Los expertos del Gobierno piden una agencia independiente para gestionar los fondos UE

En su lugar abogó por un intrincado esquema de gobernanza , muy jerarquizado, en el que las decisiones las toma una comisión de ministros presidida por el presidente del Gobierno, asesorada por una veintena de altos funcionarios de la estructura gubernamental; el reparto de los fondos se negocia con comunidades autónomas y ayuntamientos en un puñado de conferencias sectoriales; y la ejecución y el control se deja en manos de los receptores de los fondos: ministerios, comunidades autónomas, ayuntamientos u otras entidades del sector público empresarial, bajo la supervisión general de una Intervención General del Estado que apenas da abasto.

Muchos analistas ha visto en este enrevesado esquema de gobernanza la razón por la que España no ha conseguido ejecutar los fondos que se comprometió a gastar en 2021. Y no son los únicos que ven mejorable el modelo de gestión elegido por el Gobierno .

El informe del Comité de Expertos para la Reforma de la Administración Pública, que el grupo acaba de elevar al Ministerio de Hacienda y Función Pública y al que ha tenido acceso ABC , recomienda al Gobierno recurrir a la creación de 'agencias ejecutivas' , dotadas con personal de los ministerios pero investidas de independencia operativa total respecto al área política de los mismos para «escapar del rígido y tradicional marco operativo de los ministerios» y garantizar una gestión más ágil y flexible de los fondos.

El documento '13 propuestas para la reforma de la Administración del Estado' reivindica el modelo organizativo de la agencia independiente tanto para la gestión general de los fondos europeos asociados al Next Generation EU – como la oposición le pedía al Gobierno– como para la ejecución de los principales proyectos de inversión previstos en el Plan español de Recuperación y Transformación.

La filosofía de fondo que traslada la propuesta del comité de expertos, formado por una decena de académicos y gestores públicos entre los que destaca el exministro Jordi Sevilla , es la de separar la fase de decisión sobre las políticas públicas , que se debe reservar a la estructura gubernamental de la fase de ejecución, que abogan por encomendar a agencias ejecutivas con total autonomía de actuación y que actuarían a partir de lo establecido en contratos operativos.

El comité traslada al Gobierno que este modelo de gestión sería particularmente eficaz en el ámbito del Plan de Recuperación «para proyectos de gran envergadura», ya que evitaría los «complejos y largos procesos» de reorganización interna dentro de los ministerios y permitiría atender de manera «fluida y rápida los objetivos» planteados.

El diseño propuesto por los expertos se aleja de lo planteado por el Gobierno que no sólo ha ensanchado la estructura de la Administración para gestionar los fondos, con la creación de una nueva secretaría general y de una dirección general específica, sino que ha diseñado un esquema de reparto con múltiples escalones , en el que los recursos pasan del ministerio a otro órgano administrativo, que puede realizar lo convocatoria o distribuir los fondos a otro órgano territorial que a su vez puede convocar las ayudas o distribuirlas a de nuevo a otra unidad.

Para que el funcionamiento operativo de las agencias fuera óptimo el informe de los expertos plantea que se deberían cumplir una serie de requisitos. El primero es que la relación entre el ministerio y la agencia no fuera de dependencia sino que estuviera definida en un contrato operativo. También que las agencias creadas sean temporales, que tengan una fecha de caducidad concreta asociada a la finalización del proyecto. Otro requisito que plantean los expertos es que su composición sea multidisciplinar, especialmente cuando los proyectos impliquen a varios ministerios, como podría suceder con los fondos europeos. Y, por último, que tenga una vocación de colaboración público-privada por lo que deberían dar entrada de alguna manera a la iniciativa empresarial.

En este sentido, se plantea también que su autonomía de gestión esté acompañada también de una mayor flexibilidad operativa, respecto a la que existe en la Administración del Estado, a la hora de contratar. El modelo que los expertos del Gobierno ponen sobre la mesa se basa en establecer incentivos suficientes para retribuir a los funcionarios que se enrolen en estas agencias, pero también en dar la posibilidad de contratar de manera más flexible e incorporar, si así se considerara, personal especializado en el sector privado.