El Frob, dispuesto a aportar datos confidenciales sobre la resolución del Popular

Con todo, el texto, que asume por ahora el criterio de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, se limita a enviar únicamente la información propiedad del FROB , si bien ha dejado abierta una puerta para incorporar al procedimiento otros detalles en caso de que el tribunal así lo crea necesario, han explicado fuentes del mercado próximas al organismo.

Como ha adelantado hoy Vozpópuli, la sala de lo Contencioso-Administrativo ya dispone del expediente en el que obran documentos sobre la resolución del Popular -acordada por Europa el pasado 7 de junio- por la que la entidad fue vendida al Santander a precio de saldo y que supuso la reducción a cero del valor de sus acciones y de la deuda subordinada.

Quedan excluidos, de momento, todos aquellos aspectos que la JUR ha estimado de carácter reservado y sensible dado el posible perjuicio que su publicación podría ocasionar al interés público y a la estabilidad financiera de la región.

Pero también, por las interferencias que podría generar en torno al debate jurídico que actualmente se dirime en Luxemburgo, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia los recursos elevados por un amplio número de accionistas y tenedores de deuda del Popular, afectados por la amortización de sus inversiones.

Precisamente, la pasada semana, la Audiencia Nacional planteaba suspender la tramitación de los recursos contra el papel del FROB , que ejecutó en España la operación, hasta que la justicia comunitaria se pronuncie ya que la medida acordada «dimanó» directamente de Bruselas. En su providencia, la sala preguntaba a las partes personadas si, a fin de «evitar posibles incidentes que solo retrasarían y complicarían» cualquier decisión final, procede o no la paralización de esta vía.

Un planteamiento contra el que ya se han pronunciado plataformas de afectados , como la representada por el despacho de abogados Ferrer-Bonsoms & Sanjurjo, que ha anunciado su intención de recurrir la falta de acceso a la documentación del FROB por generarles «indefensión» al ser «imposible articular una causa justa».

Los perjudicados creen imprescindible disponer del informe íntegro sobre el estado del Popular realizado por Deloitte, el cual está previsto que se conozca en los próximos días. En el documento, la firma consultora atribuía a la entidad una valoración negativa q ue oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros, pero que, en un escenario más positivo, le concedía una valoración de 1.500 millones de euros.