Las empresas pelean para que los ERTE no sean un gasto en vano para el Estado

Más allá de un éxito para el diálogo social, el acuerdo supone el pistoletazo de salida al que probablemente sea el mayor reto para España en décadas: conseguir extender con tino la red de apoyo a lo largo de las fases de la desescalada para que los más de tres millones de trabajadores protegidos actualmente bajo el paraguas de estos ERTE no terminen engordando los registros del paro hasta cifras históricas. Y que las empresas solicitantes no desaparezcan. Por lo pronto, según reconoció ayer la ministra de Trabajo, turismo y automoción podrán mantener las condiciones de la fuerza mayor más allá del 30 de junio. La comisión tripartita comenzará a negociar mañana qué más sectores se beneficiarán.

Estos despidos temporales han sido el principal elemento de protección tanto para trabajadores como empresas puesto en marcha por el actual Gobierno. Pero a medida que la crisis se alarga, e l reto se amplía exponencialmente y las costuras de la red se ponen a prueba. Ya lo apuntó la vicepresidenta Calviño en el Congreso: «Hay que evitar perder en las próximas semanas lo que hemos ganado en términos de mantenimiento del empleo, protección del tejido empresarial y de las rentas».

En el horizonte, sin embargo, se otea borrasca. «Los ERTE son un buen instrumento y las condiciones que se ofrecían inicialmente en la fuerza mayor eran también adecuadas. Desgraciadamente se están retirando demasiado pronto. El riesgo es que el pequeño ahorro que se pueda obtener ahora nos genere un coste mucho mayor a largo plazo, en términos de destrucción de empleo y de empresas», avisa Marcel Jansen, doctor en Economía y profesor de la UAM. Jansen también critica duramente la cláusula de mantenimiento del empleo: «Para muchas empresas que se encuentran con un panorama muy incierto puede resultarles más rentable despedir ahora que arriesgarse a solicitar un ERTE si luego tienen que devolver todas las ayudas», dice.

Uno de los principales caballos de batalla de esta negociación sobre los ERTE fue la cláusula de mantenimiento del empleo asociada a los mismos. La regulación de mediados de marzo vinculaba las exoneraciones de cuotas de los ERTE por fuerza mayor a que las empresas mantuvieran el empleo durante seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Ahora, el Gobierno ha flexibilizado esta cláusula, aunque no desaparece, y dice que los despidos «se valorarán según las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable».

Según la Airef, el 30% de los trabajadores en esta situación de despido temporal terminará el año en situación de paro. Porcentaje que el economista Daniel Lacalle eleva hasta el 40%: «Poner en marcha los ERTE sin incluir toda una batería de medidas que protejan al tejido empresarial no es eficaz. Se está dando una flexibilidad a la contratación que no se acompaña por el lado de los costes fijos y esto merma las posibilidades de recuperación de las empresas», asegura.

Efectivamente, la viabilidad de las empresas es ahora la principal preocupación, principalmente por el pequeño tamaño de muchas de las compañías que predominan en los sectores más afectados, como el turismo o la hostelería. De hecho, según datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, Baleares y Canarias , con economías especialmente dependientes de estos negocios, son las comunidades con más trabajadores acogidos a ERTE. En esta línea señala también Emilio Ontiveros, catedrático de la UAM y presidente de Afi: «El riesgo de que un porcentaje importante de los actuales trabajadores en ERTE acaben en despidos es elevado. Los ERTE se han utilizado como una primera reacción ante un choque inesperado. Pero el problema es que me temo que muchas empresas no puedan aguantar», se lamenta Ontiveros.