La información engañosa para captar clientes se convierte en delito bancario en Portugal

“Los casos recientes ocurridos en el sistema financiero portugués, algunos relacionados con prácticas ilegales no solo han evidenciado fallos de supervisión y regulación, también han provocado serios perjuicios directos e indirectos a la economía nacional”, refleja la proposición de ley depositada en la Asamblea de la República.

Esta circunstancia retrata a las claras que se trata de una respuesta al escenario dibujado al otro lado de la frontera desde que cayó en bancarrota el Espírito Santo en agosto de 2014, antesala para el desembolso de 4.900 millones de euros con el fin de evitar el colapso estructural.

Con posterioridad, los problemas se han generalizado en las entidades lusas , debido en gran parte a la cuantía de los activos tóxicos. Así sucede en el caso de Caixa Geral de Depósitos, de carácter público y con acusadas dificultades de liquidez y recapitalización.

Además, como sucede en España, destacan las quejas masivas debido a las cláusulas suelo aplicadas en los contratos de hipotecas.

En consecuencia, la proposición de ley subraya: “En la mayoría de esos casos, la ausencia o demora de una sanción efectiva a los responsables afectó a la credibilidad de las entidads encargadas de la regulación y supervisión del sector financiero, así como a la confianza en el sistema judicial”.

Eso sí, las penas pueden reducirse a la mitad en los supuestos en que el causante “repare de forma integral los daños patrimoniales provocados hasta el comienzo del juicio en cuestión”.

Dado que estas iniciativas suelen perjudicar a numerosas personas, se considerará más grave cuantos más afectados haya, algo que redundará en la multiplicación de las infracciones.

Si nos remontamos a la situación auspiciada por el Espírito Santo, unos 4.000 clientes invirtieron casi 434 millones de euros en títulos comerciales de las empresas del ‘holding’, vestidos por el banco como si fueran un producto financiero genuino.