Lehman Brothers usó ingeniería contable para ocultar sus pérdidas

El prolijo estudio, en el que se ha invertido un año y más de 38 millones de dólares, considera que el colapso del banco de inversiones con 158 años de historia tuvo múltiples causas. Desde un insostenible nivel de tóxicas inversiones hipotecarias hasta la presión ejercida por entidades como JPMorgan Chase y Citigroup para que Lehman Brothers ofreciese un alto colateral para respaldar los prestamos que necesitaba con desesperación.

Entre las nuevas alegaciones contra la plana mayor de Lehman Brothers, el informe argumenta que los principales ejecutivos manipularon de forma deliberada las cuentas, ocultaron información al consejo e inflaron el valor de sus activos hipotecarios tóxicos. Hasta el punto de que el banco de inversiones "ignoró o pasó por alto sus propios controles de riesgo de forma habitual" frente a la realidad de los mercados hipotecario y de crédito.

Al principal ejecutivo de Lehman Brothers, Richard Fuld, que siempre presumió de su habilidad para hacer frente a los riesgos de Wall Street, se le acusa de ser "al menos gravemente negligente" de la cortina de humo contable presentada a sus inversores, agencias de calificación y las autoridades reguladoras. Una responsabilidad compartida con al menos otros tres altos cargos de la plana mayor del banco: Erin Callan, Ian Lowitt y Christopher O’Meara.

Para mantener su calificación de crédito en los meses anteriores a su bancarrota, Lehman Brothers utilizó un artificio contable conocido como «Repo 105» para sacar de su contabilidad oficial un total de 50.000 millones de dólares en malas inversiones. El banco de inversiones intentó que una firma de abogados de Estados Unidos diese el visto bueno a estas transacciones secretas, utilizadas desde el 2001 pero de forma regular durante los dos últimos años de su existencia. Al no obtener ese respaldo en casa, los responsables de Lehman Brothers no dudaron en saltar el Atlántico. Hasta que la asesoría jurídica Linklaters, una de las principales de Gran Bretaña, no tuvo reparo en certificar que esos manejos eran perfectamente legales.