Una ley de residuos que amenaza con desperdiciar la competitividad

Las fuentes consultadas celebran que España cuente con una ley de este tipo alineada a la realidad de nuestro tiempo, pero dudan de la utilidad de determinadas medidas y advierten de que supera las exigencias marcadas por Europa , trasladando así sobrecostes a las empresas nacionales en un contexto complicado – subida de los precios de la energía , escasez de materias primas , etc.– y poniendo en riesgo su competitividad frente a las de otros países del Viejo Continente.

El texto, que se compone de 118 artículos , ha generado un profundo descontento empresarial. Cinta Bosch , responsable de sostenibilidad de Aecoc, la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores, reafirma el compromiso de la patronal con los propósitos que persigue la ley , pero lamenta que el Gobierno haya sacado adelante la norma de espaldas al sector. « No ha habido el diálogo directo y fluido que nos hubiera gustado para poder trasladarles el impacto real que tienen algunas de estas medidas para el sector que representamos», asegura Bosch.

Son varios los puntos que han levantado ampollas. «La directiva europea contempla restricciones a la comercialización de envases de plástico de un solo uso más o menos ambiciosas en función de si esos envases tienen alternativas de otros materiales o no. La ley española amplía el listado de productos afectados e incluye, por ejemplo, las anillas que sujetan las latas o las monodosis», dice.

Pero lo que causa mayor preocupación es el impacto derivado de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Mientras que la directiva europea establece la obligación de financiar solo los costes de la recogida separada, la normativa de nuestro país añade los de la recogida de residuos depositados en la fracción resto, en las instalaciones de saneamiento y depuración, en la basura de las vías públicas y en las áreas recreativas, entornos naturales y playas. «Implica un aumento considerable de los costes para las compañías, pero no supone necesariamente una mejora en el cumplimiento de los objetivos o del propio sistema», reflexiona Bosch (Aecoc).

Fuera del mundo empresarial, los expertos también se muestran críticos. «Europa es probablemente la región más avanzada del mundo en protección del medio ambiente y en el tema de residuos no es una excepción, por lo que como principio no deberíamos ir más allá », defiende Carlos de Miguel , profesor de derecho de Comillas ICADE y abogado experto en derecho medioambiental y sostenibilidad.

Por su parte, Pedro Poveda , socio de Gómez-Acebo & Pombo Abogados y miembro del grupo de sostenibilidad de la firma jurídica, considera que la medida provocará « un incremento injustificado de costes, contrario a los criterios de eficiencia que marca la normativa comunitaria ». En cambio, en supuestos como la prohibición de las microesferas de plástico de menos de cinco milímetros o el establecimiento de objetivos intermedios de recogida separada de botellas de plástico, piensa que es discutible que ocasionen un perjuicio para la competitividad de las empresas españolas porque las mayores exigencias sobre las directivas europeas están en línea con lo establecido en países de nuestro entorno inmediato.

Javier Serrano , doctor en Economía y consultor de Analistas Financieros Internacionales (Afi), subraya que la transformación verde cuesta dinero, pero lo ideal es alcanzar un equilibrio entre la nueva regulación y la competitividad empresarial : «En la medida en que los costes para las empresas españolas se incrementen más que para los competidores europeos, su posición competitiva se verá perjudicada».

Isabel García Tejerina , senior advisor de EY y exministra de Agricultura con el Gobierno de Mariano Rajoy, afirma que se trata de una « ley ineludible , pues estábamos obligados con Bruselas hace casi dos años, y porque los objetivos de las directivas son irrenunciables, y lo son en beneficio de todos», pero matiza que ello «no obsta para que alcanzarlos conlleve en determinadas circunstancias unos costes añadidos que puedan comprometer la viabilidad de empresas y complicar la vida a los consumidores ». El objetivo, defiende, es consolidar un sistema de gestión de residuos que logre sus fines con el menor coste y daño al tejido productivo, lo que requiere tener especialmente en consideración a las partes más afectadas por la legislación. «La ley tiene aún un largo recorrido de desarrollo reglamentario , una oportunidad para recoger todas las sensibilidades y descender a lo factible, teniendo en cuenta a aquellas voces que no se han sentido lo suficientemente escuchadas y paliar efectos no deseados en el camino trazado para alcanzar unos objetivos irrenunciables», agrega.

Además de las exigencias mencionadas, la ley crea nuevos impuestos : uno sobre los envases de plástico no reutilizables y otro para penalizar el depósito de los desechos en vertederos y la incineración. El riesgo está en que para compensarlos, los productores suban el precio de los productos . «Es una decisión empresarial, pero si no repercuten a los precios un incremento del coste variable, significará que por cada unidad de producto que pongan en el mercado, van a obtener menores beneficios», comenta Serrano.

Para hacerse una idea del impacto económico, según un reciente estudio de Afi presentado junto a Fiab (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas), el sobrecoste estimado rondaría los 1.800 millones de euros . La responsabilidad ampliada del productor tendría un coste anual medio de 1.100 millones para las empresas españolas de la industria de alimentación y bebidas, mientras que el impuesto a los envases de plástico no reutilizables tendría un coste de unos 700 millones al año.

Desde Aecoc alertan del peligro de que se utilice la fiscalidad con una mera finalidad recaudatoria : «El impuesto al plástico se plantea como imprescindible para cumplir con la contribución que exige Europa dentro del plan de recuperación, pero solo lo ha aplicado Italia, el resto de países han cubierto esta contribución directamente con sus propios presupuestos. La fiscalidad en sí no es la mejor vía para avanzar hacia la circularidad».

Sin embargo, Pedro Poveda valora positivamente los impuestos y cree que serán útiles desde el punto de vista ambiental: «El impuesto sobre los envases de plástico favorece la prevención y el reciclado porque queda exento el contenido de plástico reciclado del envase. Respecto al impuesto al vertido, la valorización energética y la coincineración, además de los efectos positivos originados por su carácter armonizador , facilitará la gestión de los residuos mediante las operaciones situadas en la primera línea de la pirámide de jerarquía: preparación para la reutilización y reciclado».

Como señala Eduardo Orteu , ‘of counsel’ de Gómez-Acebo & Pombo Abogados, entre las novedades más relevantes de la ley se encuentra también una nueva regulación de la RAP que trae consigo reglas más completas, aplicables de manera general y uniforme en todo el Estado, así como la extensión a más sectores (filtros de cigarrillos, toallitas húmedas, textiles, plásticos agrícolas …). Desde esta firma jurídica alaban igualmente la simplificación de los procedimientos para la declaración de subproductos y fin de condición de residuos al entender que provocará una verdadera revolución.

Para Carlos de Miguel, otra cuestión positiva es la aplicación de un IVA del 0% sobre las donaciones de productos a entidades sin fines lucrativos . Echa en falta, eso sí, «medidas que desincentiven las actividades que tomen recursos de la naturaleza» y el principio de neutralidad tecnológica. En la ley se marcan asimismo metas para la recogida separada de botellas: en 2023 deberían recuperarse el 70% respecto al peso introducido en el mercado y en 2027, el 85% . Si se incumple, contempla la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno para estos envases. Por otro lado, antes de que acabe 2023, los comercios minoristas con al menos 400 m2 tendrán que destinar como mínimo un 20% de su área de ventas a productos sin embalaje primario. Un arsenal de medidas en favor de la economía circular, pero que amenaza con desperdiciar la competitividad industrial española.