El Gobierno salva el decreto de los 11.000 millones pero es abroncado por toda la oposición

La crítica por la exclusión de muchas empresas, que se quedarán fuera por no pertenecer a una de las 95 actividades seleccionadas en el real decreto ley, ha sido general entre los grupos políticos. Precisamente hoy Cepyme ha denunciado que más de 2 millones de pymes serán excluidas por los requisitos sectoriales impuestos, lo que se traducirá en que el 59% de las pymes madrileñas en apuros no tendrán ayudas y el 56% de las catalanas.

Calviño se ha defendido asegurando «ser consciente» de que otros sectores aparte de los directamente beneficiados por el decreto «están pasándolo mal», pero se ha escudado en «criterios objetivos» del impacto de la pandemia y ha asegurado que espera que la reactivación del conjunto de la economía haga que cada vez sean menos lo sectores que cumplan estos requisitos.

Una de las palabras que más se han escuchado en la Cámara baja esta mañana ha sido «responsabilidad», a la que se han agarrado muchos grupos para justificar su abstención y hasta su apoyo. Desde las filas populares, la diputada Elvira Rodríguez ha defendido que votaban abstención por «responsabilidad» a pesar del «retraso» del decreto, que «deja fuera a muchos sectores» y que establece un «trámite complejo» para que las comunidades canalicen las ayudas. «Únicamente 95 de las 538 ramas de actividad podrán recibir ayudas directas: 355.713 empresas de 2,2 millones y 1 de cada 3 autónomos», ha criticado Rodríguez.

Especialmente duro se ha mostrado el PNV, que ya estos días atrás mostraba sus dudas sobre la norma y las formas del Gobierno. Su diputada Idoia Sagastizábal ha afeado al Ejecutivo su falta de negociación y su estrategia de colocar a los grupos ante «la disyuntiva del todo o nada». «Hoy, algunos de los que votan 'sí' lo hacen con resignación. Porque es mejor algo que nada», ha dicho. Los socios preferentes del Gobierno le han criticado que no esté teniendo en cuenta en su gestión la forma desigual en que la crisis está afectando a los sectores en los distintos territorios, por lo que le ha pedido «escuche y negocie antes de aprobar las medidas».

Otro de los grandes apoyos parlamentarios del Gobierno, ERC, ha afeado tanto los tiempos como el fondo de la norma, aunque también ha tirado de «responsabilidad» para argumentar su 'sí'. «Llega tarde y mal», ha dicho el diputado Joan Capdevila , que ha destacado que la norma se aprueba un año después de que estallara la crisis y tras «presiones por todos los lados». «Las medidas eran urgentes y necesarias, pero la limitación a unos sectores no es equitativo, no está justificado por qué se señala solo a algunos sectores y no es descartable que el grado de ayudas resulte insuficiente. Se van a quedar fuera a miles de empresas».

Las tensiones que hubo en el seno de la coalición durante el diseño de esta norma se han vuelto a hoy a palpar en el Pleno. «No ha sido fácil sacar este decreto», ha dicho desde Unidas Podemos Pablo Echenique , quien calificó los 7.000 millones de ayudas directas como «una muy buena noticia». Eso sí, ha remarcado que el «texto no es perfecto», por lo que tratarán de modificarlo para garantizar que la mayor parte de las ayudas van a pymes y autónomos «y no a grandes corporaciones» y también para «eliminar de las ayudas a sectores parasitarios como las casas de apuestas y añadir algunos que faltan».

El dardo a la vicepresidenta Calviño, con quien se ha tensado mucho la relación en las últimas semanas, ha sido claro. Echenique ha relacionado la tardanza del decreto con la «repetición del eterno debate en el seno del Gobierno entre los que quieren volver cuanto antes a la austeridad y recelan de la inversión pública, y de otro lado los cabezones que insistimos en que la austeridad es una medida fracasada», en alusión a la ministra.

Desde Ciudadanos, María Muñoz ha centrado sus críticas en el sistema de reparto de los fondos, «claramente ineficaz», lo que pone en riesgo el éxito de las ayudas. «Pueden ser un fiasco tan sonado como el ingreso mínimo vital». Por su parte, la diputada de Vox Patricia Rueda justificó el 'no' del grupo por la tardanza y la escasez de las ayudas, que «hieren de muerte» a muchas empresas y autónomos.

El decreto ley contiene 7.000 millones de euros en ayudas directas, de los que 2.000 serán para Canarias y Baleares, que se podrán destinar al pago de gastos fijos, deudas de proveedores y al pago a otros acreedores financieros y no financieros. Las condiciones de acceso son duras: las empresas deben haber sufrido una caída del 30% en su facturación y haber generado estas obligaciones entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Además deben proceder de contratos anteriores a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.

La vicepresidenta ha centrado su defensa en el esfuerzo global del Gobierno ante el envite de la pandemia. Según Calviño, el Ejecutivo ha movilizado 29.000 millones de euros de recursos públicos para apoyar a las empresas, lo que supone un 2% del PIB. Calviño ha reconocido una «clara ralentización de la actividad», por lo que «es fundamental que en estas semanas complicadas que nos quedan por delante no bajemos la guardia» y se ha comprometido a mantener durante todo el año la cobertura de las medidas aprobadas. En concreto, ha citado los ERTE, que «se extenderán todo lo que sea necesario» .