El Gobierno provoca que Ence congele inversiones de 350 millones en Pontevedra

En caso arranca en 2016, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó una prórroga de 60 años de la concesión de tierras otorgada a Ence en Pontevedra. Sin embargo, esta prórroga fue denunciada por el ayuntamiento de Pontevedra del BNG y dos asociaciones ecologistas. Los denunciados son la Administración estatal y Ence.

Sorprendentemente, la Abogacía del Estado decidió recientemente no defenderse a sí misma, por lo que ha dejado «vendida» a la compañía. Esta maniobra, que cuestiona el futuro de más de 5.000 puestos de trabajo, se entiende como un guiño de Pedro Sánchez a sus aliados en Galicia para intentar echar a Alberto Núñez Feijóo.

De momento, la compañía presentó ayer en la Audiencia Nacional sus alegaciones a favor de la prórroga de 60 años. Si la sentencia fuera negativa a la misma, Ence está dispuesta a defender su planta de Pontevedra en el Tribunal Supremo, en el Constitucional (TC) y en el Tribunal de Justicia de la UE si la Audiencia Nacional falla en contra de la prórroga de 60 años. Todo este proceso podría prolongarse durante cinco o seis años.

La decisión de la Abogacía del Estado ha provocado un terremoto en en seno de Ence, compañía que preside Juan Luis Arregui, ya que pone en un brete el plan estrategico para el periodo 2013-2019 presentado en noviembre pasado. Y no solo de la planta de Pontevedra, sino de todos sus negocios, tanto nacionales como internacionales.

La empresa se ha dado un plazo de un mes para presentar un análisis del impacto de esta nueva situación en su plan estratégico 2019-2023 y definir alternativas. Entre ellas podría estar el traslado de parte de la producción de la planta de Pontevedra a la de Navia.

Desde esta compañía destacan que si el allanamiento es aceptado en los tribunales podría provocar una fuerte destrucción de empleo en toda Galicia: de la biofábrica de Pontevedra dependen de forma directa e indirecta más de 5.100 familias. La planta dispone de una plantilla fija de 400 empleados a los que se unen 2.700 puestos de trabajo de contratistas del área industrial, logística y del transporte (cada día 300 camiones entran en la fábrica y la celulosa de Ence supone la mitad del tráfico del puerto de Marín ya que se exporta el 95% de la producción), así como más 2.100 empleos en el sector forestal de Galicia que dependen directamente de la actividad de Ence.

Asimismo, el sector forestal del noroeste de España se verá muy afectado por una fuerte bajada de precios provocada por la caída de la mitad de la demanda, lo que afectará a las más de 200.000 familias productoras forestales.

Ence aporta un 28% del PIB de Pontevedra y se comprometió con la prórroga de la concesión en 2016 a acometer inversiones por 71 millones de euros, de los que están realizadas más de 40 millones y comprometidas otras 10 millones. Además se comprometió a un programa de inversiones en Galicia por otros 47 millones de euros.

Cabe recordar que la compañía implementará un aumento de la capacidad de 20.000 toneladas en la fábrica de Pontevedra.

Por otra parte, y en caso de una sentencia negativa, Ence pedirá una compensación por todas las inversiones realizadas desde que se otorgó la concesión de la extensión en 2016. Estas inversiones ascienden a 132 millones de euros hasta la fecha. «Retrasaremos cualquier inversión adicional en Pontevedra hasta que haya completa certeza», subrayan en la compañía.