Fórmulas para ayudar a España

Sobre lo que dice el artículo 15 del reglamento, no hay duda que la fórmula pasa obligatoriamente por que el país en cuestión firme el «memorándum de entendimiento» que es en términos reales el pliego de condiciones que constituye la intervención de su economía, aunque el dinero sea para la banca.

En julio del año pasado, el Consejo Europeo dio un paso hacia la flexibilización acordando que el acceso de los fondos de rescate para las entidades financieras quedaba abierto también «para los países que no están sometidos a un programa» de intervención. Pero sigue utilizando el mismo trayecto, que pasa por que sea el país en cuestión quien lo pida, lo que, de facto, lo convierte en un país bajo programa.

Si se pregunta en la Comisión Europea, la respuesta de los servicios del comisario Olli Rehn es que «en estos momentos lo que quiere España es imposible», pero si se inquiere en el Consejo la respuesta es que los juristas «están dándole vueltas al artículo 19» donde se describe la lista de instrumentos, para ver si es posible establecer una fórmula para que sea el propio Mecanismo de Estabilidad el que inicie la petición, abierta para todos los países con problemas en la recapitalización de los bancos.

Pero para que esa opción pudiera ponerse en práctica, algunos países (al menos Alemania y Finlandia) deberían pedir una autorización expresa de sus respectivos parlamentos y en todo caso tendría que ser una decisión por unanimidad de los 17 miembros de la moneda única.

Unos y otros se refieren, de todos modos, a textos legales que todavía no han entrado en vigor puesto que ni siquiera han sido ratificados. El famoso pacto fiscal impuesto por Alemania, que contiene la obligación de incluir en la Constitución la «regla de oro» sobre el control del gasto público, solo ha sido ratificado hasta ahora por nueve países (Grecia, Chipre, Portugal, Eslovenia, Dinamarca, Letonia, Rumanía y Suecia, además de Irlanda el pasado jueves por referéndum) y no se tienen noticias de los principales actores: ni Alemania ni Francia han puesto fecha a la ratificación de este tratado que entrará en vigor el 1 de enero de 2013 si al menos doce miembros de la zona euro lo ratifican.

El caso francés es el más relevante, puesto que el nuevo presidente François Hollande insiste en exigir una renegociación del texto que está siendo sometido a ratificación, y por ahora no ha dado señales de que esté dispuesto a renunciar a ello. En Bruselas prefieren no pensar en el terremoto jurídico diplomático que representarían las amenazas del nuevo presidente francés ya que lo que quiere en realidad Hollande es que se redacte un anexo con sus alusiones al crecimiento. En pocas palabras, regatear con Alemania para que la canciller Merkel acepte el concepto de eurobonos , algo que ya ha rechazado hasta que no se aumente la integración comunitaria.

La posición de Francia es sin duda muy incómoda, porque no sale ganando en todas sus posibles apuestas. El nuevo ministro de Economía, Pierre Moscovici, ya ha desafiado a Alemania a ratificar el Tratado Fiscal sin la firma del país galo, puesto que, aunque legalmente es posible, «en los hechos, nuestra importancia política no se puede ignorar».

Nadie sabe qué podría pasar en caso de semejante confrontación en el eje franco-alemán, pero tampoco la idea de los eurobonos a cambio de integración económica seduce a todos los franceses: Francis Wurtz, un influyente exeurodiputado de izquierda, ha emprendido una campaña alentando a Hollande «a no jugar con fuego» con la soberanía nacional, porque a su juicio la otra cara de la moneda de los eurobonos sería que Alemania controlara la economía francesa.

Es la misma razón por la que a la idea de buscar una fórmula para que el Mecanismo de Estabilidad pueda financiar directamente los banco s, Alemania y el Banco Central Europeo han respondido diciendo que para eso sería necesaria una «unificación bancaria» bajo control centralizado, es decir, no se concibe que un país o una entidad financiera reciban ayudas sin que a cambio tengan que renunciar a su libertad de gestión.

Una idea que según fuentes del Consejo puede reaparecer en el próximo eurogrupo es la que puso sobre la mesa el pasado mes de noviembre el Consejo Alemán de Expertos económicos —un grupo de influyentes economistas también denominados «cinco sabios»— para emitir eurobonos solamente para la parte de la deuda que supera el 60% del PIB de cada país, con el compromiso de que se pagaría en 25 años y que entonces desaparecerían, porque el pacto de estabilidad obliga a mantener el endeudamiento por debajo de ese porcentaje. La idea le pareció en su día a la propia Merkel «muy interesante».

La ratificación del Tratado Fiscal es también una condición necesaria para poder recibir asistencia por parte de los distintos fondos de rescate y del nuevo MEDE que debe empezar a funcionar formalmente el 1 de julio.

El tratado que lo constituye también anda con cierto retraso en las ratificaciones , puesto que solo han cumplido el trámite seis países: Dinamarca, Grecia, Francia, Portugal, Hungría y Eslovenia, aunque en Bruselas confían en que en las semanas que quedan del mes de junio, los parlamentos irán cumpliendo el trámite sin mayores objeciones.

Por ahora, por tanto, cualquier fórmula que pudiera necesitar España y que no tenga que pasar por un rescate como los de Portugal o Irlanda necesita o bien un cambio de las reglas del mecanismo de estabilidad para que los bancos puedan pedir ayuda por su cuenta, un cambio en las funciones del Banco Central Europeo para que se le autorice a comprar deuda, algo que horroriza a los economistas ortodoxos, o que Alemania acepte la fórmula de los eurobonos, aunque sea bajo esa fórmula de alcance limitado. La baraja de soluciones y de mecanismos burocráticos es amplia, pero la noción del tiempo de Bruselas y Madrid es diferente. En la capital belga, todos los mecanismos requieren semanas. Meses. Pero en Madrid, la batalla se libra ahora.