Fomento rescata la tercera autopista en quiebra, la AP-36 Ocaña-La Roda

Seitsa asume la infraestructura, su gestión, explotación y mantenimiento, y su plantilla, en sustitución de su actual sociedad concesionaria, una firma participada por Ferrovial, Sacyr y Kutxabank que ha quebrado con una deuda de 527 millones de euros.

Fomento confía en tomar en lo que resta del mes de marzo las otras dos radiales (la R-3 y la R-5) y la vía que une Madrid con el aeropuerto de Barajas. Asimismo, el 1 de abril asumirá la circunvalación de Alicante y la Cartagena-Vera.

En cuanto a la AP-41 Madrid-Toledo, será la última en 'rescatarse', dado que el proceso de concurso de acreedores por el que han pasado las nueve vías acumula un mayor retraso en el caso de ésta, de forma que aún no ha alcanzado la fase de liquidación.

Estas autopistas son así las primeras que el Estado tiene bajo su gestión en más de una década , después de que en mayo de 2006 privatizara la entonces Empresa Nacional de Autopistas (ENA).

Asimismo, la Administración pasa a asumirlas seis años después de que en 2012, en plena crisis, se declararan insolventes y en concurso de acreedores por el desplome del tráfico y los sobrecostes que afrontaron por las expropiaciones.

Estas nueve vías quebradas suponen una casi una quinta parte (570 kilómetros) de la red de pago. Su construcción supuso una inversión de 7.000 millones y actualmente soportan una deuda de 3.200 millones.

El plan de Fomento para estas autopistas pasa por asumir su gestión a medida que sus actuales concesionarias vayan entrando en liquidación y explotarlas durante unos meses, hasta que en la segunda mitad del año lance el concurso público para volver a privatizarlas y ceder de nuevo su explotación a empresas privadas.

El Ministerio ha comenzado a hacerse cargo de la gestión de las autopistas para garantizar que siguen en explotación mientras, en paralelo, gestiona el proceso administrativo necesario para resolver sus contratos de concesión.

Una vez que se resuelvan los contratos comenzará a correr el plazo de seis meses con que Fomento cuenta para determinar y pagar a las actuales concesionarias el importe que invirtieron en su construcción y que aún no habían recuperado con el cobro del peaje, la denominada responsabilidad patrimonial de la administración (RPA).

Se trata de una 'factura' que el Gobierno estima en unos 2.000 millones de euros, pero que los acreedores de las vías elevan hasta 4.500 millones. Fomento espera aminorar este monto con lo que saque de relicitar las vías, entre 700 y 1.000 millones de euros, pero ya ha reconocido que este importe no lo cubrirá en su totalidad y que la operación afectará así al déficit público de este año.