El Estado solo auxiliará a las regiones que estén al día con Hacienda

La crisis ha llevado a algunas gobiernos regionales a retrasarse en el pago a Hacienda de las retenciones que realizan a sus empleados públicos a cuenta del IRPF; así como en los pagos de la Seguridad Social por estos empleados. Ahora, quien quiera acogerse al fondo de liquidez autonómico, dotado con 18.000 millones de euros, tendrá antes que pasar por caja.

Así lo recogen las condiciones de funcionamiento del citado fondo de liquidez que ayer envió el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro a todas las comunidades, y en las que se estipula que quien quiera acogerse a esta ayuda deberá comprometerse a reducir su sector público , eliminar cargas administrativas y barreras al mercado interior y abordar nuevas reformas estructurales para racionalizar el gasto público e incrementar la competitividad.

No obstante, el Gobierno ha flexibilizado el uso de este instrumento financiero, de modo que permitirá a las autonomías usarlo no solo para hacer frente a los vencimientos de deuda, sino también para hacer frente a los a los proveedores de Sanidad, conciertos educactivos y Servicios Sociales. Y por ello, a diferencia del plan de proveedores, a este nuevo fondo de liquidez autonómica podrán también acogerse empresas y organismos dependientes de las comunidades.

Al igual que con el plan de proveedores, con el que el Estado puso a disposición de Ayuntamientos y autonomías 26.000 millones de euros, quienes se acojan al nuevo fondo deberán presentar un estricto plan de tesorería en el que se fije el calendario de devolución del crédito que ahora se hace. Además, las autonomías estarán obligadas a actualizar sus planes de ajuste para garantizar que cumplen con sus compromisos.

Si las comunidades no devuelven este crédito bilateral en los plazos previstos, Hacienda les descontará ese dinero de los recursos que reciben del sistema de financiación autonómica.

Los 18.000 millones se repartirán en función de las solicitudes presentadas y las necesidades financieras de cada cual. Por el momento solo Cataluña (5.023 millones de euros), Murcia (700 millones) y la Comunidad Valenciana (4.500 millones) han anunciado que pedirán la ayuda.