Jubilarse a los 67 años no es suficiente

El propio documento aprobado el viernes por el Ejecutivo admite que es necesario hacer una «reconsideración general de las prestaciones» y las medidas que plantea o que propone debatir van mucho más allá del retiro a los 67 años. Por ejemplo, aboga por «modular en su caso» el periodo de carencia, el cómputo de la base reguladora o el porcentaje aplicable a la misma en función de los años cotizados. Actuaciones en cualquiera de estas áreas significarán recortes en la mayoría de las nuevas prestaciones.

En los últimos meses, numerosos de expertos han comparecido ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para ofrecer su opinión sobre el sistema de pensiones y todos coinciden en la necesidad de realizar reformas generalizadas, si bien han de ser aplicadas de forma paulatina para que no recaigan en una sola generación.

La ampliación de la edad de jubilación ha sido recomendada por varias de las personalidades consultadas y sólo vetada por algunas como los líderes sindicales. En cualquier caso, es un asunto que presenta problemas más allá del mero rechazo por parte de los ciudadanos a una medida que ha irrumpido de manera brusca en sus expectativas vitales.

Mercado laboral difícil

Así lo recordaban, entre otros, José Antonio Herce, director de Analistas Financieros Internacionales, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, o Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos. En comparecencias diferentes, estos expertos llamaban la atención sobre la paradoja que supone retrasar la edad de retiro a los 67 años cuando las empresas están expulsando trabajadores del mercado laboral antes incluso de los 50 años. Por ello abogan por medidas de tipo cultural y de reciclaje si se quiere que esta iniciativa sea efectiva. Hay que tener en cuenta al respecto que la edad actual de 65 años no impide que la jubilación real se produzca por debajo de los 64 años. En cualquier caso, esta es una de las reformas más efectivas para reducir el gasto en pensiones, en opinión del gobernador. Y el propio Gobierno admite en su documento la necesidad de actuaciones en la mejora del empleo y el riesgo para facilitar el trabajo de personas de más edad

Una de las dos alternativas a la elevación de la edad de jubilación, ya abordada por países como Alemania y otros seis de la OCDE, es elevar las cotizaciones de las empresas y trabajadores, algo que todos los expertos descartan por sus efectos nocivos sobre el empleo. La otra es cobrar menos pensión por el mismo tiempo cotizado, salvo que se busquen fuentes de financiación fuera del sistema, algo más complicado, si cabe, que la reforma planteada, dado el déficit público y el endeudamiento ya existentes en todos los países.

El déficit, una amenaza

En el caso de actuar sólo sobre las cotizaciones, Felipe Serrano, catedrático de la Universidad del País Vasco, señalaba ante la comisión parlamentaria que sería necesario elevar al 50% el tipo pagado a la Seguridad Social -casi el doble que en la actualidad- para garantizar a mediados de este siglo el sistema de pensiones, cuando alcance su punto más problemático. El problema es que esta opción es totalmente inviable, incluso para cualquier profano. Otra posibilidad es bajar la cuantía de las nuevas pensiones de manera drástica. Si en la actualidad son de una media del 63% sobre el salario medio, recordaba Serrano, debería caer hasta el 36% para arreglar el problema económico utilizando sólo esa vía.

Sobre la gravedad del problema del déficit futuro de las pensiones, aseguraba Serrano que si no se reforma el sistema en 2040 -para entonces el Gobierno calcula 15,3 millones de pensionistas-, el desajuste será equivalente a lo percibido por dos millones de pensionistas, y en 2050, a 3,7 millones.

La reducción de la cuantía de la prestación puede abordarse por varias vías, según los expertos, pero son habas contadas, y conocidas desde hace tiempo. Una es ampliar el periodo de cómputo de los actuales 15 años. Ya lo han hecho Francia (a 25 años), Austria (a 40 años) y Finlandia, Polonia, Portugal y Suecia (toda la vida laboral).

Aunque Juan Iranzo sostenía que una acción así no tiene efectos muy relevantes, habría casos en que la prestación resultante podría crecer, y otros, posiblemente la mayoría, en que bajaría, pero en una cuantía máxima de un 15% en ambas direcciones. También cabe la opción de reducir el porcentaje de pensión sobre la base reguladora, o ampliar el periodo mínimos de cotización, bien para acceder a una pensión o bien para percibirla completa.

Otra vía, recordaron los expertos, para allegar recursos al sistema es la separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social, que en la actualidad corre con la mayor parte del gasto de los complementos de las pensiones mínimas -unos 4.500 millones-, cuando dependen de una decisión política del Gobierno de turno.