Feijóo ofrece a Sánchez pactar un escudo fiscal para proteger a rentas medias y bajas de la inflación

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo , ha puesto este viernes especial interés en subrayar que no se trata de uno de esos brindis al sol tan habituales en la política en que se plantean un puñado de medidas cuya factura excede todo coste razonable y para el que no hay más límite presupuestario que la suma de las medidas, que suele resultar inasumible. «Hemos diseñado algo que se pueda pactar y que el Gobierno pueda asumir sin comprometer el déficit», ha recalcado Bravo, que además de nuevo portavoz económico del PP es el principal responsable de gestionar el presupuesto de la Junta de Andalucía y para más señas es también inspector de Hacienda del Estado.

El signo más evidente de este compromiso es que el propio PP ha establecido un límite presupuestario para la adopción de las medidas que plantea, de entre 7.500 y 10.000 millones de euros . En otras palabras, la aplicación de estas medidas no podría sobrepasar ese coste máximo y si lo hiciera habría que prescindir de alguna de ellas. La lógica de fondo de la oferta que el PP ha trasladado a La Moncloa es que el Gobierno renuncie a una parte de los 18.000 millones de euros extra que los cálculos más conservadores estiman que obtendrá de la inflación este año 2022 para dar una cobertura a los ciudadanos y empresas que más lo necesitan, los más zarandeados por la inflación, y que esta cobertura se haga, como el presidente Sánchez se comprometió a hacer en la Conferencia de Presidentes, a base de rebajas de impuestos.

Para reforzar la seriedad de su oferta de acuerdo, el PP ha renunciado a realizar estimaciones de los ahorros que estas medidas supondrían para los potenciales beneficiarios. «Somos conscientes de que es la Agencia Tributaria la que dispone de la información más precisa y actualizada» tanto sobre el alcance que podrían tener las medidas como sobre el ahorro que podrían suponer, ha dicho Juan Bravo, que también ha asegurado que están dispuestos a negociar la forma en la que se puede aplicar este plan , siempre sobre la base de que se haga a través de rebajas fiscales, que entienden que es la fórmula más rápida y directa para hacer llegar ese beneficio a ciudadanos y empresas.

La propuesta del PP plantea medidas en todo el arco fiscal. Principalmente, en el Impuesto sobre la Renta (IRPF), que consideran el camino más recto para enjugar las pérdidas de poder adquisitivo experimentadas por los contribuyentes a cuenta de la inflación. El objetivo es llegar a las rentas bajas y medias y para ello plantean tres ámbitos de actuación. Para los contribuyentes y hogares con ingresos por debajo de 14.000 euros anuales que no hacen la Declaración de la Renta, los populares plantean la creación de un impuesto negativo o ayuda directa de entre 200 y 300 euros en función de las necesidades reales a modo de compensación por el coste de la inflación. Consideran que esta medida llegaría a siete millones de españoles.

Para el segmento de declarantes de IRPF con un nivel de renta más bajo -entre 14.000 y 22.000 euros-, plantean realizar esa compensación a través de la creación de un mínimo personal y familiar excepcional , cuya cuantía han decidido no estimar a la espera de negociarla con el Gobierno "para que luego no nos digan que pedimos cosas inasumibles", ha explicado Juan Bravo. Ahí entrarían cinco millones de contribuyentes

La tercera actuación, que alcanzaría a los tres primeros tramos de renta del IRPF, donde se encuadran las consideradas históricamente como rentas medias y bajas, es la deflactación de la tarifa del IRPF para absorber el efecto de la inflación. Sería, como el resto, una medida temporal, restringida a este año 2022 y que afectaría a unos doce millones de contribuyentes, que según los cálculos realizados por el Colegio de Economistas obtendrían un ahorro fiscal de entre 50 y 200 euros. El coste para las arcas públicas sería de unos 1.500 millones.

La idea del PP es no esperar a la Declaración de la Renta del año que viene para beneficiarse de este beneficio, por lo que plantean hacerlo a través de una reducción de las retenciones, tanto en el caso del nuevo mínimo personal y familiar como de la deflactación de la tarifa, para que su efecto sea inmediato. Esto permitiría una subida inmediata de sueldo para 17 millones de contribuyentes, que de repente verían como sus nóminas se engrosan por la reducción de las retenciones que les aplicarían sus empresas.

El PP plantea también rebajar al 4% el IVA del gas y la electricidad, reducir los impuestos especiales sobre hidrocarburos a transportistas y agricultores hasta el mínimo que permite la ley y plantear ayudas directas para las empresas más afectadas por el encarecimiento de los precios energéticos, aprovechando los 2.000 millones en ayudas directas que el Gobierno dejó de gastar el año pasado.