La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio - EFE

Las lagunas del control horario abren el frente de la judicialización laboral

Las dudas no resueltas por la norma generan inseguridad en las empresas y colapsan los despachos de abogados

MadridActualizado:

El registro obligatorio de la jornada diaria cumple quince días en los que las dudas sobre la aplicación de la norma se han multiplicado y con ello la consulta de empresarios y de los propios inspectores a los despachos de abogados. ¿Qué hacer cuando los empleados tienen un régimen de libre disponibilidad? ¿Qué hacer en una empresa en la que todos sus miembros trabajan desde casa? ¿Y si el empleado viaja a otro país?

La aplicación de la norma que fue aprobada por decreto en uno de los «viernes sociales» del Gobierno está generando incertidumbre y muchos interrogantes en las empresas e inseguridad en los trabajadores, lo que puede abrir nuevos frentes de judicialización laboral, un problema que ya existe en el mercado de trabajo, según reconocen varios despachos laboralistas consultados por ABC. Citan, por ejemplo, el caso de un trabajador que tenga el citado régimen de libre disponibilidad que sea despedido y no conforme decida demandar a su empresa para reclamarle horas extra no pagadas alegando que ha roto ese régimen.

Tanto el presidente de ATA, Lorenzo Amor, como Rosa Santos, directora del departamento de relaciones laborales de la CEOE coinciden en que es una norma compleja, con una dificultad jurídica aparejada, que puede derivar en una judicialización de la nueva obligación, cuyo incumplimiento está castigado como infracción grave, con multas que pueden llegar hasta 6.250 euros.

«Va a ser muy difícil que la norma pueda cumplirse en muchas actividades, sobre todo en las que no se realizan en el centro de trabajo. Y, además, y si el trabajador no quiere, pues no ficha, porque el decreto no deja claro cuáles son sus obligaciones», explica el presidente de la mayor asociación de autónomos, para el que «se puede romper el buen clima de confianza entre empresarios y trabajadores».

Lorenzo Amor reclama que los autónomos con trabajadores queden exentos de la norma porque «la ley no puede ser igual para una empresa con 50 trabajadores que para un pequeño empresario con dos trabajadores». Recuerda que la Justicia europea ya recomendó a los gobiernos que tuvieran en cuenta el tamaño de la empresa a la hora de legislar.

El presidente de ATA ha reclamado al Gobierno que paralice la ley hasta que un reglamento desarrolle las especificidades de cada actividad y trabajos que desarrollan los pequeños empresarios. Recuerda que el 95% de las empresas españolas tienen menos de cinco trabajadores y que muchas «han implantado un sistema de trabajo que combina a la perfección la movilidad laboral, la conciliación, el teletrabajo y se ajustan más a los objetivos que al horario».

«Quieren matar moscas a cañonazos», explica a este periódico Rosa Santos, para la que el registro obligatorio de jornada es «un instrumento del pasado para las empresas, ya comprometidas con el presente y futuro». Sin embargo, también hace hincapié en que las empresas van a cumplir con la norma, pese a su complejidad y dificultad jurídica».

Santos también se refiere a la Inspección y asegura que ceñirse solo al cómputo de jornada diario no es suficiente y los responsables de Trabajo deberían también reclamar modelos más extensos de jornada, teniendo en cuenta los modelos de distribución irregular de jornada o casos de flexibilidad y conciliación.

Al igual que ATA la patronal madrileña CEIM ha solicitado que se aplace la aplicación del registro hasta que el Ministerio de Trabajo «sepa exactamente cómo se puede aplicar, debido al enorme caos e inseguridad jurídica que está generando en las empresas», explica el vicepresidente de CEIM, Francisco Aranda. Añade que desde que se publicó el decreto, se ha producido «caos e incertidumbre en las empresas, especialmente en las pymes. Por lo tanto, creemos que se debe trabajar técnicamente la medida para evitar inseguridad jurídica, porque la norma tiene muy baja calidad jurídica y está repleta de lagunas», apunta. «Es una antigualla que transmite desconfianza hacia las empresas, los representantes sindicales y la propia Inspección».

Según el representante de los empresarios madrileños, «no tiene sentido que se publique una medida, cuya complicación en su aplicación incluso ha provocado que un día después de su obligatoriedad se tuviera que emitir una guía, pero indicando que es a título meramente informativo, sin perjuicio de la interpretación que hagan lo tribunales».

Desde CEIM consideran equivocada la filosofía controladora hacia los trabajadores. «El entorno de la empresa ha cambiado y no es de control, sino de confianza y de flexibilidad. No estamos dispuestos a colocar una cámara detrás de cada trabajador para controlar qué hace», señala.