Gobierno y supervisores dijeron hasta última hora que el Popular era solvente

A mediados de abril, en el XXIV Encuentro Financiero de ABC-Deloitte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, garantizó que la entidad no sufría ni un problema de solvencia ni de liquidez . «El Gobierno y el Ministerio de Economía no tienen inspectores, los tiene el supervisor y es el que analiza la situación de la entidad. Eso es lo que me dicen: ni problemas de solvencia ni de liquidez », dijo, apuntando al BCE y al Banco de España.

Solo unos días antes el ya expresidente del Popular Emilio Saracho se estrenó en el cargo durante una junta de accionistas en la que anunció una eventual nueva ampliación de capital , sin dar más detalles al respecto. Con el paso del tiempo, y sin noticias de esos planes, los mercados empezaron de nuevo a castigar el valor. Algunos analistas consideraron que se trató de un grave error de comunicación del banquero.

Hacia finales de ese mes de abril se publicaron las primeras informaciones que apuntaban ya a una fuga de depósitos de clientes. En la rueda de prensa de presentación de los resultados del banco en el primer trimestre, celebrada el 5 de mayo, el exconsejero delegado Ignacio Sánchez-Asiáin negó que existiese un problema de esa magnitud. El banco, cabe recordar, ha terminado intervenido por la falta de liquidez y el riesgo de no poder atender a sus depositantes.

«Banco Popular desmiente categóricamente que haya encargado la venta urgente del banco, exista un riesgo de quiebra y el presidente haya comunicado a otras entidades financieras la necesidad inminente de fondos ante una fuga masiva de depósitos», aseguró el 11 de mayo en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Las acciones del banco siguieron desplomándose, sufriendo sesiones de auténtico derrumbe. Eso tampoco movió al supervisor bursátil a tomar cartas en el asunto. El presidente de la CNMV , Sebastián Albella, explicó esos días que estaban «analizando con atención la volatilidad» del valor, pero aclaró que «por defecto, al mercado hay que dejarle seguir funcionado» y justificó así que no se suspendiese la cotización.

El pasado viernes Saracho envió una carta a los empleados del banco en la que explicaba que, a pesar de la difícil situación, el banco «sigue siendo solvente» y cuenta con «un patrimonio neto positivo» . Dos días antes el FROB y la Junta Única de Resolución negaron que el Popular estuviese ya en una fase temprana de intervención. El sábado, tres días después, ambas autoridades iniciaron de forma preventiva el proceso de resolución.

«Compré acciones teniendo en cuenta que era un banco que había pasado los test de estrés con nota. La acción empieza a bajar y no me quejo, es el riesgo que asumimos. Siguió perdiendo, pero confié por los comunicados de entidades como la CNMV o el ministro De Guindos», decía ayer uno de los accionistas que ya han demandado a la antigua cúpula del Popular.

Algunas fuentes jurídicas y financieras admiten que esta situación puede derivar en un nuevo caso Bankia y que las autoridades supervisoras pueden ser demandas por dejadez. Otras, sin embargo, consideran que poco más podían hacer, y que si el banco llega a esta situación es por la gestión pasada de la entidad.