Las empresas públicas se preparan para un baile de presidentes con el nuevo gobierno

AENA ha sido una de las primeras compañías en verse afectada por el cambio de rumbo político. El pasado viernes, el gestor aeroportuario remitió una carta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que señalaba que la presentación a analistas e inversores del plan estratégico 2018-2021, prevista para el 7 de junio, se aplazaba «hasta nueva fecha, que será comunicada oportunamente». Los macroproyectos inmobiliarios en El Prat y Barajas y la internacionalización de la empresa constituían las líneas maestras de este proyecto, que ahora queda en el aire.

Se antoja necesario mantener la calma respecto a la compañía, participado en un 51% por el Estado a través de Enaire y presente en el Ibex 35, pero parece evidente que también habrá cambios en su cúpula. Hay que tener en cuenta que Jaime García-Legaz, que fue nombrado presidente de AENA hace ocho meses, cuenta con un marcado perfil político, por lo que todo indica que no continuará en su puesto una vez se forme el nuevo Ejecutivo.

El futuro de Renfe también queda en manos del PSOE. Después de cuatro años como director general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITT), Juan Alfaro fue nombrado hace un año y medio presidente del gestor. Su mandato queda cuestionado justo cuando el operador afronta una de las etapas más convulsas de los últimos años.

Y es que el macrocontrato para la compra de trenes, valorado en un importe cercano a los 2.000 millones de euros, estaba a punto de salir a la luz. Fuentes del operador ferroviario explican que se trata de una «renovación necesaria», por lo que «si no se produce ahora será en los próximos años».

A ello se une, a medio plazo, el reto de la liberalización del transporte ferroviario, una medida que tendrá ser implantada antes de 2020 por mandato europeo. En un principio, se había planteado que esta apertura se realizara de forma parcial, de forma que el operador solo tuviera que competir con otras empresas en el negocio de AVE.

Los Presupuestos de 2018 recogieron una «apuesta inversora» en materia ferroviaria, según señaló el hasta ahora ministro de Fomento Íñigo de la Serna. De hecho, este segmento acaparaba casi la mitad del desembolso por parte del departamento (un 48%), 4.280 millones de euros.

Adif contaba con un papel muy relevante en este aspecto. En concreto, tenía previsto invertir más de 3.560 millones de euros en 2018, de los que 2.713 millones corresponden a la alta velocidad y 848 millones a la red convencional, según dijo el presidente de la compañía, Juan Bravo. La ejecución de estas inversiones queda ahora cuestionada, si bien desde la compañía señalan que es «prematuro establecer los posibles efectos que pueda tener el relevo gubernamental sobre cualquier aspecto de la actividad» de la compañía.

Tampoco está claro el futuro de Bravo al frente del administrador de infraestructuras ferroviarias. A su corte político hay que añadir el hecho de que ha sido investigado por su participación en el caso Lezo.

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), «holding» del Estado, cuenta con varios frentes abiertos. El más acuciante es el referente a las protestas (manifestación y paros) convocadas por los sindicatos en Correos, empresa de su propiedad, para el próximo 7 de junio. Unas movilizaciones que se producen por la decisión de Sánchez de mantener los Presupuestos. A ello se suman otros desafíos, como cumplir las previsiones de 148 millones de ingresos establecidas hace escasos meses.

La continuidad de Pilar Platero al frente del grupo, al igual que las cúpulas de las empresas en las que tiene participación Sepi, no está ni mucho menos garantizada.

El ministro en funciones de Economía, Román Escolano, se había fijado como una de sus prioridades para su mandato revisar las acciones y los instrumentos de financiación de la internacionalización de las empresas y de la innovación (I+D+i), lo que abarca a organismo como CDTI, Enisa y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El banco pública, llamado a redefinir su papel una vez que la banca se ha saneado y vuelve a financiar a la economía digital, y por tanto sus líneas de crédito.

El ICO está dirigido actualmente por Pablo Zalba, una de las figuras económicas del Partido Popular en auge, como prueba el hecho de que ha aparecido en las últimas quinielas para el cargo de ministro de Economía en sustitución de Luis de Guindos y de cara a la renovación de la cúpula del Banco de España. Lo previsible es que el PSOE nombre a un afin al frente del banco público.

No hace ni ocho meses que Álvaro Rengifo tomó las riendas de la aseguradora pública Cesce, especializada en crédito a la exportación, en sustitución de Jaime García-Legaz. Aunque bancos y aseguradoras privados tienen un peso importante en el accionariado de la compañía, el Estado controla más del 50% y es previsible que el Ejecutivo decida si Rengido sigue o no en la presidencia. Además, el mercado estará atento a si el Gobierno de Sánchez retoma o entierra definitivamente la privatización de Cesce, que Rajoy intentó en su primera legislatura y luego aparcó. Por otro lado, fuentes del sector asegurador apuntan a que el cambio de gobierno provocará una renovación al frente de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfp), lo que provocaría la salida de Sergio Álvarez.