El Gobierno eliminará las licencias municipales para poder abrir pequeños comercios

Está previsto que el nuevo sistema comience a funcionar en junio, aunque los ayuntamientos que así lo deseen podrán hacerlo antes con un simple cambio de ordenanza municipal, dijo hoy el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, quien aseguró que Sevilla, Valencia y Madrid ya se lo plantean. «Se sustituye un sistema de licencias a priori por otro de control a posteriori» , resumió García-Legaz, que destacó que este cambio puede hacer del pequeño comercio un «nicho de empleo» y un sector refugio para los desempleados así como para la gente con menos formación.

El objetivo es agilizar trámites y reducir los costes para el emprendedor, al tiempo que los ayuntamientos no verán mermados sus ingresos, explicó García-Legaz, que apuntó que la normativa se limita a locales de hasta 300 metros cuadrados titularidad de una pyme (lo que deja fuera a tiendas de cadenas de distribución). Actualmente, para abrir un comercio se necesitan dos licencias, la de establecimiento y la de actividad, y el sistema se aplica con «enorme arbitrariedad respecto a plazos y criterios» dependiendo del ayuntamiento, señaló García-Legaz, que destacó que así se reducirá la corrupción municipal. «Esto entorpece las inversiones y la creación de puestos de trabajo», dijo el secretario de Estado, que subrayó que, además, eleva mucho los costes de abrir un comercio, ya que durante el proceso de tramitación de las licencias, los empresarios se ven obligados a pagar un alquiler o una hipoteca por el local sin poder iniciar la actividad hasta finalizar el trámite burocrático.

Con la nueva ley, estas dos licencias desaparecerán, de forma que el empresario, para poder abrir, sólo deberá presentar una informe técnico expedido por un profesional colegiado, una declaración responsable de que cumple la normativa municipal y pagar las correspondientes tasas. «Al día siguiente podría abrir», afirmo García-Legaz, que señaló que ahora el plazo de apertura pasará a depender de la agilidad del empresario para cumplir estos trámites.

Los ayuntamientos podrían destinar los funcionarios que ahora se dedican a tramitar las licencias a inspeccionar que los locales cumplen las reglas. La nueva normativa, aseguró, no invade competencias municipales ni autonómicas y tendrá un efecto positivo en las arcas de los ayuntamientos porque estos verán aumentar sus ingresos del Estado al impulsar la actividad económica.

Para perfilar la nueva regulación que en principio se denominará «Ley de Eliminación de Licencias», la primera semana de marzo se pondrá en marcha una mesa sectorial con las comunidades autónomas para que en menos de tres meses el proyecto de ley comience su tramite parlamentario. García-Legaz añadió que se podrán acoger a la «autolicencia exprés» tanto los empresarios que están tramitando licencias como «los cientos de miles de comerciantes que por desesperación decidieron abrir su local sin licencia». El texto legal, que no afecta a la hostelería o a las agencias de viajes, entre otros, delimitará con exactitud el tipo de actividad que se puede acoger a este sistema de licencia para dar seguridad jurídica y evitar «ambigüedades», apuntó.