Escrivá dejará en manos de sindicatos, empresarios y su ministerio el control del superfondo de pensiones

Según figura en el borrador, al que ha tenido acceso ABC , será una comisión de control especial la que velará por el buen funcionamiento de estos vehículos. Estará compuesta por diecisiete miembros, de los que «cuatro serán propuestos por las organizaciones sindicales más representativas, cuatro por las organizaciones empresariales más representativas y nueve serán designados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones».

El documento no establece la retribución que recibirán estos miembros, aunque sí fija que podrá tener un componente variable . «La retribución de los miembros se determinará reglamentariamente y podrá tener un componente variable en función de la valoración externa de calidad del servicio y de los resultados de rentabilidad a largo plazo y del riesgo asumido», establece el texto.

En cuanto a dónde se invertirán los activos de este vehículo, se establece que se hará «exclusivamente en interés de los partícipes y beneficiarios tomando en consideración la rentabilidad, el riesgo y el impacto social de las inversiones» , en una estrategia que no podrá modificarse fácilmente. La misma deberá «constar en escritura pública y no podrá ser modificada, salvo con su autorización y tendrá un carácter estable y a largo plazo». Deberá ser revisada por parte de la Comisión Promotora y de Seguimiento al menos cada cinco años.

Uno de los principales atractivos de este instrumento serán las bajas comisiones que ofrecerá y que, según el texto, serán especialmente ventajosas para los trabajadores autónomos. El anteproyecto establece que «en ningún caso» las comisiones devengadas por la entidad gestora «podrán resultar superiores al 0,4 por ciento», mientras que este límite se fija en el 0,1% para las entidades depositantes, lo que arroja un máximo de comisiones del 0,5%, cifra muy por debajo de las que se pagan en planes de pensiones individuales, que rondan el 1,2%.

El superfondo de Escrivá será en la práctica la suma de varios macrofondos de pensiones para empresas y autónomos con gestión privada obtenida por concurso y una supervisión pública, según refleja el texto que ya se negocia el diálogo social. Así, se especifica que se podrán constituir « planes de empleo simplificados» , una nueva fórmula que será necesario desarrollar, « empresas incluidas en los acuerdos sectoriales vinculados a la negociación colectiva» , «administraciones públicas y sociedades mercantiles públicas» y «asociaciones de trabajadores autónomos para sus asociados, por colegios profesionales o por mutualidades de previsión social». Todos deberán ser administrados por una entidad gestora con el concurso de una entidad depositaria y bajo la supervisión de una única comisión de control especial para todos los fondos de pensiones de promoción pública.

El Gobierno explica en la exposición de motivos de la ley que hay dos razones principales que le han llevado a impulsar este sistema de ahorro. Por un lado, cita un informe de la Airef en el que citaba que el actual sistema de pensiones privadas era regresivo fiscalmente. Y por el otro, alude al «estancamiento observado en la actualidad en los planes de pensiones de empleo». De hecho los Presupuestos para 2022 incluyen un nuevo golpe al ahorro privado para la jubilación dado que el máximo que se podrá aportar a los planes de pensiones individuales se reducirá de nuevo y quedará en 1.500 euros anuales. Por el contrario, las aportaciones a los planes colectivos de empresa se revisarán al alza, desde 8.000 euros hasta 8.500 euros.

Según dice el texto que regula el superfondo, «a lo largo de los años, los planes de empleo han perdido peso relativo respecto del total de planes puesto que representaban un 50% del total de la previsión social complementaria al inicio de los años 90, mientras que ahora representan un porcentaje del total de activos gestionados un poco superior al 25%. Un resultado que persigue esta norma es revertir esta tendencia».