Fingir estar muerto, perder la vista y conducir un coche... el ingenio al servicio del fraude

Las redes delatan al implicado

Un asegurado tuvo un golpe en un circuito de carreras y, tras ello, traslada el coche a la autopista y comunica el siniestro desde ahí, pero comete el error de que el destrozo quedó grabado en el circuito y subido a redes sociales. Las cámaras no engañan y fue detectado el fraude.

Lesiones que nunca existieron

Los casos de lesiones son habituales. Pero no tanto ver cómo a una persona se la declara parapléjica por un accidente y los detectives le ven durante un seguimiento jugando al pádel. Lo mismo le ocurrió a una aseguradora, que demostró cómo una persona tras una pelea afirmó haberse quedado ciega y más adelante fue sorprendida conduciendo su coche particular a alta velocidad.

Jugar con la muerte para cobrar

Lo único que no tiene solución, como dicen, es la muerte, aunque en ciertos casos parece que sí. Una pareja trató de estafar a su entidad aseguradora fingiendo la muerte de uno de ellos. La sorpresa llegó cuando los investigadores detectaron que esa persona no había fallecido, ni tenía ninguna dolencia. Un fraude que requiere mantenerse toda una vida.

Destrozarse a sí mismo el local

En crisis, la desesperación ha invitado a empresarios a destrozar su local y maquinaria, para cobrar la indemnización y poder hacer reforma y comprar nuevo equipo. Incluso, casos en los que llegan a provocarse incendios ‘controlados’. La razón: que la salud financiera de esa compañía no permitía hacer inversiones.

Hace una semana, la esperanza comenzaba a abrirse camino para muchos pequeños negocios arrinconados por la pandemia y la crisis. El Gobierno acababa de aprobar el esperado paquete de 11.000 millones en ayudas, de los que 7.000 serían ayudas directas , con otras dos patas conformadas por el fondo de recapitalización Cofides y el de reestructuración de deuda. Las condiciones de acceso para las ayudas directas eran duras -exigen haber sufrido u na caída en la facturación mayor al 30% , no haber registrado pérdidas en 2019, ni haber comenzado un proceso concursal y estar al corriente de sus pagos con el Fisco y la Seguridad Social-. Pero comprensibles, dado el irrefutable argumento que ofrecía la vicepresidenta económica, Nadia Calviño , de gestionar con tino el dinero público y no destinarlo a empresas zombis. «Este dinero lo pagarán nuestros hijos y nietos», recordaba.

Sin embargo, la esperanza se ha tornado en indignación entre muchos pequeños negocios al ver cómo grandes empresas, con crisis que echan sus raíces antes de la pandemia, sí que han sido ayudadas. Y con rescates millonarios. Mientras, más de 200.000 autónomos y pymes, han quedado excluidos por no pertenecer a una de las 95 actividades seleccionadas por el Ejecutivo. El Gobierno asegura que se ajusta a los criterios que impone la UE para determinar qué empresas pueden recibir ayudas de Estados y cuáles no. Pero el debate moral, en un país cuyo tejido empresarial está hilado a base de pymes, está servido.

El caso de Plus Utra ha levantado una fuerte polvareda esta semana. Es «española», «relevante» y «estratégica» , justificaba en la sesión de control la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al ser preguntada por el PP. El Gobierno y la SEPI han considerado estratégica a Plus Ultra, a pesar de su presencia irrelevante en el sector aéreo español, pues apenas soporta el 0,03% de las operaciones en los cielos españoles y tiene dos aviones en alquiler. Además, arrastra una situación deficitaria en sus cuentas desde su nacimiento. En los años de referencia para recibir los préstamos del fondo estratégico, 2018 y 2019, l a compañía registró pérdidas de 6,7 millones y 2,1 respectivamente . También acumula un saldo negativo de diez millones de ejercicios anteriores. En 2020 facturó 94 millones, menos de la mitad de los 53 recibidos por el Fondo para empresas estratégicas. A 31 de enero de 2020, antes de la llegada del Covid, Plus Ultra registraba un fondo de maniobra negativo de 5.753.638 euro s y un patrimonio neto de 5.841.512,99 euros. Unos números que dejaban a la empresa en causa de disolución, según Audicar, la auditora de las cuentas a las que ha podido tener acceso este periódico.

Sin embargo, la misma auditora señala que la compañía tiene en el pasivo corriente un préstamo participativo de 6.304.314 euros que computaría como patrimonio neto a efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades. Este préstamo participativo fue suscrito en diciembre de 2017 y llegó desde Panacorp Casa de Valores S.A ., una entidad financiera con origen en Panamá. Esto sucedió pocos meses después de que la venezolana Snip Aviation entrara con cerca de la mitad de las participaciones en el accionariado de Plus Ultra. Snip Aviation, por su parte, está presidida por Rodolfo Reyes Rojas, empresario vinculado a su vez en otros negocios al magnate venezolano Camilo Ibrahim Issa , hombre cercano al Gobierno de Maduro. Y ambos con relaciones de negocios en Panamá, lo que levanta sospechas de su vinculación a la concesión del préstamo.

Abengoa es otra de las empresas españolas que ha pedido auxilio económico al Fondo de Solvencia de la SEPI, previsto para compañías que no estuvieran en crisis a 31 de diciembre de 2020. Los 249 millones de euros no los ha solicitado la matriz de Abengoa por estar en concurso de acreedores, sino su filial Abenewco 1, que concentra realmente todo el negocio y activos de la multinacional sevillana, pero que también estaba en crisis antes del Covid. De hecho, en 2018 Abenewco 1 perdió 2.340 millones de euros, según el Registro Mercantil.

Las cuitas económicas de Abengoa se remontan a cinco años atrás. La multinacional sevillana, que tiene casi 14.000 empleados en todo el mundo y que nació en 1941 como una ingeniería , entró décadas después en el sector de infraestructuras, agua y energía con grandes proyectos innovadores en todo el mundo. Su estructura de negocio cambio, ya que exigía inversiones millonarias, mientras que el retorno de esas inversiones no generaba suficiente liquidez para pagar a sus acreedores. La empresa diseñó un enrevesado plan de refinanciación sólo apto para expertos. En noviembre de 2015, asfixiada por las deudas, solicitó un preconcuso de acreedores, que acabó con la firma de una reestructuración financiera en 2017, que supuso 8.000 millones de euros en quitas y capitalizaciones de deuda, y la dilución del 95% de los accionistas de Abengoa S.A. Los acreedores, en su mayoría bancos, se quedaron con la mayoría del capital social. Para dar mayor garantía a los nuevos acreedores de la compañía que aportaron 1.100 millones de euros, se creó la sociedad Abenewco 1 y se le aportaron los activos de la matriz Abengoa S.A. y las participaciones en las filiales del negocio. ¿Resultado? La matriz quedó vacía de activos y negocio.

Ese primer rescate no salvó a la compañía, ya que en 2019 debía todavía 3.000 millones de euros , tenía problemas de liquidez, y necesitaba imperiosamente avales para presentarse a concursos internacionales de ingeniería y construcción. Aquello desembocó en un segundo rescate en 2019, que supuso una inyección de 97 millones de euros , líneas de avales por 140 millones de euros y la conversión de su deuda en bonos de filiales con vencimiento en 2022, entre ellas Abenewco 1.

Sin embargo, la matriz de Abengoa llegó a diciembre de 2020 asfixiada: 619 millones de activo y casi millones de euros de pasivo. Estaba en causa de disolución y su grupo de empresas acumulaban deudas por 6.000 millones de euros. En febrero de 2021, antes del Covid, la matriz boqueaba , no podía pagar ni los intereses de su deuda ni las nóminas y pidió a sus acreedores endeudarse en 50 millones de euros más. Los acreedores dijeron basta a Gonzalo Urquijo, presidente entonces de Abengoa, y éste se puso manos a la obra para sacar adelante un tercer rescate financiero, que anunció en agosto de 2020, en plena pandemia, y que consistía en obtener 300 millones de euros avales del ICO con la garantía de CESCE, 230 millones de euros en créditos bancarios con garantía del 70% del ICO y la conversión de deuda en acciones de Abenewco 1, dejando esta empresa en manos de sus acreedores, principalmente Santander o fondos como KKR o Bluemountain.

Lo que no podía prever Urquijo es que lo s accionistas minoritarios se movilizarían y lograrían unirse para destituirlo como presidente de la matriz en noviembre de 2020 sin que hubiera sacado adelante la nueva reestructuración de su deuda. Para evitar que los accionistas de la plataforma AbengoaShares -que representan al 17% del capital social- se hicieran con el consejo de administración, el actual presidente de la compañía, Juan Pablo López-Bravo , solicitó el concurso de acreedores de la matriz y la suspensión cautelar de la junta donde se iba a votar su destitución, algo a lo que accedió el juez mercantil.

Ahora, Juan López-Bravo, ha pedido 249 millones de euros de dinero público a la SEPI y propone una nueva reestructuración de su deuda que supondría la entrega del 70% de Abenewco 1 al fondo estadounidense TerraMar Capital , especializado en empresas en bancarrota y calificado como «fondo buitre» por los accionistas. Por esa razón, los accionistas han pedido al Gobierno y a la SEPI que no apruebe esa ayuda para una empresa que dejara de ser española. La pelota está ahora en el tejado de la SEPI, que depende del Ministerio de Hacienda y, por tanto, de María Jesús Montero .

El Gobierno aprobó el pasado día 9 de una ayuda de 120 millones para Duro Felguera. Recibía un préstamo participativo de 70 millones, y otro ordinario de 20 millones más otros 30 millones en una aportación de capital . El apoyo está condicionado a la reestructuración de la deuda pendiente y al nombramiento de dos consejeros, por parte de SEPI. También el Principado de Asturias entrará «de forma temporal» en su accionariado. Un apoyo que llega después de que la multinacional asturiana haya pactado con la banca acreedora, a la que solicitaba la refinanciación de 85 millones de deuda y tras sufrir graves problemas en los últimos diez años.

En ese periodo, son numerosos los directivos purgados en la empresa. El penúltimo caso es el del consejero delegado, José María Orihuela, que mantiene tensas negociaciones con la SEPI , a quien reclama una compensación de tres millones por su despido. En este baile de nombramientos y ceses, cabe recordar que hace casi un año entró en su consejo de administración Jordi Sevilla, exministro socialista y expresidente de REE, que en el consejo coincide con el exministro socialista Valeriano Gómez . En aquella fecha, Rosa Aza sustituyó en la presidencia de la compañía a Acacio Rodríguez.

Dice el Gobierno que su peso en Asturias ha condicionado el rescate. Pero la empresa, con más de 160 años de historia, registró pérdidas por 171 millones en el 2020 frente al beneficio de 1,4 millones del año anterior. La compañía redujo su plantilla en 2020 y cerró con una deuda de 95,3 millones.