El fiasco de la ‘ley rider’: seguirán los autónomos y los líos judiciales

El camino de las empresas no es el deseado por los trabajadores. Ni por los que luchan por un contrato ni aquellos que defienden continuar como autónomos a pesar de que la ley no lo permita. Así, ambos bandos coinciden en que, lejos de ser la solución, la norma agrava la precariedad de los repartidores y llena de incertidumbre su futuro.

El caso de Deliveroo es el que más repercusión tuvo. La plataforma de origen británica anunció su intención de cesar las operaciones en España. Una decisión que dejará a unos 4.000 repartidores en la calle. Para ello, primero tendrá que laboralizarlos y luego acometer un ERE , que se prevé que se inicie en el mes de septiembre. Así, terminará pagando varios miles de euros en indemnizaciones. Aunque el fin de las operaciones de Deliveroo se puede relacionar directamente con la llegada de la ‘ley rider’, lo cierto es que la compañía ya empezó a desinvertir en nuestro país el pasado año, cuando realizó un ERE para los trabajadores de sus oficinas centrales.

Más polémica está teniendo el modelo que Glovo implantará a partir de hoy. La plataforma española contratará hasta 2.000 repartidores antes de que finalice el año y además continuará contando con unos 8.000 autónomos. Estos, según defiende la compañía, se ajustarán a la ley al poder pujar ellos mismos los precios de su servicio y tener independencia de horarios. Una fórmula que llena de interrogantes su legalidad. «Será un punto conflictivo. Habrá que ver si con lo que han anunciado es suficiente para que los repartidores tengan esa autonomía», explica a ABC David Ibáñez, abogado y socio del despacho Espinet Ibáñez . De momento, los repartidores consultados por ABC todavía ayer no sabían de qué modo iba a funcionar este nuevo método.

El modelo de Glovo escama a los sindicatos. Así, esta misma semana CC.OO . denunció a la compañía ante la Inspección de Trabajo por «desafiar la ‘ley rider’ sin adaptarse a la normativa». David Ibáñez no descarta que el asunto acabe de nuevo en el Supremo. Asimismo, ayer el sindicato instó a los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, a la Inspección y a los tribunales que «garanticen el cumplimiento de la normativa» llevando a cabo «los procesos necesarios de seguimiento, evaluación e información». Para CC.OO., el objetivo no es otro que «poner fin al fraude laboral que han sufrido durante ya demasiado tiempo los trabajadores de este sector».

Uber Eats apuesta por subcontratar flotas de repartidores. Las fuentes consultadas apuntan a que corre el peligro de incidir en una cesión ilegal de trabajadores, ya que la subcontratación está permitida para ciertos momentos donde los picos de demanda son altos y no como manera estructural de contratación.

Este modelo de subcontratación es parecido al que lleva a cabo Just Eat, aunque esta tiene a la mayoría de sus repartidores contratados por los propios restaurantes, un matiz importante para diferenciarse de su competencia. Esta plataforma es la única que estuvo a favor de la aprobación de la ley y ahora se encuentra negociando el primer convenio laboral del sector con los sindicatos, el cual se prevé que salga en septiembre.

La entrada en vigor de la norma no satisface ni a los defensores de la laboralidad ni a los que quieren seguir siendo autónomos. «No hay nada que parezca que vaya a cambiar. Las empresas seguirán saltándose la ley», explica a ABC Daniel, un repartidor de Deliveroo adherido a la organización ‘riders x derechos’. Ante el cierre de la plataforma en España, dice que no sabe qué hará en un futuro, pero que evitará seguir siendo autónomo porque «los números no cuadran. Gano menos del salario mínimo». Además, denuncia que la normativa alcance a tan pocos sectores: «El fraude de los falsos autónomos afecta también a profesores, sanitarios...».

Por su parte, Lidia, una repartidora de Deliveroo y de Glovo y que pertenece a la asociaicón profesional de riders autónomos lamenta que con la llegada de la ley le quiten su «principal fuente de ingresos». Además, explica que ve con «incertidumbre» su futuro y se queja de que hayan aprobado la normativa «sin tener en cuenta a los trabajadores». A su juicio, se debería haber buscado un modelo intermedio entre la contratación y el modelo de autónomos, «como una especie de autónomo digital».