El Gobierno insiste en que cerrará las nucleares entre los años 2023 y 2028

Durante su intervención en la comisión de Transición Ecológica y en respuesta a los grupos parlamentarios, Ribera ha incidido en que el Gobierno se atiene a la voluntad de cumplir con lo establecido en el programa del PSOE, que es tomar como referencia los 40 años de la vida tecnológicamente útil desde el inicio de la explotación comercial de una central.

Así, la central de Almaraz I cumplirá los 40 años en 2023, Almaraz II en 2024, Ascó I también en 2024, Ascó II en 2026, Cofrentes en 2025, Trillo en 2028 y Vandellós II en el mismo año.

En su opinión, es un poco «simplista» pensar que se puede hacer una estimación razonable de los costes que tiene el cerrar las centrales y ha abogado por un escenario donde predomine un análisis más profundo para dar una respuesta coherente al respecto.

Cabe recordar que el Ejecutivo de Rajoy advirtió de que el cierre de las centrales nucleares podría ocasionar un incremento del 25% de los precios de la luz.

Para la ministra, una de las cuestiones «más relevantes» en temas nucleares es entender lo que supone el cierre de las centrales analizando el coste financiero, la gestión de materiales peligrosos y de las necesidades tecnológicas, tanto si se trata de un cierre adelantado como de un cierre postergado de las centrales.

Durante su intervención, Ribera ha denunciado que a su llegada al ministerio «no se encontró» con un plan nacional de seguridad de residuos, por lo que se está incumpliendo una obligación europea de seguridad en el tratamiento de los residuos nucleares, y ha subrayado que, en la actualidad, no se sabe cuántos hay y dónde y cómo se gestionan.

Por otra parte, la ministra ha dicho que el almacén de gas Castor no generó ningún daño ambiental , aunque sí tener que pagar «la gestión de una infraestructura enormemente costosa e innecesaria».

Ribera, en respuesta a quienes le han recordado en la comisión que fue ella quien firmó la declaración de impacto ambiental (DIA) de esa instalación como secretaria de Medio Ambiente en el Gobierno de Zapatero, ha señalado que ella firmó la DIA, tal y como establece la ley, porque siempre ha tenido una «confianza inmensa» en los funcionarios de su equipo.

No obstante, ha manifestado que «el lío del Castor tiene muy poco que ver con una declaración de impacto ambiental», durante cuya tramitación ha dicho que la seguridad fue la preocupación principal y se consideró solventada por un sistema de alertas tempranas para la detección de incidentes.

Ha indicado que, no obstante, el almacén de gas submarino Castor, que tuvo que ser paralizado e hibernado tras los movimientos sísmicos generados por la inyección de gas en el mismo, deja dos lecciones que extraer, una que, pese lo «excelentes» que puedan ser los técnicos, hay que saber «qué riesgos queremos correr», informa Efe.