% en 2019 a hundirse un 8,8% para rebotar un 4,7% en 2021. El comportamiento de la inversión será aún peor: un desplome sin precedentes en tiempos de paz del 25,5% para crecer un 16,7% en 2021. El sector exterior, con la plana mayor de países en recesión, no saldrá al rescate: las importaciones caerán un 31% y las exportaciones, un 27,1%.

Las finanzas públicas se resentirán con fuerza. El déficit marcará máximos desde que se pidió el rescate en 2012: un 10,34% del PIB nada más y nada menos, con la recaudación hundiéndose en 25.700 millones hasta el 41.2% del PIB y el gasto, sobre todo en desempleo, disparándose hasta el 51,5% del PIB. La ministra María Jesús Montero ha insistido en que este efecto será temporal, pero todo ello dejará una factura que perdurará en el tiempo, con la deuda pública disparándose del 95,5% del PIB al 115,5% en 2020. Se trata del mayor pasivo desde 1902, cuando España aún digería las consecuencias de las guerras de Cuba y Filipinas.

Solo el gasto ya aprobado supone 28.403 millones de euros , llevándose el grueso las prestaciones relacionadas con los ERTE, que suponen 17.894 millones de euros. La actualización de las entregas a cuenta para las comunidades suponen 2.867 millones, el crédito al Ministerio de Sanidad a cuenta del fondo de contingencia suma 1.400 millones más y las bajas laborales por aislamiento, 1.355 millones adicionales.

Para 2021 el Ejecutivo ha preferido no calcular el déficit y la deuda pública, según Montero lo harán el próximo año cuando se tengan «más datos». Pero el coste para el sector público es monumental y no se borrará con facilidad en el tiempo. Calviño y Montero han confiado en aprobar cuanto antes las tasas Google y Tobin a los servicios digitales y las transacciones financieras, pero ambos impuestos recaudaban de forma conjunta, en la optimista estimación del Gobierno, 2.050 millones. Y como ha detallado la ministra- portavoz, no entrarán en vigor «hasta el cuarto trimestre» .

Pero la recaudación conjunta se reducirá en el «entorno del 5%», puntualizó Montero. Por impuestos la gran caída en la recaudación se produce sobre la actividad empresarial y las operaciones, lo que arroja luz sobre cuál será el impacto económico por sectores. El Impuesto de Sociedades reducirá sus ingresos un 8,7% y Transmisiones Patrimoniales, un 37,9%.

El IRPF será el que menos caiga en las previsiones de Hacienda, con un 2,4% menos y las cotizaciones bajando sus ingresos un 5,75%. En cuanto al IVA , pese al desplome del consumo, se reducirá «solo» un 5,2%, mientras que los impuestos especiales bajarán su aportación un 6,7%.

« No está previsto hacer ningún tipo de ajuste en el gasto del sector público », ha insistido Montero que ha añadido que «el Gobierno no se plantea ni una subida masiva de impuestos ni una bajada masiva de impuestos». En su lugar, además de la tasa Google y Tobin, ha apostado por acelerar la aprobación de la nueva Ley de Lucha contra el Fraude. Pero, en el desembolso o en los ingresos, tarde o temprano harán falta ajustes de mayor calado.