El Ejecutivo da el primer paso para bajar los costes energéticos de las grandes industrias

El Gobierno decidió entonces revisar el proyecto de estatuto, después de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) advirtiera de que los mecanismos que incluía podían constituir ayudas de Estado incompatibles con la legislación europea.

Según Industria, el Estatuto aprobado dota a los grandes consumidores de electricidad de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre a sus costes energéticos y mejora su competitividad internacional (al disminuir el diferencial del precio que pagan por la luz respecto con competidores de otros países como Francia o Alemania), "todo ello de conformidad con la normativa comunitaria".

"Es un instrumento de política industrial con el que el Gobierno mejora la competitividad de la gran industria y favorece la inversión" al dotar a las empresas, por primera vez, de un marco normativo que reconoce la condición de gran consumidor y pone a sus disposición a nuevos instrumentos que ofrecen mayor estabilidad, seguridad y certidumbre del precio de la energía, según la ministra del ramo, Reyes Maroto.

En total, beneficiará a 612 empresas de más de 60 actividades industriales, que suman unos 300.000 trabajadores, y, junto con las compensaciones por costes de emisiones indirectas de CO2 (dióxido de carbono) y el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas, "supondrá un nuevo marco legal al servicio de la gran industria".

Para optar a las ayudas previstas en el Estatuto, las empresas deberán asumir obligaciones y compromisos en eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, al tiempo que deberán mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años, a partir de la fecha de concesión de las ayudas.

Para obtener la condición de consumidor electrointensivo, el consumo anual deberá haber sido superior a 1 gigavatio hora (GWh) durante dos de los tres años anteriores y el consumo en las horas valle (las más baratas del día) representar, al menos, el 50 % del total.

El Ministerio de Industria será el encargado de certificar la condición de consumidor electrointensivo, que deberá ser solicitado la empresa, ha informado el departamento en un comunicado.

Entre los mecanismos para los costes energéticos, figura la compensación de hasta el 85 % de los costes que se repercuten en el precio de la luz por la financiación de las primas a las renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares (financiados al 50 % con cargo al recibo y a los Presupuestos de Estado)

Además, el Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), asumirá la cobertura de los riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a medio y largo plazo de consumidores electrointensivos, con el fin de fomentar la contratación bilateral a largo plazo (PPA, por sus siglas en inglés) del suministro.

En febrero de este año, antes de que la pandemia se desatara, se anunció el Estatuto Electrointensivo, que, según informó entonces el Gobierno, permitiría el ahorro de 90 millones para estas empresas sólo por bonificación del 85 % los cargos en su factura.

Sumados a las compensaciones por costes de CO2 (172 millones el pasado año), el apoyo a la industria electrointensiva superaría los 262 millones.

Desde Aspapel (Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) apoyan y aplauden la aprobación del estatuto, "que debe suponer un punto de inflexión y un primer instrumento de apoyo a la industria española tras el grave deterioro de nuestra economía provocado por el Covid-19. La figura del consumidor electrointensivo será decisiva en el reparto de los fondos europeos de reconstrucción, que se anuncian dirigidos a una serie de ecosistemas industriales y entre ellos el de las industrias intensivas en energía".

Pendiente de analizar el texto finalmente aprobado, Aspapel considera que las compensaciones que recoge el estatuto "no son la solución definitiva para la industria exportadora, ya que el diferencial de precios con los competidores europeos persiste; pero suponen al menos un punto de partida y un punto de inflexión en el apoyo a la industria".