Los expertos advierten que prohibir el despido ataca la libertad de empresa y mina la contratación

Concretamente, el real decreto aprobado fija dos condiciones por las cuales no se podrá despedir con causa objetiva en los próximos tres meses: para las empresas que se acojan a ayudas directas aprobadas en el plan de choque, que deberán devolver si realizan algún despido, y para aquellas que se acojan a un ERTE asociado a la invasión de Ucrania, que no podrán causar despidos por este motivo.

En este punto, la patronal fue contundente este miércoles al rechazar frontalmente la medida. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi , aseguró en una entrevista para la radio que «no tiene mucho sentido que si acabamos de aprobar una reforma laboral, a la primera de cambio se le esté metiendo la tijera (...) Se ha cambiado la fórmula». «No podemos compartir es el intervencionismo cuando hay una ley pactada y negociada hace muy pocos días», insistía Garamendi. En esta misma línea se pronunciaba el presidente de ATA, Lorenzo Amor , quien asegura que la medida «cuarta la libertad de empresa» y «es puro intervencionismo». «No se va a solucionar el mantenimiento del empleo con un real decreto», señala Amor denunciando las restricciones que, por ejemplo, tendrá un autónomo que ante una situación de pérdida de facturación reciba una ayuda y ello le impida realizar ajustes de plantilla.

Pero más allá, detrás de este intervencionismo se alarga una sombra de inseguridad jurídica, que sí impactará en la rutina de las empresas. Tal y como apunta el socio de Sagardoy Abogados, Román Gil , la redacción de la norma de carácter transitorio es contradictoria, lo que genera «inseguridad jurídica». Así, explica el experto laboralista que más incertidumbre genera aún que este cierto intervencionismo «que fue algo extraordinario por el Covid» se convierta en un 'modus operandi' del Gobierno para contener los niveles de ocupación ante eventuales crisis. «Es una limitación del artículo 38 de la Constitución, que rige la liberta de empresa. Esto es intervencionismo», apunta Román Gil, asegurando que «la tendencia es preocupante».

Este aspecto de la inseguridad jurídica es el más relevante para los juristas del ramo. «Volvemos a tener inseguridad jurídica. Nuevamente veremos situaciones en las que según de que parte se esté se buscará la forma de vincularla o no con la situación económica energética derivada de la guerra. Y, finalmente, estaremos a los criterios no unánimes de lo que cada juez resuelva en cada caso», asegura Eva Hernández , socia responsable del Departamento de Derecho Laboral de Escalona & De Fuentes.

«¿Si se incumple esa prohibición el despido será improcedente? ¿Qué sucede si no se alegan esas causas, pero realmente esa es la razón? o ¿si la empresa venía acumulando esa situación económica negativa previamente al aumento de los coste energéticos?», se cuestiona la experta en vista de los conflictos que se puedan generar ante eventuales reclamaciones judiciales.

También el socio de Derecho Laboral de Garrigues, Ignacio Esteban , analiza esta cuestión explicando que el real decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros «vuelve a generar inseguridad jurídica» porque «la norma es muy genérica». La directora del área legal de Randstad, Mariola Sánchez , señala que puede haber «problemas de gestión» en la tramitación de las ayudas para las pymes.

Pero no solo está la cuestión legal detrás de las limitaciones decretadas por el Gobierno en materia laboral. Los economistas consultados por ABC auguran además una falta de confianza a la hora de contratar que puede desacelerar el avance del empleo. «Es una medida que perjudica la contratación», señala el director general del IEE, Gregorio Izquierdo , quien advierte de que se «corta la libertad para realizar ajustes de plantilla».

En esta línea, el economista Javier Santacruz , asegura que la acotación de las causas de despido objetivo «mina la confianza de las empresas a la hora de contratar, sobre todo para las que tienen problemas económicos severos». «Cuando se vayan levantando estas restricciones podría aumentar la destrucción de empleo por la vía del recorte de horas trabajadas», advierte Santacruz sobre el abuso de las «las jornadas parciales».

Sin embargo, más preocupante parece el mero hecho de que el diseño de las ayudas y las restricciones a las que se ven las sometidas las empresas y autónomos que se beneficien de ellas en el plano laboral suponga un elemento de disuasión. Esta es la idea que traslada el catedrático de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad Complutense y subdirector de Fedea, José Ignacio Conde-Ruiz , quien apunta que muchas de las empresas que ya vienen con serios problemas en sus balances podrían no acceder a estas ayudas.

«Estas ayudas están pensadas para las empresas que puedan tener dificultades derivadas de la guerra. Tiene sentido que en este caso se limiten las causas de despido» porque son las que podrían recuperarse una vez superados los meses de mayor tensión de la escalada de precios, tal y como señala Conde-Ruiz.

«Lo que necesitamos ahora las empresas son medidas de flexibilidad que nos permitan adaptar nuestras estructuras al nuevo entorno, a la espera de que superemos esta situación, podamos volver a crecer y, por lo tanto, a contratar. Limitar la toma de decisiones del empresario en un momento de crisis significa reducir su capacidad de gestión y eso un gran error ya que nos deja sin músculo de cara a la salida de la crisis», señala el presidente de UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, Francisco Aranda , advirtiendo de las complicaciones específicas que pueden sufrir las pymes.

Ante el plantel, Cepyme ya advierte a las empresas de que analicen su viabilidad antes de solicitar ayudas del plan anticrisis por limitar su capacidad para hacer ajustes. Y recuerda a las empresas que tendrán que devolver esas prestaciones en caso de realizar ajustes, además de que los despidos serán declarados nulos o improcedentes.