El juez Andreu reconoce que Banco Madrid era solvente

Así lo asegura en un auto notificado hace unas semanas en el que, según confirmaron a ABC fuentes jurídicas, deja el caso en manos de los juzgados de plaza de Castilla para que sean ellos los que sigan investigando al propio banco, a sus dueños –Higinio y Ramón Cierco–, a su presidente, José Pérez, y a los miembros del consejo de administración, Joan Pau Miquel, Soledad Núñez, Ricard Climent y Rodrigo Achirica.

«Tras la práctica de la totalidad de las diligencias de investigación acordadas y solicitadas por las partes, es un hecho constatado y aceptado por todas las partes, ya sean acusadoras o investigadas, que el Banco de Madrid disponía de unos ratios de solvencia muy superiores a la media del sector , disponiendo de sobrada capacidad para atender a sus compromisos económicos y sin que quepa hablar de la existencia de un delito de insolvencia punible, al que se refiere el Ministerio Fiscal en su informe», señala el auto en lo que se refiere a la insolvencia punible.

La entidad mantuvo desde un primer momento que, tras la intervención de la entidad por parte del Banco de España , el 10 de marzo de 2015, disponía de medios para pagar a todos los acreedores y que fue precisamente la retirada en masa de fondos de clientes la que produjo el fuerte deterioro de su situación financiera.

Anticorrupción avaló el pasado marzo esta te sis, cuando pidió al magistrado su inhibición al estimar que «de la documentación obrante de las actuaciones se deduce con claridad que no estamos ante un delito de insolvencia punible en tanto Banco Madrid ha sido solvente en todo momento, siendo los querellados en la presente causa afectados de forma indirecta por dicha actividad, en tanto la intervención de la entidad bancaria supuso la retención de sus inversiones».

La investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por Banco Madrid se inició a raíz de la querella que las mercantiles, Marine Instruments S. A. y Liuniaski S. L. tras conocerse que la estructura financiera de la entidad habría facilitado a determinados clientes de la mafias china y rusa y también a altos cargos del gobierno de Venezuela la comisión de actividades ilícitas como el blanqueo de capitales.