Hacienda advierte que habrá que revisar el acuerdo salarial de los empleados públicos

Es la primera vez que un miembro del Gobierno reconoce que el pacto que se cerró con los sindicatos de la función pública el pasado mes de septiembre, y que garantiza el poder adquisitivo de los funcionarios hasta 2012, puede ser modificado. Hasta ahora, tanto la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, como la segunda, Elena Salgado, habían tratado de esquivar esta espinosa cuestión.

Carlos Ocaña explicó, no obstante, que el principal instrumento para recortar los gastos de personal no serán los salarios sino las contrataciones. La pretensión es que sólo se cubran un 10% de las vacantes que generen los 2,6 millones de empleados públicos. Según los cálculos de Hacienda sólo con esta medida el ahorro podría llegar al 7%. Pero aún así, Ocaña insistió en que el Pacto tiene que adaptarse al objetivo de reducción del déficit que se ha presentado a Bruselas.

El acuerdo vigente prevé un incremento del 0,3% en el salario de los empleados públicos para este año 2010, «y aquí no habrá sorpresas», apuntó Ocaña. Pero lo que no está tan claro es cuáles serán las subidas de 2011 y 2012 y, sobre todo, si se mantendrá el compromiso de compensar a los empleados públicos en 2012 si la inflación sube por encima de las subidas aprobadas, lo que es más que probable, al menos en este año 2010.

Déficit público

Ocaña presentaba ayer también el cierre de la ejecución presupuestaria de 2009, que pone de manifiesto que el Estado gastó el año pasado 205.714 millones de euros, prácticamente el doble de lo que ingresó, 105.929 millones. Este desfase provocó un déficit de cerca de 100.000 millones de euros, un 9,49% del PIB.

El secretario de Estado explicó que estas cifras están condicionadas por el contexto de crisis económica en el que se enmarca y por las medidas extraordinarias de estímulo puestas en marcha por el Gobierno para contrarrestar el impacto sobre familias y empresas de la pérdida de dinamismo de la economía. Estas medidas, así como las aportaciones del Estado al pago del subsidio de paro, explican, según Hacienda, más de una tercera parte del déficit público de 2009.

De hecho, el gasto comprometido el año pasado creció un 24,1%, mientras los ingresos se desplomaron un 21,6%.

Dentro de los gastos, crecieron tanto las inversiones -casi el 20%-, como los gastos corrientes -un 7,9%-. Ocaña justificó este último incremento con la compra de vacunas contra la gripe, a la que destinaron 325 millones de euros.

En cuanto a los ingresos, las mayores caídas fueron para el IVA, un 30%; seguido del Impuesto de Sociedades, un 26%. El descenso en la recaudación del IRPF fue más moderado, algo más del 10%.

Índice de libertad económica

Por otro lado, España ha descendido nueve puestos en los últimos cuatro años en el «Índice de Libertad Económica», al caer desde el puesto 27 al 36 de un total de 179 países.

El informe, elaborado por The Heritage Foundation y «The Wall Street Journal» y editado en España por FAES, fundación presidida por José María Aznar, mide aspectos como la libertad comercial, la eficiencia reguladora o el índice de corrupción. De los 100 puntos máximos que otorga, España sólo obtiene 69,6.

Terry Miller, embajador del consejo económico y social de la ONU y uno de los autores del índice, aseguró en la presentación del mismo que España ha sufrido un «ligero retroceso» fruto del «estancamiento» tras su rápido ascenso entre 1998 y los primeros años de este siglo. Pero lo cierto es que es superado por primera vez por países como Corea del Sur, El Salvador, República Checa o Eslovaquia.

En el último año, España empeoró en seis de los diez indicadores, lo que enciende «una alarma» y recomienda «cambios en la política económica» para evitar «una espiral descendente».