Montero maniobra para no dejar 5.000 millones de fondos UE en la caja

El Ministerio de Hacienda ha admitido que a fecha de ayer lunes sólo se había autorizado la aplicación de 19.013 millones de euros de los 24.198 millones que el Gobierno ‘pintó’ en su día en los Presupuestos de 2021 con el compromiso explícito de culminar su ejecución íntegra a lo largo del año.

Ese escenario ideal está lejos de cumplirse. Los últimos datos proporcionados por el ministerio revelan que el Gobierno ni siquiera ha autorizado todavía la movilización de una quinta parte de los créditos incluidos en las cuentas públicas para este año, el trámite administrativo inexcusable para que esos recursos empiecen a moverse no ya en la economía real, sino en el siempre enrevesado circuito presupuestario.

El asunto es un problema porque la legislación presupuestaria vigente no deja claro cuál es el destino de los fondos europeos que se queden sin asignar. O, mejor dicho, no deja claro que se puedan aprovechar a futuro los fondos europeos que se queden sin asignar en 2021.

La preocupación del Gobierno con este asunto le ha llevado precisamente a incluir ‘in extremis’ en la tramitación parlamentaria de su proyecto de Presupuestos para 2022 una enmienda para cambiar la normativa actual y habilitar la posibilidad de que los gastos autorizados pero no comprometidos se puedan incorporar al presupuesto del año que viene, una opción que en la norma actual se reserva a los créditos ya comprometidos.

Fuentes jurídicas conocedoras de esta problemática -identificada desde hace meses- aseguran que Hacienda impulsó este cambio en previsión de las dificultades que luego se han confirmado para la ejecución de los fondos y con el objetivo de no tener que renegociar el ‘timing’ de la asignación de los fondos a España con Bruselas, ante la posibilidad de que una parte importante se quedara bloqueada en los Presupuestos de 2021.

La solución encontrada obliga, no obstante, al Gobierno a autorizar esos más de 5.000 millones que tiene pendientes de aquí a final de año para impedir un embrollo burocrático de marca mayor. De no hacerlo, ese saldo pendiente podría incorporarse al Presupuesto de 2022 vía modificación presupuestaria, pero a costa de recortar en igual medida otras partidas de gasto ya previstas en las cuentas.

Con todo, el cambio regulatorio supondrá un alivio para el Ministerio de Hacienda. Con la ley actual el tamaño del problema sería mayor, ya que no afectaría únicamente a los más de 5.000 millones de euros cuyo gasto aún no sido autorizado por el Gobierno, sino que se ampliaría a cerca de 7.000 millones de euros de gasto que aún no ha sido comprometido por los ministerios. Hablaríamos ya de una tercera parte de los fondos del Plan que se preveían gastar en 2021.

¿Cuál es la diferencia entre una situación y otra? Básicamente, el grado de maduración del crédito presupuestario. La autorización es el primer acto administrativo por el que el Ministerio de Hacienda habilita la utilización por parte de un ministerio u organismo del Estado de un determinado crédito. Mientras ésta no se produce se podría decir que ese crédito presupuestario está bloqueado, ya que no es posible su uso. La fase del ‘compromiso’ llega cuando la unidad administrativa en cuestión -principalmente los ministerios-, decide dar luz verde a su aplicación efectiva, una vez ya ha sido autorizado por Hacienda.

Luego llega la ‘obligación reconocida’, que se produce cuando el Ministerio asigna el derecho a ese crédito de manera formal a su receptor, sea éste una empresa pública, una empresa privada, un particular u otro actor económico. El pago es la última fase del ciclo presupuestario y normalmente se produce cuando ya se ha recibido el bien o se ha disfrutado del servicio.

Esta clasificación es fundamental por el animado debate existente en torno a la absorción de los fondos europeos por parte de la economía española, es decir, en torno al impulso que éstos habrían proporcionado a la economía en 2021.

El Gobierno estimó en su día que ese impulso se traduciría en alrededor de dos puntos extra de PIB, pero el Banco de España recortó la pasada semana esa aportación a apenas unas décimas. De hecho, el supervisor justificó la pasada semana su fuerte tijeretazo a la previsión de crecimiento de la economía española para este año, que recortó del 6,3% al 4,5% , por la moderación de su expectativa de absorción de los fondos europeos por parte de la economía real desde alrededor de la mitad a solo una tercera parte.

El escenario dibujado por el supervisor descuenta que de los 24.000 millones incluidos en los Presupuestos finalmente no llegarían a la economía real más que unos 8.000 millones.

Lo que dicen los últimos datos del Ministerio de Hacienda es que los ministerios han comprometido el 71,2% de los fondos totales, 17.228 millones de euros en total; y que de esos ya se han convertido en obligaciones reconocidas, es decir, en derechos adquiridos para los futuros receptores de esos fondos, cerca de 15.000 millones. El escepticismo de los analistas viene alimentado por que de esos 15.000 millones reconocidos a lo largo de 2021, la Administración solo ha abonado de manera efectiva 8.955 millones de euros , algo más de la mitad de los derechos reconocidos, pero poco más de una tercera parte del total de fondos recogidos en los Presupuestos.

Fuentes gubernamentales sostienen que a la hora de medir el impacto de los fondos europeos en la economía no hay que fijarse tanto en lo efectivamente abonado -recordemos, unos 9.000 millones-, como en las obligaciones reconocidas -cerca de 15.000 millones-, bajo el argumento de que una vez que a un actor económico se le reconoce una cantidad determinada éste ya descuenta su cobro y contrata el personal o los servicios necesarios para cumplir con lo encomendado, y, por tanto, genera actividad.

Según este relato, el pago efectivo de los fondos no es más que una cuestión de tesorería, que no refleja tanto la actividad económica que se genera como ese otro indicador.

El relato gubernamental en este punto ofrece algunos flancos débiles. Por ejemplo, que de los cerca de 15.000 millones reconocidos, más de 11.000 millones se explican por las transferencias realizadas a las comunidades autónomas, lo que no implica que éstas estén ya desarrollando sus programas de inversión. El Gobierno, no obstante, confía en acelerar la movilización de fondos europeos estos últimos días del año y dar un último empujón a las cifras de ejecución.