Estas son las grandes ciudades que limitarán los alquileres

Porque no todas las grandes ciudades están a favor de aplicar esta medida. Mientras en Barcelona creen que es una buena fórmula para facilitar el acceso a la vivienda, en Madrid califican de «populista» la intervención.

También hay otras ciudades que están esperando a comprobar cómo se articulan finalmente los controles para decidir si los aplican. Este es el caso de Sevilla y Bilbao, que ya han dado pasos municipales para tener un índice actualizado de los precios del alquiler en el que basar sus propios controles .

Y mientras las ciudades se preparan para aplicar a su manera las nuevas restricciones, los economistas y las inmobiliarias intentan frenar sin éxito una medida que, en su opinión, incentivará la economía sumergida y presionará aún más los precios .

«Populista y basada en el mensaje fácil». Así describen en el Ayuntamiento de Madrid la Ley de Vivienda que PSOE y Podemos pretenden aprobar a principios de 2021 en el Consejo de Ministros para limitar los precios de alquiler en las zonas más tensionadas por el mercado.

«Si de Madrid depende, no se establecerá en ningún caso el control de precios de los alquileres. Es una medida que suena bien, pero que no funciona, no sirve para bajar los precios, como ha quedado demostrado en otras ciudades europeas », valora en declaraciones a ABC el delegado de Desarrollo Urbano del Consistorio gobernado por el Partido Popular y Ciudadanos, Mariano Fuentes.

«La verdadera lucha contra el aumento de precios se combate con principios liberales, como generar una mayor oferta que dé respuesta a la demanda existente y, sobre todo, a través de una decidida apuesta por un parque de vivienda pública en alquiler , que es por lo que trabajamos en el Ayuntamiento de Madrid. Necesitamos más oferta de alquiler y no menos, sobre todo en las zonas tensionadas», considera el concejal de la formación naranja.

Desde la capital rechazan también la afirmación que sostiene Podemos de que el 80% del mercado del alquiler se encuentra en manos de fondos buitres. Según el Ayuntamiento madrileño, el 96% pertenece a particulares . Curiosamente, también el Partido Socialista, a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha defendido en varias ocasiones que la mayoría del mercado está fundamentalmente en manos de particulares. La última fue cuando el Gobierno aprobó en marzo un decreto para ayudar a inquilinos que hubieran quedado en una situación de vulnerabilidad con la pandemia.

De vuelta a Madrid, desde el Consistorio advierten de que se resistirán en la medida de sus posibilidades a poner en marcha este tipo de limitaciones a las rentas, puesto que, aseguran, no ven «ningún aspecto positivo a la regulación de precios, ya que atenta contra el libre mercado, el comercio y va en contra de principios fundamentales».

En Barcelona, el Ayuntamiento de Ada Colau apuesta claramente por regular el precio de los alquileres , aunque alerta de riesgos que hay que vigilar, como la expansión del mercado negro o la demanda no atendida de alquiler no protegido, la reducción de la oferta de pisos o el aumento de procesos de discriminación, entre otros.

Para conseguir un control de precio efectivo, el gobierno Colau propone fijar indicadores y mecanismos de seguimiento que permitan detectar, identificar y revertir los posibles efectos negativos. Además, la alcaldesa defiende acompañarlo con medidas como fomentar los contratos largos para satisfacer así a inquilinos y arrendatarios.

La comisión de estudio especial que ha constituido el ayuntamiento de la Ciudad Condal para abordar esta cuestión, que se creó hace meses a petición de ERC, se reunió precisamente esta semana y aprobó con el apoyo del gobierno municipal (BComú y PSC), ERC y JpC, avanzar en esta línea .

El resto de grupos (Cs, PP y BCN Canvi) faltaron a la cita. Desde el Consistorio se defiende, en base al documento que se formalizó en esta sesión, que el precio del alquiler «es una pieza que por sí sola no resuelve el problema del acceso a la vivienda », pero es un instrumento «natural» y útil para contener la emergencia habitacional. Lo cierto es que Barcelona es, junto a Madrid, una de las ciudades en la que ha repuntado con mayor fuerza el alquiler en los últimos años.

Cataluña es la única comunidad autónoma que ya aplica controles sobre los precios del alquiler . La Generalitat aprobó el pasado mes de septiembre un decreto que impone límites en 60 ciudades catalanas, algunos de los cuales se encuentran en las afueras de Barcelona. La norma, no obstante, acabará en los tribunales. El Partido Popular ya ha anunciado que denunciará el decreto por ser inconstitucional . El propio Consejo General de Garantías Estatutarias ha emitido un informe al respecto en el que pone de manifiesto sus dudas jurídicas.

Desde el Ayuntamiento de Valencia no dudan en que implantarán esa limitación . Será «una herramienta más», en palabras de la edil de Vivienda del Consistorio valenciano, Isabel Lozano - que forma parte de Compromís-, especialmente en los barrios de la ciudad «más tensionados» por el repunte de los precios vivido en los últimos años, que en la práctica impiden a muchas personas acceder a una vivienda en alquiler.

Pero Lozano explica que solo con esta medida articulada por el Partido Socialista y Unidas Podemos no se solucionará este problema social y se marca un objetivo «más ambicioso». Desde el Ayuntamiento apuestan por medidas como incrementar el parque público de pisos a través de la compra directa y colaborar con el sector privado para generar promociones de viviendas con un alquiler asequible.

El Consistorio que lidera Joan Ribó en coalición con los socialistas ha pinchado este año con el programa destinado a la vivienda con el que pretendía adquirir inmuebles para alquilarlos posteriormente a colectivos vulnerables. Pese a la promoción de esta medida, en la práctica solo se presentaron dos ofertas para el millón de euros presupuestado. Además, un total de diecisiete propietarios de la capital del Turia se han adherido a la convocatoria de ayudas para la reforma de pisos que estaban vacíos y que ahora se podrán arrendar, con un precio medio de alrededor de 400 euros al mes.

A falta de conocer cómo limitará el Gobierno de PSOE y Podemos los alquileres, el socialista Juan Espadas, alcalde de Sevilla -antes «susanista» y ahora más proclive a Pedro Sánchez-, no ha querido pronunciarse al respecto, aunque Felipe Castro, gerente de la empresa municipal de la vivienda Emvisesa, destaca que ya se han puesto algunos mimbres para cuando la futura Ley de Vivienda introduzca mecanismos de contención de esos precios. Para ello, el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en funcionamiento un Índice de Precios del Alquiler , accesible para cualquier sevillano que quiera conocer los precios de alquiler en cualquiera de los 107 barrios de la capital andaluza.

«El Índice de Precios del Alquiler de Sevilla se actualiza anualmente y, por tanto, permite al Ayuntamiento estar preparado para adoptar otro tipo de medidas para incentivar los alquileres asequibles o contribuir a evitar que en determinadas zonas se produzcan subidas en los precios desproporcionadas».

La postura favorable del Ayuntamiento de Sevilla, que allana el terreno para la llegada de limitaciones, contrasta con la posición de la Junta de Andalucía, cuya secretaria general de la Vivienda, Alicia Martínez, indica en declaraciones a ABC que « estamos absolutamente en contra de la intervención y limitación del precio de los alquileres privados que está demostrado que finalmente genera una reacción contraria: retirada de viviendas de la oferta y encarecimiento por tanto de los precios».

El Ayuntamiento de Bilbao realiza un diagnóstico positivo del interés del Gobierno por «contener» los alquileres «como ya están acometiendo otros países» ante la tendencia al alza de los precios. En este sentido, desde la concejalía de Vivienda que dirige el socialista Jon Bilbao -el PSE gobierna en coalición con el PNV- inciden en la necesidad de «articular medidas» que sobre todo «protejan a las personas que tienen menos ingresos».

«El objetivo es evitar que el esfuerzo que tengan que hacer para afrontar el pago de la vivienda les impida desarrollar su proyecto vital», apuntan las mismas fuentes, que en cualquier caso recalcan que primero hay que «estudiar con detenimiento» la fórmula a aplicar dado el riesgo de que se produzca un efecto adverso. El precio del alquiler creció sensiblemente en la capital vizcaína entre el primer trimestre de 2016 y el segundo de 2019 (754 euros de media, un 10,11% más), que es el último del que ofrece datos la Estadística del Mercado del Alquiler del Gobierno vasco. Más abrupto fue el incremento en San Sebastián (14,23%) y Vitoria (16,44%). En octubre EH Bildu registró en el Parlamento vasco una proposición no de ley para limitar los alquileres. No obstante, el Consejo de Gobierno autonómico, sustentado también por PNV y PSE, comunicó su «criterio desfavorable» a esta iniciativa. «El Estado español está en tramitación de una nueva regulación que va a permitir a Euskadi fijar con mayor seguridad jurídica la incidencia de la regulación de los alquileres», puntualizó.