Hacienda amonesta a la Comunidad Valenciana por no pagar a proveedores

El mayor celo obedece a la excesiva demora de la Generalitat para saldar sus deudas con los proveedores. El Gobierno valenciano pagaba en marzo a 67 días, más de 30 por encima del máximo recogido en la normativa de morosidad. Este plazo, constata Beteta, «se ha superado durante dos meses consecutivos» , ya que en febrero registró un plazo de 69 días, por lo que se activan las medidas correctivas que contempla la Ley de Estabilidad.

Entre el nuevo abanico de controles reforzados, el Gobierno de Ximo Puig deberá pedir permiso al Ministerio para acometer cualquier aumento de gasto que, además, requerirá «la adopción de un acuerdo de no disponibilidad de igual cuantía». Es decir, la Comunidad Valenciana deberá recortarlo de otras partidas.

Este celo de Hacienda tambien se trasladará al endeudamiento de la región: el Ministerio deberá autorizar toda operación de endeudamiento a largo plazo de Valencia , incluso hasta el punto de validarlo solo por tramos si así lo considera necesario. La Generalitat también deberá actualizar su plan de tesorería e incluir medidas para explicar cómo va a pagar a sus proveedores para reducir el plazo de demora. Toda medida de ingreso o de menor gasto tendrá que destinarse a saldar estas deudas pendientes. En ese caso, el Gobierno de Puig también deberá incluir el impacto de estas en dicho informe y en el «cuestionario integrado que mensualmente debe enviar la Comunidad».

Ahora el departamento dirigido por Cristóbal Montoro vigilará mensualmente cómo evoluciona el plazo de demora de Valencia. Si continúa reincidiendo, Hacienda pasará al siguiente nivel y le embargará la financiación . La situación en la que se encuentra la Comunidad Valenciana es la previa a la que viven ahora Extremadura y Aragón, a las que Hacienda ya les retiene sus fondos directamente para pagar a sus proveedores desde el pasado mes de abril.

El tira y afloja entre el Gobierno de Ximo Puig y el Ministerio de Montoro ha sido constante. La vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, anunció a comienzos de mayo que estudiaba posponer pagos a grandes proveedores hasta el año que viene para cumplir con la senda de ajuste exigida por Hacienda para rebajar el déficit. El Ministerio negó la mayor y comunicó entonces que, en ese caso, se haría cargo de las facturas pendientes para que el plazo de pago bajara.

Tras este encontronazo, la Comunidad Valenciana aceptó no ejecutar partidas del presupuesto de 2016 por valor de 78 millones –frente a los 170 millones de reducción de gasto que pedía Hacienda–. Por su parte, el departamento de Montoro desbloqueó a continuación el primer tramo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la región, de 101 millones. Sin embargo, entre todas las autonomías, Valencia fue la que más se demoró en cumplir los requisitos impuestos por el Ministerio a las comunidades, lo que ha provocado que sea la que más tarde en recibir el segundo y tercer tramo de la financiación estatal .