Los hijos del «baby-boom», castigados
El Gobierno ha recurrido finalmente a los temidos recortes, también en pensiones. Los trabajadores que hoy están cotizando no tienen asegurado que vayan a cobrar en el futuro pensiones equiparables en cuantía a las actuales. En términos generales habrá que trabajar dos años más para poder jubilarse ... en un futuro si prospera la propuesta del Ejecutivo de ampliar la edad de jubilación de 65 a 67 años en 2013. Es la medida capital, el plato fuerte de una reforma que persigue recuperar la credibilidad de la economía española y del propio presidente del Gobierno en un año clave, el de la Presidencia Europea, para el que Zapatero también ha perfilado un plan de austeridad por 50.000 millones para encarar un déficit público que ya se ha situado en el 11,4% del PIB.
Pero ¿quiénes serán los primeros afectados por la reforma de las pensiones que ahora se propone? El sistema se ha beneficiado de un bonus demográfico por el que los ingresos en la población activa han sido muy superiores a los abandonos. Pero la situación toca a su fin, teniendo en cuenta que aún quedan por llegar la casi masiva generación del «baby-boom», los nacidos en los años 60, que serán los primeros en jubilarse a los 67 años.
La medida se traduce en más años de cotización y menos de pensión , es decir, más ingresos y menos gastos en un momento en el que urge asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, teniendo en cuenta que la solidaridad interregional actual no será suficiente para poder afrontar la llegada masiva de los nacidos de la explosión de la natalidad de los años 60, de los «hijos del baby-boom».
De prosperar esta modificación el alivio para las arcas de la Seguridad Social no serían nada desdeñables. Cada ejercicio adicional de trabajo más allá de los 65 años supondría un ahorro de entre el 0,3% y el 0,5%, lo que traducido a euros sería entre 3.000 y 5.000 millones, según las primeras estimaciones oficiales.
También la viudedad
Pero la medida no es aislada. Paralelamente, el Ejecutivo es partidario de ampliar los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, ahora en quince años. Con ello se evitarían los agravios que se están produciendo con los despidos masivos de trabajadores en el último tramo de su vida laboral dada la concentración del procedimiento de cálculo en los últimos años.
Plato fuerte también es el que se prepara para la viudedad. El Gobierno cree que ha llegado el momento de estudiar si en los casos de convivencias familiares breves y sin descendientes, en lugar de una pensión vitalicia se asigne una indemnización en pago único o una prestación temporal. Y también es partidario de establecer una relación más flexible para mejorar la situación de los pensionistas que perciban una única renta. Una racionalización de esta prestación, que también se propone para las pensiones de orfandad, aunque en este caso apenas se concreta y se deja para el debate, al igual que las medidas para frenar los abusos en la incapacidad temporal.
Como fórmula para captar más ingresos, el Ejecutivo quiere extender a los becarios de postgrado y a las empleadas de hogar la cotización al sistema y no descarta «posibles modificaciones parciales» en las cuotas, aunque deja también muy claro -sobre todo a CEOE- que están en línea con las que se aplican en los países de la UE-25 y no han sido un «obstáculo» a la creación de empleo en la etapa de bonanza.
Sobrecoste a las empresas
No faltan tampoco medidas para luchar contra el uso abusivo de las prejubilaciones. El objetivo perseguido es limitar las reducciones de plantilla en las empresas que registren beneficios e imponer a las empresas parte de los sobrecostes que implica la expulsión temprana de los trabajadores del mercado de trabajo. También pretende eliminar las formas del uso indebido del despido como forma de acceso a la jubilación anticipada; fomentar la jornada flexible durante los últimos años de vida laboral para evitar «una brusca transición» entre actividad y jubilación; e incrementar paulativamente y universalizar de manera inmediata la edad mínima legal de jubilación en los 52 años.
Todos estos cambios se producen en un momento de superávit en las cuentas de la Seguridad Social, única administración del Estado que en 2009 lo registró. 8.501 millones es el excedente que, sin embargo, supone un 41% menos que un año antes. Una caída que es causa directa de la crisis, de la espectacular caída de las cotizaciones sociales, fruto del aumento del paro.
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