El Gobierno prepara una subida del 2% en el sueldo de los empleados públicos

La mecánica sería similar a la de las pensiones. En la presentación del programa electoral del PSOE, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez prometió el pasado lunes que, si gana las elecciones y pese a que previsiblemente seguiría en funciones, en diciembre revalorizará las pensiones con el IPC en 2020 . De no haber Ejecutivo formado para finales de diciembre, que es la prioridad apuntan estas fuentes, se aprobaría invocando razones de «urgencia» o «interés general» para sacarlo por decreto-ley, aludiendo a las excepciones que impone la Ley de Gobierno cuando se está en funciones.

De la misma forma que el Gobierno, al prometer que subirá las pensiones con el «IPC real» , alude al único acuerdo al que llegó la Comisión del Congreso de los Diputados sobre el Pacto de Toledo en pensiones, en el caso de los empleados públicos, la referencia es la resolución publicada en el BOE con el acuerdo firmado entre el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y los principales sindicatos de las administraciones (CSIF, CC.OO. y UGT) en 2018, que recogía una subida trianual fija y variable.

En todo caso, se aprobaría solo la parte fija, ya que en variables el alza puede llegar al 3,85% si el PIB crece un 2,5% en 2019 -lo que añadiría a este 2% un punto de alza adicional, aunque es improbable que se crezca a este nivel-, o si se cumple la meta de déficit de 2018 a 2020 -lo que no se conseguirá este año ni se logró el anterior y de lo que dependían 0,55 puntos más de subida-. A ello se añaden 0,3 puntos de subida en fondos, pendientes de aprobar y repartir.

Tras las elecciones del 10-N, las Cortes se podrían constituir el 3 de diciembre, por lo que el Congreso de los Diputados podría convalidar desde entonces decretos-leyes, aunque la prioridad del Ejecutivo es haber formado ya Gobierno a finales de diciembre. Ha habido muy contados precedentes de gobiernos en funciones que aprobaron un decreto-ley: uno de ellos fue bajo el mandato de Rodríguez Zapatero, cuando en diciembre de 2011 elevó la aportación máxima legal de la banca al Fondo de Garantía de Depósitos. El Ejecutivo de Mariano Rajoy también aprobó en funciones por decreto-ley en 2016 la prórroga del Plan Prepara a parados de larga duración y la subida de las retenciones en el Impuesto de Sociedades a la gran empresa para contener el déficit.

Una de las principales armas de presión para conseguir la subida salarial son los sindicatos. CSIF reclamó ayer al Gobierno que, al igual que va a subir las pensiones por decreto-ley, haga lo propio con los salarios de los empleados públicos. «2,5 millones de votos de empleados públicos y sus familias pueden ser determinantes» , señaló ayer el presidente de CSIF, Miguel Borra , en la presentación de la hoja de ruta del sindicato de cara a las elecciones. Junto a ello, la central recuerda que el año pasado acometió varias movilizaciones para presionar al Gobierno a cumplir el acuerdo, lo que puede volver a ocurrir este ejercicio después de los comicios, si el Ejecutivo hace caso omiso de sus peticiones.

De esta forma, los sindicatos hornean un «otoño caliente » para los próximos meses. CC.OO. también prepara una oleada de movilizaciones para protestar por las condiciones de los empleados públicos y exigir que se apruebe la subida salarial por decreto. El sindicato que dirige Unai Sordo envió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace un mes con este fin.

La subida de las pensiones ha abierto el melón para las protestas de los sindicatos de la Administración. Junto al alza salarial, CSIF reclama una subida del 19,6% en varios años para recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos desde 2010, mediante la firma de un acuerdo plurianual, la jubilación voluntaria a los 60 años de los funcionarios y que se repongan a 300.000 trabajadores de la Administración .

¿Cuánto costaría la subida del 2% que el Ejecutivo apalabró con los sindicatos? Para el conjunto de las administraciones supondría unos 3.000 millones de euros más de gasto en 2020, si bien para el Estado tiene un coste bastante inferior, de unos 344 millones en base a los costes de personal que figuran en el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019.