El Gobierno autonómico balear presidido por la socialista Francina Armengol, recibió el pasado viernes dos cartas con el membrete del Ministerio de Hacienda. En una de ellas, el departamento dirigido por Cristóbal Montoro le comunicaba la financiación provisional de la comunidad para 2017 pero ... en la otra, le anunciaba que ante el retraso del Ejecutivo regional en el pago a proveedores iba a endurecer los controles . Así figura en la misiva enviada por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, a la consejera de Hacienda balear, Catalina Cladera.
Como desgrana Beteta, Baleares incumplió durante dos meses consecutivos el límite de pagar con un retraso máximo de 60 días que estipula la Ley de Estabilidad. Sin ir más lejos, en julio se demoró 83 días en pagar a sus proveedores frente a los 37 de media autonómica.
Debido a ello, Hacienda comunica a la comunidad la adopción de medidas correctivas. Entre este abanico de controles destaca la congelación del gasto público según lo previsto en los presupuestos, la autorización por parte de Hacienda de toda operación de endeudamiento a largo plazo así como que la comunidad deberá informar al ministerio de las medidas que tomará para mejorar su situación.
«Todas aquellas modificaciones presupuestarias que conlleven un aumento neto del gasto no financiero de la comunidad autónoma y que, de acuerdo con la normativa autonómica vigente no se financien con cargo al fondo de contingencia con baja en otros créditos, requerirán la adopción de un acuerdo de no disponibilidad de igual cuantía del que se informará al Ministerio de Hacienda», desgrana la misiva.
Cinco días de límite
Junto a ello, el Gobierno balear deberá remitir todas las medidas adoptadas para generar tesorería y así pagar a sus proveedores en el plan de tesorería a remitir a Hacienda «el próximo 15 de octubre», es decir, en cinco días. La comunidad deberá adjuntar un cuestionario con el impacto de estas medidas.
De lo contrario, Baleares se arriesga a pasar al siguiente estado de alerta por impago a proveedores, en el que Hacienda le podría retener fondos como ya ha avisado a Aragón y Extremadura . Junto a la comunidad balear, la otra región a la que el ministerio ha alertado de que adoptará medidas correctivas –sin llegar al nivel de Aragón y Extremadura– es Comunidad Valenciana.
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