El juez procesa a Currás y otros cuatro exdirectivos de Día por falsedad en las cuentas

En un auto notificado este viernes, Abascal pone así fin a la instrucción iniciada en 2019 a partir de una querella de los accionistas minoritarios de Día por estafa contra la ejecutiva de la cadena, atendiendo a que las cuentas del ejercicio 2017 no reflejaban con veracidad y exactitud la situación económica de la compañía y presentaban notables irregularidades contables.

Tras dos años de pesquisas, el juez, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, acuerda continuar el procedimiento contra los cinco exdirectivos mencionados y archiva las actuaciones para siete personas hasta ahora imputadas: dos socios de la auditora KPMG , los miembros de la comisión de Auditoría y Cumplimiento y el responsable de la política de cumplimiento normativo de Día.

Conforme detalla el auto, Currás, que era consejero delegado, utilizó su posición para maniobrar sobre determinadas partidas de la contabilidad de Día España ante el empeoramiento progresivo de los resultados del grupo y la caída de la acción a partir del año 2015.

«Era la única persona que poseía una visión global y de conjunto, si bien, dada la posición de cabecera del grupo de DIA España, S.A. era en esta en la que principal y directamente ejercitaba sus funciones, recibiendo los cierres directamente del departamento de contabilidad, tras lo cual, los analizaba y, en función de lo que necesitaba para lograr unos mejores resultados, impartía órdenes para modificar las cifras de ingresos accesorios y de regularización de entradas, por ser estas las de mayores magnitudes sobre las que se podía actuar sin levantar sospechas», explica el juez.

En concreto, habría dictado órdenes de cómputo de magnitudes «que no respetaban la normativa contable, ni la realidad del negocio, pero permitían mejorar resultados, tanto del año 2016 como los del año 2017, al haber sido especialmente los de 2017 inferiores a las expectativas, dadas las bajadas de precios que el grupo se vio obligado a hacer en España para relanzar las ventas».

Tal y como detalla el instructor, entre estas prácticas figuran la previsión de ingresos no justificados procedentes de la negociación con proveedores por importe de 6,3 millones de euros, la incorrecta contabilización de ingresos por cargos de proveedores de marca propia hasta 21,7 millones de euros , la eliminación no justificada de la provisión de facturas pendientes de recibir por importe de 18,3 millones de euros y el pago de bonus y gratificaciones al personal por valor de 5,5 millones.

Atribuye a Currás la orden de que no se realizasen tales provisiones en los ejercicios de 2016 y 2017 para que sobre el papel, no se viesen minorados los resultados de la compañía, maniobra que pudo realizar por « la posición de confianza con la que contaba ante el Consejo de Administración y la posición de superioridad jerárquica que tenía ante todo el personal de la alta dirección».

En este sentido, expone que cuando impuso una previsión de ingresos no justificados procedentes de negociación con proveedores, los ahora procesados Juan Cubillo y Luís Martínez, «se allanaron a seguir las indicaciones de Ricardo Currás , pese a ser conocedores de las implicaciones que ello tenía» y «pese a ser personal de alta dirección y tener capacidad para informar tanto a la Comisión de Auditoria y Cumplimiento, como al propio Consejo».

La principal consecuencia de estos artificios contables es que se fueron arrastrando las cantidades de un ejercicio a otro permitiendo mejorar los resultados de cada año con vistas a ingresos futuros « generando un acumulado cada vez mayor, con la esperanza de que de volver a mejorar los resultados por la propia actividad se fuesen compensando sin que nadie lo advirtiese».

Al final, al aprobar las cuentas anuales del ejercicio de 2018, hubo que re expresar las cuentas anuales del ejercicio anterior, «si bien lo cierto es que afectó tanto a las de 2016 como a las de 2017». Se modificaron las magnitudes del balance, superando «la materialidad que había sido fijada por el auditor externo en sus informes de auditoría y que, de haber sido detectadas, hubiesen implicado un informe de auditoría desfavorable».